Como varios de los temas impulsados por la 4T, la revocación de mandato ha generado polémica y dudas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo Federal de promover la aplicación de esta figura jurídico-democrática incorporada al texto de la Constitución en 2019, dándose al ser aprobada un plazo de 180 días para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria, sin la cual es imposible proceder a la realización de este ejercicio que, como se sugiere, debe ser una herramienta de democracia directa y frente a una evidente omisión legislativa, ahora el debate se ha centrado en una pregunta que parece tener sentido, más que en una consulta popular para revocar el mandato del Presidente AMLO, en una aprobación populista a priori de su gestión.
Desde el texto plasmado en el artículo 35 de la Constitución existen algunas inconsistencias que plantean la duda medular del tema político del momento: ¿es en realidad un ejercicio de revocación o de reafirmación de mandato? Ya que es bien sabido que la revocación de mandato se utiliza esencialmente cuando existe la presunción de que la mayoría del electorado ha perdido la confianza en el servidor público de que se trate, en este caso, del titular del Poder Ejecutivo Federal, como lo establece el artículo tercero transitorio de la reforma.
Bajo este supuesto, en este momento, la procedencia de la revocación de mandato no sería legal, porque no existe una presunción fundada de desconfianza mayoritaria, ni una solicitud expresa de los ciudadanos, como establece el artículo 35. Igualmente, la formulación democrática pierde sentido cuando, de ser revocado el mandatario, sería el Congreso de la Unión, actualmente dominado por el partido oficial, el encargado de designar a un nuevo Presidente y no así el llamado a una nueva elección popular. Da la impresión de que el diseño legislativo de esta ley fue hecho para satisfacer una necesidad de aprobación popular y no democrática.
Dada la naturaleza de la revocación, lo sensato es que las y los ciudadanos que desean que el Presidente dimita de su cargo sean los promoventes. De lo contrario, caeríamos en una contradicción constitucional pues no se plantea la reafirmación del mandato. Si así lo aprobaran los legisladores en la ley secundaria, que será discutida prioritariamente al inicio del próximo periodo ordinario, como lo ha dicho el Sen. Ricardo Monreal, se incurriría en una inconstitucionalidad.
Mientras que los dichos de AMLO refuerzan esta línea de reafirmación, insiste en criticar que la oposición no quiere que se consulte al pueblo “si quiere que se quede o no”, pues al refrendar la confianza del pueblo fortalecerá su mandato. En todo caso, los electores supuestamente inconformes, tendrían que señalar claramente cuáles son las acciones que justificarían la remoción del presidente.
El Congreso tendrá que aprobar a más tardar a inicios de octubre la legislación secundaria, para estar en tiempos constitucionales pues se establece que en noviembre debería iniciar la solicitud de firmas para que avance el proceso de revocación de mandato.
El asunto es jurídica y políticamente más complejo de lo que parece. Primero, porque Morena no pudo conseguir los votos para el periodo extraordinario que querían para sacar la ley en el mes de agosto. Segundo, porque el bloque opositor en la Cámara de Diputados (PRI, PAN, PRD y quizá MC), ya advirtió que no se legislará al vapor y que todas las iniciativas serán rigurosamente analizadas. Tercero, porque el mínimo de electores que se necesita para que proceda la consulta es el 3 % del padrón, es decir 2.8 millones de firmas con las que se pida la destitución del Presidente y luego que el 40 % (22 millones) se sumen a la revocación del mandato, lo que se antoja imposible.
Cabe recordar el rotundo fracaso que tuvo la recién pasada consulta popular (también cuestionada), para enjuiciar a los cinco expresidentes, en la cual apenas participó el 7.11 % del electorado (6,663,208), cuando se requería un mínimo de 37 millones de votos para que fuera vinculante el resultado.
Como lo sostiene el reconocido constitucionalista, Diego Valadés, lo que se pretende hacer nada tiene que ver con la institucionalidad democrática, sino con reforzar el personalismo.
Actualización
El Senado de la República pretende analizar y votar la ley secundaria en la primera sesión ordinaria de esta legislatura, convocada para el 2 de septiembre. Mientras que la flamante presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ha manifestado su conformidad con la redacción de la pregunta tal como fue aprobada en comisiones, la oposición ha reiterado que la pregunta no corresponde a un proceso de revocación por lo que pugna por modificarla. Por su parte, Ricardo Monreal ha reconocido que si la pregunta no se modifica será llevada al máximo Tribunal atrasando el proceso que AMLO tiene contemplado para el próximo año.
