El año 2023 comienza con el cambio en la presidencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dejó la presidencia el pasado 31 de diciembre, en su periodo impulsó una de las más importantes reformas al Poder Judicial, un ministro que, aunque fue propuesto por el expresidente Felipe Calderón, se vio cercano al proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
El sucesor o sucesora del ministro Zaldívar tendrá la encomienda no solo de dirigir al Tribunal Máximo del país en la impartición de justicia, también debe dar seguimiento al avance en el combate de los lastres del PJF como la corrupción y el nepotismo; de la misma manera tendrá que velar por la paridad e igualdad de género, cuestiones que fueron bandera de la pasada presidencia, pero que se han vuelto una exigencia ciudadana. Quizá entre los retos más grandes para las futuras presidencias del Máximo Tribunal es la apertura, así como la capacidad de diálogo y entendimiento social más allá de la agenda del presidente en turno.
“Quizá entre los retos más grandes para las futuras presidencias del Máximo Tribunal es la apertura, así como la capacidad de diálogo y entendimiento social más allá de la agenda del presidente en turno.”
Transparencia procesal
La transparencia dota de legitimidad el trabajo judicial, la publicidad de sentencias, el acceso a la información, la calidad de la información que se brinda, los medios por los cuales se difunde, la facilidad con la que se encuentre o se brinde, es un proceso que debería pulirse con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios, que la mayoría son abogados, y para la ciudadanía en su totalidad.
Aunada a eso, otros de los mayores pendientes son la transparencia procesal, la celeridad en la resolución de asuntos y el acotamiento de la arbitrariedad, al menos esos fueron puntos que destacaron especialistas, académicos, sociedad civil y ministros en el“Diálogo sobre la transparencia procesal de la Suprema Corte”.
A partir de los resultados del Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal[1] de México Evalúa, la organización destaca que existe la percepción de que los tiempos de resolución de los asuntos pueden ser distintos en función del peso político, mediático o económico de las partes en el asunto o interesadas. Según el reporte, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son las más dilatadas.
La ambigüedad en plazos, la falta de criterios claros para la toma de decisiones procesales, falta contemplar fases que existen en la práctica, falta de seguimiento de plazos, además de dilatar los tiempos de resolución, abonan a la opacidad y discrecionalidad en la normatividad, señala el reporte. Para acotar estas fallas, la organización concluyó que un “sistema de turno de asuntos objetivo, automático, inalterable y transparente”, así como el “diseño de un marco de actuación respecto a prácticas no formalizadas”, serían una forma de regular los plazos y fases procesales.
Aunque los ministros que participaron en el diálogo señalaron que la Corte sí tiene el registro completo de la ruta procesal. Por su parte, la ministra Norma Piña Hernández, explicó que los que llevan el control de los tiempos de resolución son el o la presidente de la Sala o del Pleno, además abogó por la justicia de calidad, no por la cantidad. Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que“la transparencia es una condición constitucional del servicio público” y que se deberían implementar auditorías.
Sin embargo, el ministro Luis María Aguilar, expresidente del PJF, refirió que en un proceso legislativo se debería introducir “una norma que obligue a que un asunto que ya está en la Secretaría General de Acuerdos se liste en un plazo determinado, y que no se quede en la Secretaría a ver cuándo el presidente decide listarlo”.
Para el ministro Javier Laynez Potisek la transparencia reduce “la asimetría de información entre los ciudadanos de a pie y operadores poderosos o la autoridad”, en su oportunidad sugirió homogeneizar los procesos de trabajo y los sistemas de gestión de expedientes en las diferentes Salas de la Corte.
En conclusión, los ministros, tres de ellos postulados a la presidencia de la SCJN y del CJF, apoyan la transparencia procesal para avanzar, tal como lo mencionó Hugo Concha, coordinador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en “mayor accesibilidad, en mayor eficiencia y, sobre todo, bajo la idea de una justicia abierta y cercana”.
Exigencia Legislativa
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda presentó, a inicios de noviembre del 2022, una solicitud de atención prioritaria a 10 asuntos en materia de militarización. “La Corte tiene 10 asuntos pendientes de resolución que versan sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vinculadas a la Guardia Nacional”, señaló en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Creel detalló que son cuatro controversias constitucionales, cinco acciones de inconstitucionalidad y un amparo en revisión, al promover la petición, el legislador hizo hincapié en que “debe terminarse la incertidumbre jurídica que hoy existe sobre las responsabilidades de las fuerzas del orden público”.
El diputado del PAN puntualizó que “es urgente y necesario y de interés público contar con una interpretación constitucional y convencional del máximo tribunal del país sobre estos delicados y relevantes asuntos que están estrechamente vinculados al combate de la violencia y la inseguridad que impera en el país”.
Derivado de la solicitud del panista, el Pleno de la SCJN, en sesión privada, “determinó substanciar y resolver de manera prioritaria” las impugnaciones a diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional de Registro de Detenciones; el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
“Con la recién aprobada reforma electoral se prevé que lleguen a la Corte acciones de inconstitucionalidad promovidos por la oposición y por el INE, a lo que también el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja ha pedido a la Corte dar celeridad a trámite una vez que sea publicada en el DOF y presentados los recursos de impugnación.”
Mientras que el Acuerdo que dispone de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública fue tachado de la lista porque ya fue validado el 29 de noviembre del año que acaba de terminar.
Con la recién aprobada reforma electoral se prevé que lleguen a la Corte acciones de inconstitucionalidad promovidos por la oposición y por el Instituto Nacional Electoral (INE), a lo que también el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja ha pedido a la Corte dar celeridad a trámite una vez que sea publicada en el DOF y presentados los recursos de impugnación.
Evolución a justicia abierta
Durante los dos últimos meses de Zaldívar al frente de la SCJN y del CJF, 40 organizaciones civiles, colectivos, defensores y especialistas exigieron transparencia y responsabilidad en el proceso de designación de la presidencia de la Suprema Corte. Las organizaciones enviaron una carta dirigida al ministro presidente en turno y a los 10 ministros para demandar que la sesión para elegir al sucesor fuera pública y se transmitiera en el canal del PJF.
En la carta, la sociedad civil solicitó al Pleno de la Corte:
- Que toda la sesión del pleno de la SCJN en la que se elija al nuevo presidente o presidenta sea pública y se transmita en el canal televisivo del Poder Judicial de la Federación.
- Que se abra un espacio durante la sesión para que la sociedad civil haga preguntas a los y las ministras aspirantes al cargo.
- Que las ministras y ministros interesados en ocupar la presidencia de la SCJN hagan públicas sus propuestas de planes de trabajo en un espacio abierto, en el que puedan recibir preguntas sobre el mismo.
“El o la ministra que resulte elegida por sus pares tiene un papel fundamental para garantizar la independencia de las personas magistradas de circuito y jueces de distrito, dado que se encarga de designar, promover, capacitar, vigilar y, en su caso, investigar y sancionarlas”, recalcaron.
Ya que el proceso de selección recae enteramente en los 11 ministros quienes de forma privada realizan una sesión en la que eligen, en este caso, entre los 5 que se postularon. El ministro o la ministra electa debe alcanzar una mayoría de al menos 6 votos, si en una primera ronda no se alcanza la mayoría requerida, se hace una segunda votación en la que solo participan los que alcanzaron más votos, este procedimiento se realiza hasta que uno alcance la mayoría de votos; quien resulte electo toma posesión y protesta inmediatamente y los siguientes cuatro años será el titular del Poder Judicial del país.
Los demandantes expresaron que, “el presidente o presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal es un actor clave del sistema de justicia, porque representa a la judicatura frente a otros poderes del Estado; en ese sentido, tiene una alta responsabilidad para la defensa de la independencia judicial y el principio de separación de poderes en un sistema democrático”. Por esa razón, indicaron, es necesaria “una Corte que realmente proteja nuestros derechos, que tome decisiones sin influencias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
No solo argumentaron lo importante de hacer transparente el proceso de selección a partir de este periodo. También hicieron “énfasis en seis puntos que valoramos trascendentales para fortalecer el papel de la SCJN y transitar hacia un Estado de Derecho pleno, en el que los derechos humanos sean el pilar base”, a saber:
- La independencia judicial.
- La política de equidad de género en el PJF.
- La política de transparencia.
- El combate al nepotismo y la corrupción al interior del PJF.
- La impartición de justicia con enfoque de derechos humanos.
- La transparencia procesal.
- La atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, “abrir” la elección en un futuro puede abonar a la confianza de la ciudadanía y beneficiarse de la legitimación que definitivamente da la transparencia y publicidad, así “y transitar hacia designaciones que construyan confianza y legitimidad”, como concluyeron las organizaciones, por supuesto, que garantice una justicia imparcial para los justiciables. No obstante, no hubo respuesta por parte del máximo órgano impartidor de justicia.
Un contrapeso real
Con el fantasma de la injerencia de poderes fácticos y políticos en las decisiones del Máximo Tribunal, uno de los retos más grandes del nuevo o nueva presidente es, justamente, cambiar la percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial en todos sus niveles, además de sostener con fuerza un escudo contra los ataques que parecieran ser más una forma de presión, y no del todo positiva, del actual gobierno de la República, por supuesto, blindarlo de cualquier otra administración venidera.
“Uno de los retos más grandes del nuevo o nueva presidente es cambiar la percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial en todos sus niveles, además de sostener con fuerza un escudo contra los ataques que parecieran ser más una forma de presión del actual gobierno.”
Como se ha visto en estos cuatro años de la administración obradorista, el Poder judicial se ha visto en diferentes ocasiones duramente atacado por el presidente de la República, incluso ha llegado a decir que se equivocó con los ministros que él propuso (Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz Ahlf) al no ser “fieles” a su proceso de transformación, desde su óptica.
Así, durante la primera discusión acerca de la prisión preventiva oficiosa cuando el Presidente señaló: “me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya hombres y mujeres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”, en una idea contradictoria primero al criticar la postura de los ministros que van contra sus ideas y después al inferir que los jueces deben ser independientes e imparciales.
También ha señalado que los ministros están cooptados por los intereses fácticos, ha hecho señalamientos contra jueces que han detenido decretos o leyes, mientras que Barras, Colegios y Asociaciones de abogados, incluso organizaciones sociales nacionales e internacionales, han pedido al Ejecutivo cesar los ataques que minan la legitimidad de las decisiones de los impartidores de justicia. Incluso pidieron a Zaldívar pronunciarse contra estos dichos.
AMLO ha declarado que espera que el próximo presidente o presidenta de la Corte sea “una persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos”.
“La independencia y autonomía más que nunca se vuelven el remedio no solo para limpiar la imagen de los impartidores de justicia, sino para consolidarse como un verdadero contrapeso contra posibles abusos de los otros dos Poderes de la Unión.”
Se debe recordar que las decisiones del Pleno de la SCJN son relevantes al ser de interés social, por esa razón, la independencia y autonomía más que nunca se vuelven el remedio no solo para limpiar la imagen de los impartidores de justicia, sino para consolidarse como un verdadero contrapeso contra posibles abusos de los otros dos Poderes de la Unión para garantizar el Estado Democrático de Derecho, que sirva realmente a los justiciables y no a intereses económicos ni políticos, demostrando, así, la verdadera voluntad de cambio. Además, la imparcialidad, incluso de las convicciones e ideologías personales de los integrantes del Pleno de la SCJN, debería ser piedra fundamental en sus fallos pues permearán en las decisiones de magistrados, jueces y repercutirá de manera importante en la sociedad mexicana.
Configuración de la SCJN
En la actual configuración de la SCJN se encuentran los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, propuestos por AMLO, antes de que termine su periodo le tocará proponer a dos más que sustituirán a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a Luis María Aguilar Morales.
Mientras que Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán fueron nombrados en el periodo calderonista. Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández se les impuso la toga en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De no priorizar la independencia y autonomía, podría generar un desequilibrio en la configuración del Pleno, pues la mayoría de los ministros podrían inclinarse a favor del régimen, el cual, aunque ya está en su ocaso, no se deben subestimarse las altas probabilidades de que otro u otra morenista lo continúe, teniendo en cuenta que para invalidar o validar un texto constitucional se requieren 8 de los 11 votos.
“De no priorizar la independencia y autonomía, podría generar un desequilibrio en la configuración del Pleno, pues la mayoría de los ministros podrían inclinarse a favor del régimen.”
Además, de 11 ministros solo 4 son mujeres, lo que se esperaría, incluso en voz de las mismas ministras, es que en las próximas ternas se priorice la propuesta de mujeres para alcanzar la paridad de género que ha sido también uno de los objetivos que se impulsaron en la más reciente reforma judicial.
Básicamente, los proyectos de los cinco ministros que se postularon a la presidencia coinciden en fortalecer la independencia y autonomía, seguir impulsando la política de paridad de género e inclusión, transparencia, combate al nepotismo y corrupción, enfoque en derechos humanos y poblaciones vulnerables, y transparencia procesal.
No puede haber retroceso
Independientemente de los retos y temas jurisdiccionales relevantes a los que tendrá que dar prioridad y celeridad, la nueva presidencia tendrá el precedente de uno de los ministros más activos en los medios y redes sociales, que, aunque levantó críticas su forma de acercarse a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, generó empatía entre muchos y si bien su presidencia no estuvo exenta de polémicas, será una de las más recordadas pues hizo un poco más terrenal el papel de los jueces constitucionales. Quizá uno de los retos más grandes, no sólo de la nueva administración, sino de aquí en adelante, será consolidar una justicia humana y más cercana a la ciudadanía.
“Otro pendiente es hacer más sencillo el uso del lenguaje en sentencias, utilizar lenguajes incluyentes para que personas con alguna discapacidad puedan acceder a la información.”
Otro tema que ha sido poco valorado es la forma de comunicar. Si bien la publicidad de las sentencias es un gran avance en la transparencia judicial, otro pendiente es hacer más sencillo el uso del lenguaje en las mismas, utilizar lenguajes incluyentes para que personas con alguna discapacidad puedan acceder a la información.
Todos los justiciables deberíamos entender las resoluciones de la SCJN y sus alcances, no se diga los fallos de los jueces y magistrados. La interpretación de la ley corresponde a los abogados, eso es indudable, pero comprender que la comunicación efectiva es también un mecanismo que puede acercar a la ciudadanía a la justicia, a saber exigirla, tener más conciencia del quehacer de los impartidores de justicia, son acciones hacia la inclusión y al derecho al acceso efectivo a la justicia de todos y todas las mexicanas.
Por todo lo anterior, con la exigencia de la sociedad civil para hacer transparente a la institución, con una ciudadanía más consciente, un gobierno con evidente fuerza de presión, la SCJN debe tener más que nunca el compromiso transformador más allá de los discursos, mejor administración y aplicación de la justicia, más abierta, continuar su acercamiento a la gente, sobre todo acentuar y garantizar su independencia en los fallos en temas de interés público.
Al cierre de esta edición aún no se elegía presidente, sin embargo, para estos momentos estaremos a horas de saber si la paridad e igualdad de género en el Poder Judicial de la Federación dio un paso contundente o se resistió a dejar en manos de una mujer, la que sería la primera en 200 años de historia la primera Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese caso tendríamos que esperar cuatro años más para tener una nueva oportunidad de hacer historia, aunque ya sea hora.
[1] México Evalúa. Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/observatorio-de-la-suprema-corte/
