Dentro de las propuestas de reforma al marco legal nacional, impulsadas desde la campaña electoral por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destaca una andanada de cambios en leyes, reglamentos, decretos o cuerdos para ajustar -en principio- la estructura administrativa del gobierno Federal al denominado Plan de Austeridad Republicana.
Estas medidas adoptadas por el Presidente, han generado una estela de señalamientos, quejas o inconformidades, especialmente por las altas élites de la burocracia que aún se encuentran incrustadas en algunas estructuras del Estado como, por ejemplo, la del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etc.), cuyos servidores han llegado al extremo -lamentable- de realizar manifestaciones mediáticas en contra de las políticas de austeridad impulsadas por el Presidente López Obrador y auspiciadas por el Congreso de la Unión a través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Sin embargo, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se toma su tiempo para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la citada ley. Ahora se presenta el estira y afloja en el terreno político por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Luego de que el Presidente mandó al Congreso General el paquete económico que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, toca el turno a los legisladores federales decidir sobre el monto y la dirección que habrán de tomar los más de 5 billones de pesos que se proponen gastar en todas las actividades de Estado mexicano.
En este sentido, el trabajo de los legisladores deberá obedecer a uno de los elementos fundamentales del Estado Democrático, la representatividad de más de 120 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, las y los legisladores deberán asumir con toda puntualidad, la responsabilidad de velar por el interés ciudadano, como el objeto central en la determinación del Presupuesto de Egresos 2019.
El examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una de las tareas del Congreso General y, particularmente, de cada una de las y los legisladores de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma que, el reto es mayor, puesto que el destino de los recursos públicos, es un acto que no concluye con su direccionamiento sino con su aplicación y evaluación.
Sin embargo, quizá sería importante considerar que los efectos de la decisión que tomen ahora los legisladores (diputados), respecto del monto y destino de los recursos públicos, sin duda se verán reflejados desde el inicio de su aprobación, cuando ciertos o determinados sectores como el educativo y el de la salud, se vean afectados por decrementos en su presupuesto (como se propone), mientras que otros, como el del Poder Judicial Federal, seguirán manteniendo un sistema de sueldos y privilegios excesivos injustificados.
Es imperativo que, en esta búsqueda por la reformulación del Estado, en la idea del Presidente de México, llamada Cuarta Transformación, las y los diputados del Congreso de la Unión, sean conscientes de la enorme responsabilidad ética y social que tienen ahora -como punta de lanza- en la nueva política de austeridad republicana. Puesto que la austeridad, no significa reducir gastos en materias fundamentales para el desarrollo nacional como la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, entre otros. La austeridad demanda el análisis razonado y determinante para acabar con el dispendio de recursos públicos, y sistemas de privilegios como el antes citado de la Suprema Corte.
El reto de las y los diputados, es recuperar la confianza social en las instituciones del Estado. Deberán recordar los legisladores, que el mandato otorgado a través de las elecciones es, entre otros, acabar con la corrupción, la inseguridad y la impunidad, etcétera, pero, sobre todo, en el terreno de las necesidades, generar condiciones básicas para alcanzar oportunidades reales de desarrollo con certeza, equidad, seguridad y transparencia.
Hemos señalado en otros espacios, que el fortalecimiento de las instituciones del Estado, se dará siempre que se logre la confianza social, pero esta solo será posible siempre que se cumpla con tres elementos fundamentales:
- La participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos de la Nación;
- El efectivo respeto al derecho a la información y a la transparencia para la ciudadanía, y
- La vigilancia participativa de la sociedad como una herramienta clave para impulsar el desempeño ético y apegado a derecho de las funciones de los legisladores, que incorpore mecanismos disciplinarios simples y eficaces.
