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Regreso a Clases entre Amparos y “Áreas de Oportunidad”

En la Opinión de

“El gobierno federal realizó los nuevos libros de texto sin transparentar los procedimientos que la Ley General de Educación establece para el proceso de su elaboración, sin ajustarse a los planes y programas de estudio, y sin tomar la opinión indispensable de la Asociación de Padres de Familia.”

Uno de los temas que ocupó la agenda nacional en el mes de agosto fue, sin duda, el de la elaboración, distribución y eventual uso de los nuevos libros de texto gratuitos para el nivel básico elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo de la maestra Leticia Ramírez Amaya, libros que, a pesar de las múltiples críticas respecto al contenido en donde se han resaltado diversos errores o, como dijo Marx Arriaga, “áreas de oportunidad”, y no obstante las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial de la Federación, los textos fueron distribuidos por la SEP en la mayoría de las Entidades Federativas y el pasado 28 de agosto se iniciaron las actividades escolares con ellos.  

Cuando creíamos que la educación en nuestro país podría normalizarse después de casi tres años de pandemia que dejó a toda una generación de estudiantes con grados de conocimientos muy cuestionados debido a las ineficaces clases en línea impartidas por la Secretaría de Educación, que fueron niveladas con el esfuerzo de los profesores que, desde sus hogares y con recursos limitados, impartían sus clases con el propósito de que sus alumnos obtuvieran el mayor aprovechamiento dentro de la llamada Nueva Normalidad, aunado al rezago y la alta deserción estudiantil en los ciclos escolares del 2020 al 2022, según reportes del INEA. Ahora, el Gobierno Federal a través de la SEP, en una ocurrencia de fin de sexenio, elaboraron nuevos libros de texto con metodologías e ideologías que, a decir de especialistas, ponen en riesgo el aprovechamiento y adecuada preparación de los estudiantes de nivel básico en el país.  

El gobierno federal realizó los nuevos libros de texto sin transparentar los procedimientos que la Ley General de Educación establece para el proceso de su elaboración, sin ajustarse a los planes y programas de estudio, y sin tomar la opinión indispensable de la Asociación de Padres de Familia, lo que dio origen a que la sociedad civil y varios políticos alzaran la voz para cuestionar la idoneidad de los citados textos. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el sello de la casa, reservó la información al respecto por los próximos cinco años, con la finalidad de evitar más cuestionamientos y la sociedad civil no tuvieran acceso a los procedimientos para su elaboración.  Sin embargo, el gobierno no pudo evitar la filtración del contenido de los libros de texto y la cascada de críticas respecto de la aparente dogmática filosófica, reducción de estudio de las matemáticas, ciencias naturales, formación cívica y ética, entre otros.

Esto trajo como consecuencia diversas acciones legales promovidas tanto por la Asociación de Padres de Familia como por entidades federativas buscando una medida cautelar para evitar la distribución y eventual uso de los nuevos libros, en defensa de los derechos educativos de la niñez. Es de destacarse que las críticas a los libros de texto incluso llegaron de personajes del partido oficial, pues la diputada Adela Ramos realizó diversas manifestaciones exigiendo la revisión a fondo de los cuestionados textos.

La SEP, después de evadir la suspensión del juicio de amparo 784/2023, sin dar cumplimiento al requerimiento del Juzgador para que dentro de 24 horas suspendiera la distribución de los libros de texto y acreditara haber dado cumplimiento a los requisitos legales para la elaboración y distribución, entregó los libros de texto en casi todas las entidades federativas, sin tomar en cuenta a los padres de familia, ni los consejos técnicos escolares y sin darse a conocer los programas sintéticos y pedagógicos. Posteriormente fue demandada a través de dos Controversias Constitucionales promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los gobiernos de los Estados de Chihuahua y Coahuila, mismas que fueron admitidas a trámite por el Ministro Luis María Aguilar Morales, concediendo a las promoventes la suspensión de la distribución de los libros de texto.

Días después, los padres de familia del Estado de México promovieron un juicio de amparo en contra de la SEP y se les concedió también una suspensión para efecto de que los libros de texto no fueran distribuidos entre los estudiantes de dicha entidad. Por lo que ya son tres las entidades federativas que cuentan oficialmente con medidas cautelares que impiden que los libros escolares sean distribuidos entre los estudiantes de sus demarcaciones. Aunado a lo anterior, los gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, han expresado su postura para suspender la repartición de los libros hasta en tanto sean resueltas las controversias legales que existen al respecto. De ese modo, son nueve entidades federativas que el pasado 28 de agosto iniciaron clases sin el actual e importante material de apoyo.

La situación incluso dio lugar a burlas por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, diciendo que las entidades federativas disidentes elaboren e impriman sus propios libros de texto, no obstante, reconoció que estaban jurídicamente impedidos, y para rematar sus aseveraciones culpó al Poder Judicial de la Federación y a lo que él llama “grupo conservador”, atizando que será gracias a ellos que los niños comenzaran sus actividades del ciclo escolar sin los materiales adecuados para su desarrollo educativo.

“Este sonado caso de la vida pública del país ha dejado nuevamente al descubierto la ligereza con la cual algunos funcionarios de la Cuarta Transformación asumen las responsabilidades más importantes del país, como la seguridad, la salud y la educación.”

Este sonado caso de la vida pública del país ha dejado nuevamente al descubierto la ligereza con la cual algunos funcionarios de la Cuarta Transformación asumen las responsabilidades más importantes del país, como la seguridad, la salud y la educación. Funcionarios que han aprendido y repetido el discurso, excusa, de echarle la culpa de todos sus errores a las administraciones anteriores, así como tratar a toda costa de evadir la aplicación de la ley, con argumentos infantiles o pretextos de que no han sido notificados legalmente de las sentencias de las autoridades judiciales, cuando dichas resoluciones de suspensión son hechos notorios para todo el gobierno y la sociedad mexicana.

Bajo estas circunstancias, 24.4 millones de niños que cursan la educación básica comenzaron el ciclo escolar 2023-2024, casi la cuarta parte no tuvieron libros de texto para iniciar sus actividades, llamando la ciudadanía a las generaciones anteriores a reciclar los libros de texto del ciclo pasado y donarlos para que ésta nueva generación de infantes tenga el material de apoyo. Por su parte, la mayoría de los educandos, si bien con nuevos libros de texto, fueron capacitados superficialmente ocho días antes del inicio del curso y otros no alcanzaron a tener esa precaria preparación; con la incertidumbre de los padres de familia respecto de la educación de sus hijos y con procedimientos judiciales que podrían modificar la enseñanza en el país a medio ciclo escolar.

Este suceso, evidentemente, acentuará la ya de por sí marcada diferencia entre la educación básica pública y la privada, pues, mientras los profesores de escuelas públicas están desinformados, sin una clara metodología del aprendizaje que emplearán para implementar “la nueva escuela mexicana”, los docentes de las escuelas privadas continuarán con sus planes de estudios y materiales personalizados, por lo que resulta muy cuestionable el actuar del gobierno federal a través de la Secretaria de Educación Pública que, a todas luces, dejará en desventaja educativa y profesional a la niñez con menos recursos económicos que son la mayoría en México. Vaya incentivo de inicio de curso que el gobierno brindó a la niñez mexicana que mayormente no entiende de conflictos políticos, suspensiones legales, ni ocurrencias ideológicas, sino que aspiran a una formación académica de calidad que les permita en un futuro afrontar con mayores elementos el México que les espera.

“Este suceso, evidentemente, acentuará la ya de por sí marcada diferencia entre la educación básica pública y la privada, pues, mientras los profesores de escuelas públicas están desinformados, sin una clara metodología del aprendizaje que emplearán para implementar ‘la nueva escuela mexicana’, los docentes de las escuelas privadas continuarán con sus planes de estudios y materiales personalizados, por lo que resulta muy cuestionable el actuar del gobierno federal a través de la Secretaria de Educación Pública.”

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