Por las razones y causas que usted quiera, se percibe públicamente un desencuentro entre el nuevo Ejecutivo nacional y el Poder Judicial Federal, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este desencuentro que ha ocupado a buena parte de las plumas jurídicas y políticas nacionales, se ha convertido en la oportunidad para discutir sobre las garantías judiciales, hablar de independencia y de los sueldos en la judicatura, entre otros temas.
En muy poco tiempo hemos visto la aprobación de una ley de salarios máximos, la interposición de una acción de inconstitucionalidad en su contra, declaraciones de legisladores y políticos con un inusual tono crítico hacia la Suprema Corte, y el posicionamiento de los jueces federales reclamando respeto a su labor. Todo esto es, en forma y fondo, nuevo.
Quiero proponer aquí una posible interpretación de todo lo que está pasando, una lectura que se sume a otras que se han expuesto; parto de considerar dos elementos: el primero, que la relación entre poderes es potencialmente conflictiva porque involucra a la vez aspectos jurídicos y políticos; el segundo, que todo esto puede verse desde el análisis propio de la negociación, como método de solución de conflictos.
Atendiendo al primer elemento, la Corte se ha convertido en un espacio para discutir grandes temas nacionales que dividen a la población, básteme citar el caso del uso lúdico de la marihuana o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto la ha posicionado, en su función de tribunal de constitucionalidad, como un actor político de primer orden con una mayor presencia social, lo que desde luego multiplica las voces tanto críticas como que la apoyan. Sus decisiones se basan en el derecho a la vez que no pueden evitar (ni deben ignorar) efectos políticos.
Por su parte el nuevo Ejecutivo ha llegado al cargo prometiendo un cambio de régimen, no de gobierno, haciendo de la austeridad una directriz fundamental en su gestión. Cuenta además con una sólida mayoría parlamentaria.
En cuanto al segundo elemento, una negociación suele iniciar con las partes fijando de forma firme y clara sus posiciones, esto es, lo que le dejan ver al contrario que pretenden obtener. Pero no debe confundirse con las necesidades, que no es lo que se pretende obtener sino lo mínimo que se debe obtener; las posiciones siempre son evidentes, las necesidades suelen ser ocultas.
Fijadas las posiciones, se debe precisar el objeto del conflicto, de manera que pueda desembarazarse el asunto de todo lo que no se relacione con aquel. En este punto es cuando idealmente pueden empezar a surgir las necesidades reales de las partes, e idealmente se formulen propuestas de arreglo a partir de lo que se puede ofrecer al otro y lo que se espera recibir. Precisión del objeto de discrepancia y construcción de propuestas se realizan cara a cara, o por medio de representantes.
Dentro de todo conflicto, junto con las partes, está el público de cada una, en el caso seríamos todos a quienes nos interesan las cuestiones políticas o el funcionamiento de los tribunales; como parte del mismo realizamos una función similar a la del coro en las antiguas obras de teatro, apoyando con nuestras expresiones a la parte con que coincidimos. En tanto público somos importantes, porque la calidad y cantidad de nuestras opiniones permite medir el apoyo o la censura que cada contendiente provoca.
Siguiendo las ideas brevemente esbozadas, cabría la posibilidad de suponer que todo lo que estamos presenciando sea la toma de posiciones inicial, que cada parte realiza para medir su fuerza y apoyo, mientras aprecia la contundencia de la contraria. Pero a menos que la idea sea la supresión total de uno por el avasallamiento del otro, es de esperarse que empiece la etapa de la negociación en que se muestren las necesidades reales y se busquen soluciones jurídicamente posibles y políticamente adecuadas para todos los contendientes.
No me extrañaría que esto ya esté sucediendo. Algunas declaraciones de los involucrados hacen pensar en que puede ser así, y si bien otras parecen subir la temperatura, valdría la pena medir el peso real de sus autores en el ánimo de quienes realmente decidirán; tampoco sería raro que alguna persona o grupo realice ya esa antigua función conocida como “buenos oficios” y el conflicto encuentre una salida que permita al Presidente, así como al Poder Judicial Federal, satisfacer sus necesidades y fijar las reglas de convivencia a futuro.
