El pasado 31 de julio del año en curso, tras un nuevo debate en torno al tema de la subcontratación, surge un nuevo acuerdo, el cual desde la óptica de esta autoría era imprescindible y necesaria debido a un sin número de obstáculos que se le presentaban al sector privado para llevar a cabo el debido cumplimiento de lo ordenado en decreto oficial del 23 de abril de este año.
No obstante lo anterior, nuestros legisladores dejan pasar nuevamente la oportunidad de perfeccionar el decreto ya que la extensión otorgada, si bien representa una bocanada de oxígeno para el sector empresarial, tristemente auguramos que va a resultar nuevamente insuficiente.
La legislatura contaba con dos propuestas sobre la mesa, una que encontraba su origen en la bancada morenista y que era liderada por el Senador Ricardo Monreal, misma que en términos simples, buscaba compactar algunos artículos transitorios del mencionado decreto, especialmente haciendo hincapié en una prórroga para su cumplimiento al primero de septiembre del año en curso. La otra propuesta, nacía de la bancada panista, liderada por la senadora Kenia López Rabadán, misma que en estricto sentido coincidía en esencia con el espíritu de la primera, sin embargo, la diferencia medular radicaba en la propuesta de extender la prórroga hasta el primero de enero del año próximo, con lo que se equiparaba en fechas al término otorgado al sector público, ya que este cuenta con el resto del año para dar cumplimiento especialmente a la macro migración de personal de un patrón a otro.
Resultaba lógico imaginar que en una intención legislativa de equiparar los términos de aplicación entre un sector y otro estos se unificaran y el empresarial en vez de tener una simple bocanada de aire, tuviera un verdadero término justo y prudente que le permita dar cumplimiento a las nuevas disposiciones, especialmente si consideramos que la página del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) presentó fallas desde el primer día y esto se evidencia cuando a unos días de la anterior fecha límite (24 de julio de 2021) ni siquiera el treinta por ciento del universo estimado de subcontratistas habían logrado obtener el dichoso registro, cuando supuestamente es el sector privado el que más utiliza la figura.
Si a todo lo anterior, sumamos el hecho de que la pandemia ha entorpecido trámites dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el mismo IMSS, la incertidumbre de inversión desde los ojos extranjeros y un sinfín de etcéteras, resulta anticipable imaginar que la extensión otorgada se quedará nuevamente corta y en el mejor de los casos sea nuevamente revisable, ya que de lo contrario este esfuerzo legislativo quedara como uno estéril, que tuvo la oportunidad de homologar criterios y dotar nuevamente de certidumbre al sector empresarial y la desaprovechó.
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