Como parte del proceso de revisión a la normatividad electoral, un tema pendiente en la agenda legislativa es el relativo a la propaganda electoral, contemplada la misma en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Durante las pasadas elecciones federales de 2018, las y los mexicanos fuimos testigos -y quizá víctimas directas- de un ambiente electoral con un altísimo grado de violencia verbal, particularmente a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales, integrada dicha violencia electoral de tres elementos, los cuales son los siguientes:
1) Se presenta durante el proceso electoral;
2) Referida al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, y
3) Tiene el propósito de persuadir al electorado mediante un lenguaje violento, expresiones de descalificación y de burla, todas éstas relacionadas con las y los adversarios políticos.
Es cierto que la legislación electoral requiere de una revisión meticulosa que, como cada periodo intraprocesal electoral, se aprovecha la experiencia emergida a partir de las elecciones pasadas -en este caso- de 2018, ello para fortalecer nuestro sistema político – electoral. Sin embargo, consideramos que el perfeccionamiento del marco normativo debe partir de fórmulas que garanticen -de primera mano- el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, significa anteponer el respeto y el cumplimiento de los derechos fundamentales para todos, tanto para las y los ciudadanos electores como para las y los ciudadanos que ejercen su derecho político a ser votados, es una regla básica hacia el inicio de cualquier debate con propósitos reformadores.
Durante el proceso electoral federal de 2018, fuimos testigos de una violencia atroz y escandalosa a través de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales, que indignaron a millones de personas y que, después de eso, nada pasó, las y los responsables de la violencia desaparecieron o simplemente no se investigó por infinidad de razones.
México es un país de libertades; sin embargo, todas y todos estamos obligados a ser respetuosos del Estado constitucional, democrático y de derecho, y no sólo las instituciones públicas. Los ciudadanos debemos ser los primeros vigilantes de la actividad del Estado y sus instituciones, y también dar muestra de madurez democrática, lo que implica comportamientos respetuosos de las diferencias ideológicas o preferencias electorales.
De esa madurez que nos hace moral y jurídicamente responsables de nuestros actos en contra o en favor de la democracia y en la que la violencia -en cualquiera de sus formas- debe ser totalmente rechazada y desterrada. La condena política y social que se hace contra la violencia verbal, que surge a través de los medios de comunicación y redes sociales, ha pasado a formar parte de una peligrosa y grave “normalidad” que en nada beneficia a los procesos electorales.
Las reformas venideras en la materia deberán preparar el camino hacia procesos electorales vacunados contra todo tipo de expresiones que incitan a la violencia so pretexto del ejercicio de una libertad de expresión y/o de comunicación.
Las instituciones públicas y privadas y, particularmente, las electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, tienen la responsabilidad de asumir el papel de reales y verdaderos árbitros electorales desde sus respectivas competencias y atribuciones, de manera tal que no es aceptable cualquier titubeo o regateo en la determinación de sanciones administrativas y/o penales.
La sociedad, por otro lado, tiene el derecho al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación; sin embargo, también tiene el deber de abstenerse de realizar expresiones que inviten o inciten al odio, la violencia, la intolerancia, la humillación y cualquier otro acto que tienda a atacar o provocar un daño a la integridad y seguridad de las personas, sean candidatos, actores políticos, autoridades o cualquier otra persona.
Una mirada al régimen de responsabilidades, de nosotros los ciudadanos, merece la pena el esfuerzo por revisarlo. No se trata de coartar el ejercicio de las libertades de expresión y comunicación, ni mucho menos, antes bien, se trata de encontrar los mecanismos institucionales que promuevan la cultura de la legalidad y la concordia, a fin de evitar la violencia electoral.
Debemos abonar a nuestra democracia y exigir mayores y mejores resultados en la materia a las y los candidatos, así como a los partidos políticos, poner el ejemplo de civilidad democrática, del rechazo y condena a cualquier forma de violencia. México requiere que su gente viva con agrado la fiesta democrática de las elecciones y con unidad nacional, no a través de la radicalización de conductas e ideas de personas o grupos políticos.
La propaganda electoral no es algo referente sólo a las instituciones, los partidos políticos y los candidatos, es una actividad que compete también a las y los ciudadanos, de ahí la importancia de ejercer los derechos a la libertad de expresión y comunicación con responsabilidad. Persuadir al electorado para que vote por ciertas candidatas o candidatos, no es -desde luego- una conducta por si misma que merezca ser sancionada, siempre que esa persuasión no se valga de la violencia como método para promover actitudes o conductas que atenten contra la dignidad e integridad de otros.
La cultura democrática debe ser promovida desde todos los espacios y en todos los momentos y siempre anteponiendo el respeto a las libertades como una base sólida de toda expresión. Incentivar el debate público y respetuoso de ideas, proyectos, propuestas y soluciones a los grandes males que enfrenta nuestro país debe ser la piedra angular para mantener el Estado constitucional, democrático y de derecho en el que vivimos.
