La política criminal consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado tendientes a controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales, lo cual debe existir voluntad política a través de las instituciones y llevar a cabo programas de prevención del delito y acciones de campo para conocer los fenómenos delictivos y atender el origen y las causas con el objeto de erradicar y así evitar que ciertos delitos aumenten.
Sin embargo, el fin esencial de la política criminal debe ser la búsqueda de la extinción de la criminalidad pero es una utopía, porque lo mas que se puede hacer es disminuir los índices de violencia y delincuencia porque el delito existe y ha existido y existirá porque es consustancial al ser humano, pero no es lo mismo un índice disminuido a altos índices de criminalidad.
Es una labor del estado la prevención del delito para hacer frente a la criminalidad que aqueja a la sociedad, y por desgracia se a privilegiado la represión, y por tal motivo el Estado no a tomado su responsabilidad ni sus operadores y agentes.
Sin duda alguna la política criminal va apegado con el derecho penal (tiene por objeto establecer las conductas prohibidas u ordenadas por la sociedad a través del legislador y la ley para conservar el orden social como control social formal) y la criminología estudia al delincuente y cómo se desarrolla el fenómeno delictivo en la sociedad, por tal motivo dicha política se abastece de investigaciones y estudios de la familia, sociedad y delincuente con programas preventivos tendentes de la proliferación de ciertos delitos.
El control social formal le corresponde al sistema de justicia penal y el contrato informal le compete a la sociedad, como por ejemplo el deporte, cultura, recreación, salud entre otros son parte del bienestar social. Indudablemente un pueblo que vive en una crisis económica es generadora de una causa directa del aumento de la delincuencia.
Lamentablemente en México el nivel preventivo es pésimo ya que en el ámbito de aplicación en el ámbito judicial se cree que llenando las cárceles de ciudadanos con eso se atacara la delincuencia y es incorrecto. Al igual en el poder legislativo piensan que el aumentando las penas a las comisiones delictivas y a las conductas cree que es las solución es un grave error. Y en el poder ejecutivo se piensa que llenando cárceles piensan que se acabara la delincuencia y es un grave error.
Por desgracia parece que el derecho penal parece que tiene una dedicatoria y se aplica solo para los pobres, ya que la gente pudiente y rica no pisan las prisiones y es una cruda realidad, donde en teoría nadie puede gozar de impunidad.
Un programa de política criminal debe llevarse a cabo conforme a los fenómenos y hechos delictivos que surgen en sociedad, analizando todos los factores en el campo de la realidad social. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad en cuanto a investigar y aprovechar lo que las ciencias le ponen a su disposición.
Es necesario y urgente que en México se debe contar con un programa de política nacional criminal porque solo se cuenta con un programa nacional de seguridad pública pero solo se habla balas, cascos, patrullas, armas pero a la prevención no se le toma importancia como debiera estar, ya que es mejor prevenir que reprimir ya que las armas en las calles no disminuye la violencia.
Por tal motivo el derecho penal no es la solución ya que no contribuye a solucionar los altos índices delictivos en cuanto al grave problema de la delincuencia, pero lo que se requiere es que haya una política criminal democrática, efectiva, audaz y responsable ya que eso se requiere en el país.
La política criminal sirve para hacer una revisión critica de los sistemas de enjuiciamiento criminal de orden democrático y garantista con estricto apego a derechos humanos, debido proceso y dignidad humana, e investigar los fenómenos del delito basado en la criminología, criminalística, sociología, trabajo social y antropología, y establecer nuevos tipos penales (descripción de una conducta prohibida) basado en el poder legislativo, aplicar una justicia democrática de acuerdo con el poder judicial con apego al respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales.
El Estado debe desarrollar estrategias para atender y atacar los altos índices delictivos que aquejan a la nación y sociedad, a través y mediante directrices de política criminal de acuerdo a los fenómenos y causas con el objeto de prevenir, enfrentar y controlar la criminalidad.
Saludos cordiales estimado lector.
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