El día once de este mes, fue dado a conocer un anuncio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual informaba que ante el crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 y su variante “Ómicron” se lanzaba nuevamente (oficialmente es la tercera versión) el “Permiso COVID-19”, mismo que puede ser solicitado desde mecanismos electrónicos como la página web del Instituto y su aplicación móvil, (la intención es que el derechohabiente no se tenga que trasladar a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y así evitar aglomeraciones. Incluso, dentro de los requisitos de otorgamiento no se contempla como un sine qua non, cualquier medio de cercioramiento con el que se acredite se está contagiado (no es condicionante demostrar un resultado positivo), incluso el Director del Instituto dijo que: “se abogaba a la buena fe de la persona trabajadora o trabajador”, como tratando de disminuir la posibilidad de un abuso en la figura, miso que ya se dio, prueba de ello es que solamente al día siguiente de anunciado el relanzamiento, ya se habían acumulado ciento noventa y tres mil permisos otorgados bajo esta modalidad desde el inicio de la pandemia y considerando las anteriores versiones del permiso. Al día 22 de enero de 2022 se hablaba de más de 600,000 incapacidades otorgadas.
Desde el anuncio del relanzamiento, existieron diversas quejas de muchos sectores obreros, acusando que los patrones no estaban aceptando el permiso enviado de forma electrónica y por ende no considerarían las ausencias como justificadas. Esta autoría, con el debido respeto, se permite dudar de la veracidad de esas acusaciones, ya que desde el momento que fue anunciado el relanzamiento, se advirtió a todos nuestros clientes que no dejaran de otorgar el permiso, que en todo caso, verificaran que sí fuera emitido por el instituto, pero que bajo ninguna circunstancia consideraran las ausencias como injustificadas y que mucho menos solicitaran asistir al trabajador (a) al centro laboral, ya que se le debía dar el tratamiento de una incapacidad ordinaria, considerando que la desobediencia patronal implicaba múltiples consecuencias jurídicas. Tal es el caso que, dos días después del anuncio del permiso COVID-19 3.0, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con el IMSS, publicaban un video a través de sus redes sociales donde advertían al sector patronal que llevarían a cabo una estrategia conjunta para asegurarse que los permisos si estuvieran concediéndose en los centros de trabajo, léase; inspecciones. Insistimos nuevamente en que ponemos en tela de duda la existencia de dichas “quejas”, toda vez que el consejo general de los asesores de empresas ha sido ese; conceder el permiso.
Bajo este escenario, hoy tenemos que el ausentismo se ha disparado, ¡estamos hablando de seiscientas mil incapacidades!, mismas que se han dado bajo una tesitura de “buena fe”, a falta de una certeza jurídica y sin una valoración médica, las cuales impactan directamente en las finanzas del IMSS (sí, no nos olvidamos de que uno de los datos requeridos en la solicitud del permiso es la CLABE interbancaria), por que ¡ojo!, reiteramos que una prueba de resultado positivo no es condicionante para el otorgamiento de la incapacidad y se ha advertido durante toda la semana pasada que el patrón no debe exigirla como complemento al permiso y máxime de ello, en todo caso, deberá absorber el costo de las pruebas. Así las cosas, no podemos evitar preguntarnos, ¿no sería más barato dotar al IMSS de mayores pruebas?, ¿acaso estas decisiones no obedecen más a una falta de pruebas?, o, en la peor de las probabilidades, ¿será una estrategia para “disminuir” los contagios?, ¿reportar menos de los reales?, en fin, nuevamente esta administración federal asigna toda la carga al sector empresarial, como hemos manifestado en diversos foros: “tal parece que es pecado ser patrón”.
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