El Presidente de la República ha declarado públicamente que no perseguirá ni ejercerá acción legal alguna en contra de Peña Nieto ni de los servidores públicos de la administración anterior, argumentando que no lo hará, porque no es vengativo y porque de hacerlo tendría que perseguir a personajes desde Salinas de Gortari hasta Calderón, afirmación ésta última, que es infundada, porque las posibles acciones que en su momento se pudieron ejercer en contra de ellos, por actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, se encuentran prescritas y, en cuanto a que si es o no vengativo, su convicción moral en nada puede ser obstáculo para que se aplique la ley.
Conforme a la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Federal, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, comprobación que realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
Consecuentemente, la ASF como el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados que en cumplimiento de sus obligaciones legales, deberá realizar la fiscalización de la gestión financiera de las entidades públicas que hayan recibido, administrado y/o ejercido recursos públicos federales, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones legales aplicables.
Deberá también, realizar las acciones y procedimientos necesarios para fincar, en su caso, las responsabilidades resarcitorias a los funcionarios de las entidades fiscalizadas que hayan hecho mal manejo o empleo de los recursos públicos federales; incluso, deberá denunciar ante la que para entonces, tal vez sea, la Fiscalía General de la República, los hechos probablemente ilícitos que conforme a los resultados de sus auditorías y procesos, se presuma que realizaron los funcionarios públicos de las entidades fiscalizadas en los tres niveles de gobierno, señalando al o los posibles responsables que podrán ser desde el ex presidente, secretarios de estado, gobernadores y presidentes municipales, hasta los funcionarios inferiores que la ASF determine que participaron, toleraron o colaboraron con acción u omisión en el quebranto patrimonial a la hacienda pública federal.
Siendo que a la Cámara de Diputados, un poder distinto al ejecutivo, corresponde la revisión de la cuenta pública y a la Auditoría Superior de la Federación, un órgano con autonomía técnica y de gestión, corresponde además de la revisión de la cuenta pública, la realización de las acciones y procedimientos necesarios, para fincar las responsabilidades a los funcionarios públicos que hayan hecho mal empleo de los recursos federales; pareciera que no existe cortapisa para que se realice una acuciosa, exigente, sólida y veraz revisión de la cuenta pública del 2018 y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas y patrimoniales en contra de aquellos servidores públicos que hubieren hecho mal manejo de los recursos del erario nacional; así como para denunciar esos hechos y a esos funcionarios ante la Fiscalía General de la Nación a efecto de que ésta proceda en su contra hasta lograr la sentencia condenatoria que legalmente proceda.
Amén de lo anterior, hasta ahora nadie duda de la capacidad profesional y calidad ética y moral del Titular de la ASF, el señor David Colmenares, elegido por mayoría calificada (377 votos) de la Cámara de Diputados, quien además cuenta con Auditores Especiales de amplia, capaz y brillante trayectoria, todos ellos, hasta ahora sin reclamo ni señalamiento en contra, quienes, sin duda, podrán dirigir y coordinar la revisión de la cuenta pública del 2018, no solo de manera legal e imparcial, sino también, exhaustiva, acuciosa, exigente, sólida y veraz. Como tampoco existe impedimento para que en caso de existir, se determinen responsabilidades y señalen responsables del daño al erario nacional.
Pero… ¿Dejará el Presidente López que tanto la Cámara de Diputados, como la ASF cumplan libremente con su labor constitucional, aun cuando de ella surjan acciones legales en contra de Peña Nieto y sus secuaces? o para cumplir la palabra otorgada a esos cínicos, ¿El Presidente impedirá que la Soberanía Nacional y el órgano competente, constitucionalmente autónomo, cumplan con sus obligaciones y determinen tales responsabilidades?
No es un hecho comprobado que Peña Nieto y sus colaboradores hayan incurrido en responsabilidad patrimonial y/o delictiva, menos ahora que es garantía constitucional la presunción de inocencia, pero a la luz expuesta de los casos Odebrecht, la estafa maestra, la casa blanca de las Lomas, el Tren de alta velocidad a Querétaro, el de Toluca-Ciudad de México, el socavón de la carretera Cuernavaca-Acapulco y tantos otros, como dice López Obrador, el pueblo es sabio y por eso sabemos, casi a certeza, que por lo menos, en la cuenta pública del 2018, la cosa está que apesta y hiede a corrupción y aun cuando el Presidente López no sea vengativo, debe ser perseguida y castigada y los responsables, sean los que sean, deben ser llevados a proceso penal hasta sentencia condenatoria, pues los mexicanos no estamos dispuestos a perdonar el saqueo a nuestro país y exigimos que se haga cumplir la ley.
