Para qué le alcanza

Mucho se ha hablado de que el pasado primero de julio las elecciones fueron acometidas por un tsunami de sufragios llamado Juntos Haremos Historia que garantizó a Andrés Manuel López Obrador no solo la presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión, así como las gubernaturas de la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Mucho también se ha especulado que estando en el poder y contando con una mayoría incondicional en Congreso de la Unión, López Obrador tiene el camino franqueado para revertir todos o la mayoría de los cambios estructurales que no se ajusten a su particular visión de país, así como aquellos logros democráticos que a lo largo de 24 años hemos obtenido los mexicanos, entre los que de manera relevante, se encuentran la creación de organismos dotados de autonomía constitucional que constituyen un contrapeso e incluso, límite al poder omnímodo y omnipotente del presidente de la nación.

Aun cuando legalmente todavía no es presidente electo y a cuatro meses de que asuma el cargo, López Obrador ha presentado un paquete de 12 propuestas de iniciativas de ley y reformas legislativas y constitucionales respecto de las que ya ha ordenado a los legisladores de su coalición el qué, cómo y cuándo deben ser subidas al pleno de las respectivas cámaras, así como en qué sentido habrán de votarlas.

Atendiendo a que de acuerdo a los resultados del 92.2% de las actas computadas del PREP, la LXIV legislatura se encontrará conformada por 302 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia que representan el 60.4% en esa cámara; en tanto que en la de senadores contará con 70 curules que representan el 55% de esa representación.

Por su parte la coalición Por México al Frente contará con 133 diputados que representan el 27% y con 38 senadores representan el 29% y, por último, la coalición Todos por México contará con 65 diputados que representan el 13% y con 20 senadores que representan el 16% en la cámara alta.

Con base en esos resultados y asumiendo que al menos en los primeros períodos de sesiones no existan desbandadas ni chaquetazos, es evidente que López Obrador contará con la mayoría absoluta (la mitad más uno) de legisladores en ambas cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

Pero, ¿para qué le alcanza esa mayoría?

La mayoría absoluta le alcanzará para lograr casi en fast track la dictaminación favorable y votación aprobatoria en el pleno de: la Ley Reglamentaria sobre Salarios Mínimos, la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la reforma al Código Penal Federal para incluir como delitos graves el de corrupción, el huachicoleo y el fraude electoral, para la reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para trasladar al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, para revocar los decretos de privatización del agua, para aumentar el salario mínimo en la frontera y para ajustar la administración pública federal a un plan de austeridad e incluso, esa mayoría le alcanzará, para obtener la Ley de Ingresos y la aprobación del Presupuesto de Egresos ad-hoc a sus intereses para el primer año.

No obstante, esa mayoría no le alcanza para realizar reformas o adiciones a la Constitución Federal, dado que por mandato del artículo 135 de la Constitución Federal, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes (mayoría calificada), apruebe las reformas o adiciones al texto constitucional, amén de que las mismas deben ser aprobadas por la mayoría absoluta (la mitad más uno) de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Consecuentemente, para poder revocar la reforma educativa, incorporar al texto constitucional el derecho a la educación superior, la revocación de mandato, la consulta popular y reformar los artículos 108 para el que el presidente pueda ser juzgado por corrupción y delitos electorales y se elimine el fuero para todos los funcionarios y el 127 para que ningún funcionario gane más de lo que percibe el presidente de la República, requerirá de un arduo trabajo político tanto del propio López Obrador, como de los legisladores de su coalición.

Es de precisar por una parte, que el 19 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Federal, para eliminar el fuero de los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, dictamen que se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores y, por otra, que en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 constitucional, ya se encuentra establecido que ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Por último, llama la atención que entre las propuestas efectuadas por el señor López Obrador no se contemple la eliminación de las “partidas secretas” a través de las que tanto se ha esquilmado al erario nacional.

¿Acaso éstas son compatibles con la honestidad transparente y austeridad republicana?

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