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Outsourcing y los números a considerar

El debate sobre la iniciativa presentada el mes pasado por el Ejecutivo Federal, tendiente a desaparecer de tajo la subcontratación y sus efectos en diversos ordenamientos legales, ha generado un intenso y extenso debate y vaya que era de esperarse, ya que la eliminación de la figura traería más consecuencias que beneficios y ambos sectores, tanto patronal como obrero.

La realidad es que la subcontratación, tercerización, outsourcing, o como lo deseemos llamar, nació por diversos y múltiples factores, especialmente en nuestro país debemos destacar los siguientes: falta de oportunidades formales, bajos salarios, falta de apoyos gubernamentales al pequeño y microempresario, inspección poco profesional y mal orientada, baja calidad en los servicios de seguridad social etcétera, muchos de estos factores van más allá de la legislación o la regularización, es de esos fenómenos sociales que nacen sin que nos demos cuenta hasta que es tiempo de regularizarlo, tal es el caso que, la subcontratación como todos sabemos fue adicionada a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, no obstante, ello no quiere decir que antes de eso no fuera ya una práctica común, lo que significa que; no por erradicarla va a dejar de existir.

Ahora bien, ¿por qué puede afectar a ambos sectores?, analicemos los números, conforme a estadísticas publicadas por el INEGI, en nuestro país existen 51,011,033 personas ocupadas (con empleo), de las cuales hasta octubre de 2020, casi el 55% de ellas se encontraban en la informalidad, esto quiere decir, trabajan sin recibir prestaciones básicas como las de seguridad social y mucho menos aportan a la hacienda pública, del 45% restante que si está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que hace aportes tributarios. Bien, pues conforme a números de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), la subcontratación legal (que no subcotiza a los trabajadores ante el IMSS, que no evade responsabilidades tributarias y desde luego no reduce en ningún sentido las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador), ha aportado más de doscientos mil millones de pesos al IMSS en cuotas obrero patronales y más de doscientos cuarenta mil millones de pesos en cuotas al INFONAVIT, bajo su tutela, se encuentran administrados casi 170,000 empleos tercerizados. No perdamos de vista que estas son estadísticas de la subcontratación LEGAL, ¿qué pasa con la ilegal?, pues se estima que la subcontratación ILEGAL es cuarenta veces más grande, lo que implica que casi siete millones de personas en nuestro país se encuentran bajo esquemas de outsourcing, ¿vamos comprendiendo el impacto que generaría desparecer la figura de la noche a la mañana?, estamos hablando de decenas de miles de empleos perdidos de la noche a la mañana, de centenas de fuentes de trabajo que cierran, de miles de millones de pesos que no llegaran a las arcas de la hacienda pública ni de las entidades de seguridad social y en épocas de pandemia, estos números podrían empeorar.

Hace un par de semanas, esta autoría tuvo el privilegio de participar en el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, donde se compartieron estos números y se hizo notar que la erradicación no es la solución y mucho menos de forma tan abrupta y acelerada, incluso comparando con el tema de la legalización de la marihuana, ¿cuántos años transcurrieron penalizándola?, tratando de erradicarla, ¿cuánta violencia se generó en el proceso?, ¿se solucionó?, ¿disminuyo el consumo?, ¿disminuyo la violencia?, la respuesta todos la sabemos y es hasta ahora que nos damos cuenta que la prohibición no generará la solución.

Tal es el caso, que la sugerencia puntual se hizo de la siguiente manera: deja la legislación tal cual está, únicamente adicionando la prohibición especifica a la infra cotización ante el IMSS (debe prohibirse la posibilidad de dar de alta al trabajador con salarios inferiores a los verdaderamente percibidos, esto soluciona el problema de precarización del trabajo y de la recaudación hacendaria) y profesionalizar e incrementar la figura de la inspección por parte de la STPS, se debe exigir preparación profesional para ser Inspector del Trabajo y ser altamente capacitado en auditoría fiscal y de seguridad social, con ello se garantizaría la penalización a los actores que operan de manera ilegal y se incentivaría la utilización de figuras de legalidad y formalidad, lo que al final, conviene a todos los sectores, se protege al sector obrero, se apoya al sector empresarial, quien no olvidemos es aquel que genera las fuentes de trabajo y desde luego, se garantiza una correcta recaudación taxativa.

[Te puede interesar: Outsourcing; se presentó iniciativa, ¿y luego?]

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