Durante esta última semana, la subcontratación generó revuelo. Es de llamar la atención que
esto se generó a partir de una serie de declaraciones del Presidente de la República, donde
calificaba con diversos peyorativos a las empresas dedicadas a la subcontratación, “coyotes” y
“traficantes de influencias”, les llamó.
Es menester recordar que las controversias están muy lejos de ser recientes, recordemos que
poco antes de iniciar la pandemia, en febrero de 2020, se aperturaron audiencias públicas en
la cámara de Senadores, mismas que se derivaron de un fuerte choque de opiniones públicas
respecto a la emisión de un dictamen liderado por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien
estaba decidido a equiparar el outsourcing con delitos clasificados como delincuencia
organizada, lo que consecuentemente genero desacuerdos. Tras celebrar las audiencias
públicas, el dictamen sufrió nulas modificaciones, pero fue el mismo Senador Ricardo Monreal
(compañero de bancada), quien detuvo su avance, lo que consecuentemente derivo en que el
tema fuera un tanto dejado en el olvido.
Para salvaguardar un poco la postura de “defensores del pueblo”, a principios de marzo de
este año, la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados anunciaba muy orgullosos que
pagaban una deuda histórica al logar que los trabajadores de limpieza en San Lázaro fueran
adicionados a la nómina, un momento, ¿esto quiere decir que sectores gubernamentales
también utilizan outsourcing?, la respuesta es sí, el gobierno en sus diversos niveles (federal,
estatal y municipal), es uno de los mayores clientes de la subcontratación, dicha información
es de carácter público y accesible a todo aquel que la pida. ¿No habrá sido esta situación la
que orilló al legislador Ricardo Monreal a frenar el avance del controvertido dictamen de
febrero?
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La realidad es que, el fenómeno de la subcontratación es un hecho, tal es el caso que antes
del año 2012 la figura ni siquiera aparecía inserta en la Ley Federal del Trabajo y esto se debió
a un sencillo principio general del Derecho: “la costumbre se vuelve Ley”, tal es el caso que su
regulación es necesaria y su prohibición no va hacer que la práctica desaparezca
mágicamente, se debe analizar las causas que generaron el fenómeno (impuestos
inequitativos, necesidad de formalizar el empleo, apoyo operativo para empresas nacientes,
bajos salarios, etc.)
También, se ha externado el hecho de que satanizar a la figura es un error, esta autoría ha
mencionado en diversas ocasiones que existen empresas apegadas a la Ley, como las
asociadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), quienes
cumplen con los principios de la subcontratación legal (no subcotización en el IMSS, debida
retención taxativa, otorgamiento de todos los derechos y prestaciones a los trabajadores),
desafortunadamente y eso también es un hecho, son más las empresas que practican la
subcontratación ilegal, el ejecutivo esta consciente de ello: “pagarán justos por pecadores”,
manifestó recientemente.
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El problema radica, desde nuestro punto de vista, en la falta de fortalecimiento de la
Inspección Federal del Trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció
que se ha visto superada en la realización de los operativos pertinentes “es un monstruo de
mil cabezas” manifestó su titular. Pero ello es consecuencia de haber reducido tan
dramáticamente el número de Inspectores adscritos, así como una innegable falta de
profesionalización en los requisitos para ocupar dichos cargos (el de inspectores federales del
trabajo), conforme al artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones II y IV para
ser Inspector Federal, se requiere: Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes y
Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la
preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones. ¿Bachillerato concluido?,
¿conocimientos “suficientes”?, ¿preparación técnica?, sinceramente no son requisitos muy
difíciles de alcanzar, ni de alta especialización, por lo tanto, las inspecciones mal practicadas
generan multas y sanciones injustas y en caso contrario, juicios sencillamente ganables en la
vía administrativa por sobrarle carencias de requisitos legales para su desahogo, lo que se
traduce en falta de recaudación por parte de la Hacienda Pública o la penalización hacia
entidades vulnerables, que solo buscan la formalización y la conservación de las fuentes de
trabajo.
