Suspensiones provisionales otorgadas, desechamientos, controversias discrepancias de competencia, entre otras, han sido las primeras actuaciones en los amparos presentados contra la reforma a la subcontratación, pero ¿qué podemos anticipar de todo esto?
Los amparos, en general, versan en dos violaciones principales: la libertad de dedicarse a una profesión u oficio y la del periodo otorgado para realizar todos los cambios estipulados en la reforma. La primera esta perdida, la segunda tiene una oportunidad y es por ello que se han otorgado un par de suspensiones provisionales, ya que la intención no es dejar de acatar la reforma, sino obtener un término más amplio a efecto de poder realizar todos los cambios que se exigen.
Ahora bien, el 24 de mayo se publicó la página oficial del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde ese momento, el sistema presentó fallas, hasta hace una semana, únicamente se han otorgado ocho mil registros, es muy poco considerando que el universo de empresas dedicadas al giro oscila en los cien mil, esto quiere decir, menos del ocho por ciento, por lo que la idea de ampliar el término no es descabellada, máxime que se trata de cuestiones propias de la autoridad.
Con todo lo anterior, no podemos evitar preguntarnos… ¿Qué sucederá en caso de que el REPSE siga fallando e incluso empeoré?, ¿Qué sucederá con las empresas que involuntariamente no cumplan en tiempo con las disposiciones de la reforma? Lo cierto es que desde que se conoció el sentido del dictamen, varias voces solicitábamos se ampliara el término, especialmente comparando la amplitud que le otorgaban al sector público, sector que prácticamente cuenta con el resto del año para hacer sus adecuaciones, mientras que el sector privado tiene a más tardar a finales de agosto… no es equitativo.
Desgraciadamente no se puede augurar algo positivo, en diversas columnas esta autoría ha insistido en que realmente no se ha encontrado la solución al problema, no se eliminó el concepto subcontratación de la Ley Federal del Trabajo, no se equiparo su utilización a crimen organizado, eso fue un logro, ¿pero realmente se solucionará el problema medular con el registro de empresas subcontratistas o “especializadas”?, debemos ser muy claros… la subcontratación no especializada, jamás fue legal, desde su primera inserción en la LFT, en 2012, se enunciaba que la utilización de la subcontratación debería justificarse por su carácter de especializado, ¿entonces?, ¿el crear este registro nacional va a solucionar el problema de fondo?, ya estamos viendo que no.
El problema es que las legislaturas han perdido de vista la verdadera causa del fenómeno, y mientras esta no sea atenida, no habrá legislación, inspección, ni regulación que acabe con él. Simplemente, observemos que está sucediendo con el uso lúdico de la marihuana, no era una situación que se iba a frenar con el simple hecho de estipular una prohibición, ello no disminuyó la violencia, ni eliminó el consumo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido y sabido explicar con gran elocuencia.
El fenómeno de la subcontratación, va mucho más atrás del 2012, a finales de los 90’s un esquema parecido ya era conocido como “pagadurías” y fue un éxito rotundo para aquellos patrones que evadían responsabilidades, la sociedad comprendió que ese no era el camino a tomar y con las facilidades que brindó la tecnología, los primeros esquemas “fiscales” del outsourcing comenzaron a emerger, con una ventaja social: disminuir la tasa de informalidad, dotando de seguridad social a los trabajadores, aunque ofreciendo aún a sus clientes esquemas de ahorro. Así las cosas, llega el 2012 y la legislación limitaba la utilización de la figura ¿se disminuyó la utilización de esta?, claro que no, de hecho, se incrementó, ya que paralelamente aumentaron las cargas sociales y tributarias a los patrones y es justo ahí donde reside el problema.
Es un hecho que el sector obrero es el más vulnerable en una relación laboral, sin embargo, esta no es justificación para satanizar al sector patronal, especialmente a aquel que emplea a alrededor del 70% de la población activa en nuestro país, ya que no son las grandes corporaciones, ni los altos magnates, sino las famosas PYMES y en tanto no se creé una legislación que considere la desigualdad financiera en el sector patronal, el hecho es que la tercerización del empleo ayudará a incrementar la formalidad.
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