El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una “nueva sección” en su conferencia de prensa matutina, mejor conocidas como “mañaneras”, para exhibir a presuntos delincuentes detenidos por haber cometido crímenes contra la ciudadanía.
El anuncio fue el resultado de los cuestionamientos por las investigaciones relacionadas con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. “Podemos investigar y llegar a fondo, somos libres y en este caso lo vamos a hacer. Porque seguramente ustedes han notado que aún con estos lamentables casos, casi siempre se detiene a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos”, explicó. Según lo dicho por el mandatario, estos “anuncios” se incorporarán en el reporte mensual de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. Uno de los objetivos es que la ciudadanía vea que se están llevando a cabo acciones para contener la crisis de violencia e inseguridad.
Esta práctica atenta contra el principio de “presunción de inocencia” que nuestro sistema penal acusatorio tiene como uno de sus elementos centrales, ya que “exhibir” a los presuntos delincuentes puede incidir en los procesos legales violando el debido proceso, el derecho a un juicio imparcial y los derechos humanos de los imputados.
Un juicio sumario propone AMLO para demostrar que se avanza en materia de seguridad y esto podría ocasionar que los presuntos delincuentes salgan libres por violación al debido proceso y posteriormente ellos podrían presentar denuncias de carácter penal o demandas civiles por daños y perjuicios. Incluso un enfrentamiento entre poderes.
Algunos datos que podría tener en cuenta el mandatario antes de llevar a cabo esta nueva sección son: según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, el 43.9 % de las personas privadas de su libertad señaló haber sido acusada falsamente o ser implica en la comisión de un delito; el 23 % señaló que su detención se realizó en la calle y sin una orden de aprehensión; un 85.8 % de las personas privadas de su libertad declaran haber sufrido un tipo de uso de la fuerza durante la detención; mientras que el 64.5 % mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la autoridad después de la detención hasta antes de llegar al MP; el 32 % dijo haber sido amenazada con levantarle cargos falsos; y el 18.2 % de las personas privadas de su libertad que firmó o rindió su declaración, señaló que recibió presiones o amenazas.
Habría que pensar dos veces esta propuesta presidencial que podría ocasionar más perjuicios que beneficios.
