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México tiene su Estrategia Digital Nacional 2021-2024

La finalidad de una estrategia es establecer las bases sólidas tomando en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales, legales y políticos respecto al desarrollo digital nacional

El 06 de Septiembre del 2021 es un día fundamental para México, toda vez que oficialmente se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el  ACUERDO por el que se expide la Estrategia Digital Nacional (EDN) 2021-2024. Cabe destacar que de manera paralela se publicó el ACUERDO por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal.

Sin embargo, para efectos de este artículo se abordará únicamente la Estrategia Digital Nacional (EDN). Este instrumento es la hoja de ruta para que la administración federal oriente los esfuerzos e iniciativas tecnológicas y de seguridad de la información en una misma dirección y sentido tecnológico, en armonía con el Plan de Desarrollo 2019-2024.

La EDN tiene dos visiones: 1) Independencia Tecnológica: Implica la no sujeción a compromisos y condiciones impuestas de forma arbitraria por los proveedores o fabricante de tecnologías, para evitar monopolios y dependencias determinadas; y 2) Autonomía Tecnológica: La posibilidad de generar soluciones técnicas propias y el aprovechamiento del talento técnico disponible.

Dichas visiones se basan en dos ejes de acción, siendo 1) Política Digital en la Administración Pública Federal (APF) para transformar la administración federal en el uso de las TIC, mejorando y transparentando los servicios y;  2) Política Social Digital para dar cumplimiento al mandato del Art. 6 Constitucional, con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha e Internet.

Aunado a las visiones y ejes mencionados, se enmarca diversos principios como:

  1. Principio de Austeridad: De bien común, relativo a lograr servicios de alta calidad con el máximo aprovechamiento de recursos y disminución del gasto
  2. Principio de Combate a la Corrupción: Acabar con prácticas injustas, desleales, leoninas y perversas que benefician intereses particulares perjudicando el Estado o a sus integrantes:
  3. Principio de Eficiencia en los Procesos Digitales: Implica la simplificación operativa y atención focalizada de los procedimientos gubernamentales
  4. Principio de Seguridad de la Información: Concepto que hace referencia a la estabilidad, protección y certidumbre de la información generada o resguardada en sistemas o plataformas digitales. El desarrollo de dichas plataformas y sistemas también deben brindar estabilidad y certidumbre de su operación.
  5. Principio de Soberanía Tecnológica: Atribución única de la nación para tomar decisiones sin interferencias externas sobre qué políticas y estrategias se deben seguir en torno al ámbito digital y tecnológico

Estos principios con una visión de antropocentrismo, basado en seguridad ante uso o imposiciones tecnológicas arbitrarias, la transparencia de los códigos y algoritmos, el empleo de tecnologías robustas y fiables, su potencial libertario y beneficio social sin restricciones a la libertad y a la atención prioritaria de los grupos vulnerables. Además se explica el rigor soberano autónomo e independiente en las TIC y su carácter democrático y universal a los recursos digitales, infraestructuras, servicios abiertos, estandarizados y seguros.

Los ejes de acción también son mencionados como objetivos generales. Estos dos objetivos generales se componen de nueve objetivos específicos y líneas de acción identificadas como relevantes en materia de tecnologías, gobierno digital, conectividad, inclusión digital, software libre, estándares abiertos, digitalización de trámites, sistemas e infraestructura interoperables y seguridad de la información, siendo:

  1. Política Digital en la APF:
  1. Mejorar y armonizar el marco normativo de la política digital de la APF a través de una articulación integral y simplificada de las directrices tecnológicas para el país, que permitan lograr eficiencia técnica y económica.
  2. Estandarizar las compras de TIC a través de acciones transparentes, austeras y efectivas que generen ahorros y maximicen el ejercicio responsable de los recursos públicos.
  3. Promover la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado en la definición de sus Tecnologías de la Información y Comunicación.
  4. Obtener el máximo aprovechamiento de aplicativos de cómputo e infraestructura mediante el intercambio de información y la colaboración tecnológica.
  5. Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales.
  6. Promover la continuidad y mejora de proyectos y programas a partir de la integración de información estructurada disponible en la Institución.

Respecto al objetivo general de Política Digital en la Administración Pública Federal (APF), se destaca que se apunta a un uso de acceso abierto y priorización de uso de software libre y estándares abiertos, además de crear un inventario de bienes y servicios de TIC de la APF, la reutilización de código fuentes, formación especializada en TIC, el uso de firma electrónica avanzada para autenticación y la promoción de un Protocolo Homologado para la Gestión de Incidentes Cibernéticos entre las Instituciones.

II.        Política Social Digital:

  1. Impulsar la integración e iluminación de la fibra óptica en posesión de las instancias públicas para el transporte de señales y la reducción de la brecha digital en el país.
  2. Promover el despliegue de Internet a todas las zonas sin cobertura, para lograr la cobertura universal de Internet a la población.
  3. Mejorar la calidad de los programas sociales mediante soluciones tecnológicas que faciliten y acompañen las acciones encaminadas al bienestar de la población.

Sobre el segundo eje y objetivo general de Política Social Digital, se destaca la colaboración para impulsar interconexión y conectividad gratuita en diversos espacios (principalmente en zonas olvidadas), con el objetivo de hacer una sinergia con el sector privado para el despliegue de Internet a todas las zonas sin cobertura, promoviendo la participación del sector privado y gobiernos locales.

Conclusiones

Es totalmente loable el esfuerzo gubernamental respecto a la digitalización del sector público, su sinergia con el sector privado y objetivos específicos para los mexicanos respecto a la automatización, acceso, autenticación, uso y reutilización de programas y servicios de las TIC. Empero, al ser un instrumento formalmente administrativo e incluso meramente indicativo, las razones explícitamente expuestas en esta estrategia, pudieran permanecer como simples promesas si no se suscriben en instrumentos vinculantes. Si bien se declara el objetivo de mejorar y armonizar el marco normativo de la política digital, se espera que diversos objetivos específicos y líneas de acción sean catalogados en un futuro como derechos fundamentales. Por ejemplo, se tiene el derecho de acceso a Internet y TIC, pero no su seguridad y ciberseguridad.

Lo aplaudible en esta estrategia, es que en la explicación teleológica de los principios, se basen en otros principios ya conocidos a nivel internacional, como la robustez y fiabilidad, así como acciones contra decisiones arbitrarias, transparencia de algoritmos y códigos fuentes que pudieran servir para el uso y desarrollo de Inteligencia Artificial. Sin embargo, respecto a la transparencia de códigos y algoritmos deberá precisarse con más detalle qué tipo de transparencia y si estos incluyen los modelos algorítmicos, así como sus posibles colisiones con la seguridad nacional y derechos de propiedad intelectual, competencia económica, protección de datos.

Además, la finalidad de una estrategia es establecer las bases sólidas tomando en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales, legales y políticos respecto al desarrollo digital nacional. Dicho esto, es difícil percibir las rutas o segundo paso, continuidad de proyectos y métricas de los objetivos acordados. Ni se habla de cuestiones financieras, pues a pesar de contar con un principio de austeridad, se necesita capital económico y humano, instituciones, derechos, obligaciones, roles, garantías y directrices para llevar holísticamente una dirección única del país en el desarrollo y uso de las TIC.

Por otra parte, México sigue reiteradamente con los mismos objetivos iterativos de otras estrategias digitales básicas. Por lo que se exhorta al Ejecutivo a seguir el trabajo continuo y ecléctico de un país conectado y desarrollado, abordando también otras estrategias como la de ciberseguridad (última en 2017) así como de una estrategia nacional de datos y de manera separada sobre la Inteligencia Artificial, las cuales han tomado mucho auge a nivel global, siendo consideradas como pilares para el desarrollo del siglo XXI.

Te puede interesar: Análisis de la iniciativa que expide la Ley General de Ciberseguridad, presentada el 25/03/2021

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