El brutal asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, y un guía de turistas, ocurrido el pasado mes de junio dentro del templo de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, conmocionó no solo a los habitantes de esa entidad, sino también a toda la comunidad jesuita nacional e internacional, que se sumó a las exigencias de justicia y de seguridad, pidiendo se contenga la creciente ola de violencia en todo el país, insistiendo en la urgente necesidad de revisar la estrategia de seguridad pública de la 4T.
Estos hechos no son aislados, señalo la Compañía de Jesús: “la sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos. Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad”. De acuerdo con una publicación del New York Times del 24 de junio, rectores de universidades jesuitas criticaron la incapacidad del gobierno para arrebatar el control a los delincuentes, uno de ellos calificó a México como un Estado fallido.
Al reclamo también se unió el Papa Francisco, quien se dijo consternado por tantos asesinatos en México. Incluso el Episcopado Mexicano instó al gobierno a “revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”. Calificado como estado fallido por autoridades eclesiásticas, una de las instituciones más poderosas e influyentes se ha pronunciado como nunca ante la imparable ola de violencia que se vive a diario en distintas regiones del país.
No obstante, AMLO ni reconoce, ni recula en su estrategia “abrazos, no balazos”, aunque como dijera el padre jesuita Javier “Pato” Ávila, “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. López Obrador ha llamado hipócritas a todos los que ahora critican las estrategias del gobierno por no haber alzado la voz en los gobiernos pasados, que siguen siendo su escudo para los pocos avances en materias tan lacerantes como la inseguridad.
“¿Qué quieren los sacerdotes que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron (los sacerdotes) con Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el mátalos en caliente? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica, o sea sacerdote”, arremetió contra sus recientes críticos el Presidente.
En el Senado han pedido a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, su comparecencia para exigirle no solo la revisión, sino un cambio contundente en la Estrategia Nacional de Seguridad. Lamentablemente no se ve en un futuro próximo que la frustrante, preocupante y lamentable situación que enfrenta el país en materia de seguridad y violencia sea controlada.
Como es costumbre, las promesas de justicia no se hicieron esperar, ahora quizá por la presión eclesiástica internacional. Ojalá que este no sea otro caso que se deje en el olvido y en la impunidad, no obstante que está bien identificado el agresor, y que se acabe con esa célula de la delincuencia organizada que opera abierta e impunemente en la sierra Tarahumara.