Hace ya varios años la OCDE concluyó que la contratación pública es el proceso más vulnerable a la corrupción y, cada que sale una noticia al respecto, confirma el resultado del mencionado estudio. No es casualidad que lo sea por su impacto al gasto público que en México debe ascender a un 15% aproximadamente.
El pasado 6 de junio en el Seminario Internacional “Las funciones actuales de la administración pública” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un profesor brasileño José Sergio Da Silva Cristóvam, hizo un contraste de lo más interesante sobre la evolución de los sistemas tecnológicos enfocados a los ingresos públicos contra la debilidad de los sistemas tecnológicos enfocados al gasto público.
No es casualidad, porque estoy convencido que la corrupción es conveniente para algunos políticos y, que el recurso que fluye -como ejemplo- en campañas políticas tiene su origen principal en la contratación pública.
La corrupción es un flagelo que afecta a sociedades de todo el mundo, debilitando instituciones, erosionando la confianza ciudadana y frenando el desarrollo económico. Entre las diversas formas de corrupción, la contratación pública se destaca como uno de los procesos más propicios para su proliferación, por la manipulación y falta de eficacia en la gestión de riesgos, es decir, dicho de otra manera, con servicios simulados, bienes no recibidos, obras mal elaboradas o, simples sobre costos, es el mecanismo que saca de las arcas públicas el recurso, para ponerlo en manos de delincuentes.
El poco interés en automatizar a la contratación pública, visibilizarla, hacerla estratégica y generar mayor valor por el dinero, se ve reflejado en el impacto a las políticas públicas, porque simplemente el recurso no llega a destino.
Lo que muchos podemos pensar como mejora, en la práctica sucede lo siguiente:
- Asimetría de información y falta de transparencia: La contratación pública a menudo se caracteriza por la asimetría de información entre quienes toman las decisiones y los proveedores interesados. Los funcionarios públicos tienen acceso privilegiado a información confidencial sobre los contratos, lo que les permite manipular el proceso en beneficio propio o de terceros. Además, la falta de transparencia en las etapas de licitación y adjudicación facilita la manipulación de los concursos, permitiendo que los contratos sean otorgados a empresas preseleccionadas o a cambio de sobornos.
- Complejidad y opacidad en los procedimientos: Los procesos de contratación pública suelen ser complejos y burocráticos, con múltiples etapas y requisitos legales. Esta complejidad puede ocultar prácticas corruptas, dificultando la detección de irregularidades. Los trámites excesivamente largos y complicados también pueden generar incentivos para sobornar a funcionarios encargados de acelerar o agilizar el proceso de contratación.
- Sobrecostos y sobrevaloración: La contratación pública a menudo está marcada por la sobrevaloración de bienes y servicios, lo que resulta en sobrecostos significativos para el Estado. Esta sobrevaloración puede ser producto de acuerdos previos entre funcionarios y proveedores, donde se establecen precios inflados a cambio de beneficios económicos ilícitos. Además, los sobrecostos también pueden surgir de la inclusión de cláusulas innecesarias en los contratos que permiten el desvío de fondos o la obtención de comisiones.
- Ausencia de sanciones y rendición de cuentas: La impunidad es un elemento clave que alimenta la corrupción en la contratación pública. Cuando los funcionarios corruptos no enfrentan consecuencias legales o disciplinarias por sus acciones, se crea un ambiente propicio para que estas prácticas continúen. La falta de sanciones efectivas y una rendición de cuentas débil o inexistente fomentan la impunidad y perpetúan la corrupción en el ámbito de la contratación pública.
- Falta de competencia y favoritismo: La falta de una competencia real y abierta en los procesos de contratación pública permite que se favorezca a ciertos proveedores o empresas en detrimento de otros más capacitados o con mejores ofertas. El favoritismo y la clientelización son factores que facilitan la corrupción, ya que se desvían los principios de igualdad de oportunidades y meritocracia, otorgando contratos a cambio de lealtades políticas o beneficios personales.
Lo contradictorio del caso, es que quién asegura combatir la corrupción y no hace nada al respecto en la contratación pública, obstruye la transparencia y crea un escudo de impunidad, parece sufrir trastorno disociativo porque lo que dice no concuerda con lo que hace.
