La corrupción es un fenómeno que lastima a las sociedades, erosiona la confianza, el Estado de Derecho y las relaciones entre las personas. En países como México, los excesos del poder público se enmarcan en el imaginario colectivo por escándalos sobre el uso de lo público para fines privados.
Cuando pensamos en la corrupción es inevitable tomar como referencia al Estado o pensarla como un problema de la esfera pública, desde la policía de tránsito, hasta el más alto funcionario federal. Esta noción, no obstante, queda rebasada cuando metemos a discusión al ámbito privado y social. El Estado no es un ente que exista de forma abstracta en soledad, sino que son sus agentes los que interactúan con ese universo de ciudadanos, empresas y grupos sociales que, también, pueden proponer o incentivar actos corruptos.
En este sentido, es necesario dimensionar los efectos que la corrupción produce sobre una sociedad desde una perspectiva transversal. La corrupción genera mayores costos para la economía, erosiona la confianza en las instituciones, y vulnera la sana convivencia entre actores privados y sociales. Abordemos brevemente cada una de ellas.
A nivel mundial, según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, además de que se suelen desviar 2.6 billones de dólares mediante la corrupción, esto representa un 5% del producto interno bruto mundial. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los actos de corrupción a través del pago de trámites, solicitud de servicios públicos y otros, le costaron al país alrededor de 9,500 millones de pesos en 2021. En ese mismo año, Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 124 de 180 países, con 31 de 100 puntos.
De acuerdo con el estudio “Tendencias de Honestidad en Latinoamérica 2022” de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITAI), entre 2018 y 2021 el “Soborno» es la dimensión con mayor incremento en justificación con 68%, lo cual podría estar relacionado con la pandemia la cual impactó los niveles de pobreza y desempleo.
Cuando analizamos el tema de la corrupción desde la perspectiva de las empresas, ésta también es costosa. Según estimaciones del WEF, la corrupción aumenta el costo de hacer negocios hasta en un 10%. Aunado a ello, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señalaron que 9 de cada 10 empresarios de la red Coparmex considera que la corrupción en México es muy frecuente y que cuatro de cada 10 declara haber sido víctima de un acto de corrupción en el último año. Esa asociación civil también señaló que 78% de las personas en México consideran que las empresas tienen responsabilidad en el combate a la corrupción.
Pero la corrupción no se ejerce únicamente en sentido unidireccional desde los agentes del Estado hacia las empresas. Las prácticas corruptas también son incentivadas dentro y desde el sector empresarial. Algunas de estas prácticas son los sobornos para acelerar trámites, para obtener permisos o para resultar adjudicado con algún contrato. Como lo ha señalado Transparencia Internacional, al interior, las organizaciones pueden verse involucradas en lavado de dinero, evasión fiscal, conflictos de intereses, nepotismo o uso de información privilegiada para obtener ventajas comerciales.
Desde la perspectiva social, AMITAI menciona que cuando las personas usan frases como “todo el mundo lo hace”, se genera una legitimación sobre la ejecución de estos actos y se perciben como personas que saben aprovechar las oportunidades y no como corruptas. Arellano Gault en su obra Corruption in Latin America destaca a la corrupción como proceso social donde se produce constantemente un intercambio de favores -entre familiares, amigos y conocidos-, con reciprocidad y lazos estables vistos como indispensables para los objetivos sociales.
Frente a este panorama ¿qué hacer?
El Estado ha auspiciado esfuerzos importantes, pero insuficientes, para mitigar la corrupción. Habría que fortalecer mecanismos como las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés públicas, las unidades especializadas y los protocolos de actuación en contrataciones públicas.
En el ámbito empresarial, dos elementos son fundamentales. Primero, contar con un robusto programa de integridad empresarial con mecanismos para prevenirla y combatirla, y las consecuencias de cometerla. Asimismo, contar un canal de denuncia para que los colaboradores informen sobre posibles actos de corrupción.
En la sociedad, hay que fortalecer y normalizar la cultura de la legalidad. Los cambios a nivel social deben tener un componente de involucramiento activo en la vida pública. Que las personas sean tomadores de decisiones y agentes de cambio.
En suma, la corrupción obedece a múltiples causas: factores económicos, fuentes de empleo, educación, impunidad. Y aunque ya existen esfuerzos y mecanismos para su combate, ningún esfuerzo alcanzará, ni habrá recursos suficientes si no empezamos desde casa, a nivel individual y con conciencia colectiva.
Los actos de corrupción no se limitan a obtener un lugar en una licitación, a evitar ser detenido a cambio de una dádiva o a agilizar un trámite comprometiendo favores. Los actos de corrupción también incluyen desde “apoyar a la familia” con la contratación de una persona sin la capacidad técnica necesaria para el trabajo de que se trate, aceptar boletos para un evento sabiendo que se deberá un “favor” a cambio, o entregar una pequeña gratificación a cambio de saltar el lugar en alguna fila.
En suma, nos toca a todos un tramo de responsabilidad en el combate a la corrupción. Gobiernos, empresas, negocios, academia y sociedad civil, son todos colectivos conformados por personas. La lucha por la corrupción es entonces tarea de todos.
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