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Las Polémicas Reformas de la 4T

En los últimos tres meses, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, por petición expresa de su líder político, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, han concretado vía fast track al menos cuatro reformas a leyes secundarias, que son abiertamente contrarias a la Constitución Federal y Tratados Internacionales, fundamentalmente las dirigidas a instrumentar la política de la 4T en el área energética, concretamente a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a la  Ley de Hidrocarburos (LH), a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

Estas controvertidas y polémicas reformas, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), han provocado serias reacciones en el mundo jurídico, en amplios sectores de la población e inclusive en analistas y gobiernos extranjeros; además de que han suscitado también preocupación en inversionistas nacionales y extranjeros que han señalado riesgos legales, económicos y sociales con estas reformas.

Estas acciones siguen ahondando el clima de polarización que los dichos y las estrategias del titular del Ejecutivo están provocando; a unos cuantos días de la jornada electoral del 6 de junio varios analistas se preguntan si Morena conservará la base de seguidores que le dio la mayoría en el congreso y si podrán seguir ejecutando las transformaciones que impulsa el presidente López Obrador.

Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

El Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, que había sido presentado un mes antes por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores, tiene como objetivo que el despacho de energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) priorice la que es producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando al último lugar las renovables y ciclos combinados operados por particulares: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas, para garantizar la confiabilidad del SEN y un sistema tarifario de precios actualizados únicamente conforme la inflación.

Sin embargo, el 12 de marzo el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la CDMX y competencia en todo el país, otorgó la primera suspensión provisional, ordenando la suspensión de los efectos de los artículos reformados de la LIE, dentro de un juicio de amparo iniciado por la empresa Parque Solar Orejana, presentado el 10 de marzo. Adicionalmente el juez determinó que la medida cautelar debe ser general “a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia en una dimensión individual y colectiva”.

Una semana después, el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva, anulando todas las consecuencias derivadas del decreto que reformó la mencionada Ley, reiterando que sus efectos son generales, fallo con el que dejó paralizada la nueva Ley de manera indefinida.

A un mes de entrada en vigor, senadores del PAN, PRI, PRD y MC presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas a la LIE. Destacaron que los cambios aprobados contravienen a la Constitución, así como a la competencia, la libre concurrencia, la imposición de barreras económicas y violenta la protección a la salud y el medio ambiente y los intereses económicos de los consumidores (de la sociedad en general). También, afirman, viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Y contraviene los artículos 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27 y 28, así como el 10º transitorio de la Constitución Federal (principios incorporados en la reforma constitucional de 2013), socavando la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

De igual forma, el 22 de abril de 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una Controversia Constitucional ante la SCJN contra el señalado Decreto, al considerar que parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. Lo anterior en afectación a la esfera competencial de la Cofece al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector. La Cofece declaró que las medidas del Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación de las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general, y la impugna porque:

  • Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
  • Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.
  • Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.
  • Permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.

El 27 de abril, la SCJN admitió a trámite dicha acción promovida por la Cofece, sin embargo, el ministro instructor negó la suspensión de la norma, argumentando que la controversia es sobre la supuesta invasión de facultades. Desde que surgieron las impugnaciones, AMLO advirtió que en caso de que se determine inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, él mismo promoverá una reforma constitucional: “qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley, va la reforma a la Constitución. Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decida el pueblo”, declaró en una de sus conferencias matutinas.

Reforma a la Ley de Hidrocarburos

Coincidiendo con la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad de la LIE, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energéticas, además de que generará la libre competencia y concurrencia económica y no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos incorpora la posibilidad de que la Secretaría de Energía (SE) o la Comisión de Reguladora de Energía (CRE) puedan suspender los permisos o franquicias que emitieron, con el objetivo de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros. Además, establece la revocación de permisos a permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos o modifiquen sistemas, ductos e instalaciones sin autorización.

A partir del 4 de mayo, que fue publicada la reforma en el DOF, las instancias correspondientes podrán revocar los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la actual Ley de Hidrocarburos.

A seis días de su publicación en el DOF, el ya conocido y vilipendiado por el Ejecutivo Federal, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó la suspensión provisional y con efectos generales respecto de los artículos 57, 4º y 6º transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

El Artículo 57 establece que “en relación con los permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros”.

Mientras que los transitorios en cuestión establecen lo siguiente:

Cuarto. La autoridad competente procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Sexto. A la entrada en vigor del presente Decreto se revocarán los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Aunque son reformas que han sido ampliamente defendidas por el Ejecutivo Federal, para expertos y analistas podrían ser un gran retroceso y traer, en consecuencia, litigios con empresas que ya tienen inversiones y minar la inversión privada.

Por su parte, el Instituto Estadounidense del Petróleo, API por sus siglas en inglés, que agrupa a más de 600 empresas del sector energético en EE. UU., ha considerado que las reformas a las leyes de electricidad y de hidrocarburos presentan posibles incumplimientos al Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC). Lo petroleros pidieron al presidente Joe Biden priorizar el tema energético en la cumbre bilateral en materia comercial.

El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el TLCAN y el T-MEC, afirmó el Instituto.

Según el API, estas reformas podrían comprometer el T-MEC en sus artículos referentes a otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio de bienes (artículo 2.3), la inversión (artículo 14.4) y las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados (artículo 22.4). Agregaron que podrían violar reglas adicionales relacionadas con la inversión, incluido el estándar mínimo de trato (artículo 14.6), y podrían resultar en expropiaciones indirectas ilegales (artículo 14.10).

“Según el API, estas reformas podrían comprometer el T-MEC en sus artículos referentes a otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio de bienes (artículo 2.3), la inversión y las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados.”

Es probable que esta ley vea el mismo escenario de la Ley de la Industria Eléctrica y sea discutida y resuelta a fondo en el Alto Tribunal mexicano.

Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut)

Las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión entraron en vigor el pasado sábado 17 de abril, un día después de que se publicó en el DOF el decreto del Legislativo Federal por el que se instituye un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Como lo explicó en nuestro número anterior Stephanie Enríquez Valerio, el PANAUT es contemplado como una obligación de todos los usuarios de telefonía móvil para brindar datos personales con el fin de identificarlos. Los usuarios y titulares de telefonía móvil deberán proporcionar para la creación del padrón una identificación, comprobante de domicilio, así como sus datos biométricos. Las reformas no solo imponen la obligación a los titulares y a los usuarios de brindar sus datos personales, también imponen obligación a los concesionarios de telecomunicaciones y/o autorizados de recabarlos. Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el órgano encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón.

También establece que, en el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere. Transcurrido el plazo, el IFT solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.

Desde su propuesta hasta su aprobación, especialistas en protección de datos y derechos humanos recalcaron la ilegalidad de la creación del Padrón  y de la falta de legitimación del IFT para gestionar el derecho a la identidad de los mexicanos, además de que estará a disposición de las autoridades de procuración de justicia, vulnerando la presunción de inocencia, y será alimentada por concesionarios de los servicios de telecomunicaciones que violarían el mandato constitucional de protección de datos personales en posesión de particulares.

Este tipo de registros solo existe en un 8 % de los países en el mundo, en regímenes con una concepción muy diferente de los derechos humanos a la nuestra, como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos o Tayikistán, para llevar a cabo un monitoreo constante y masivo de los ciudadanos. Mientras que países como Canadá, Reino Unido, Rumania, Nueva Zelanda y República Checa, han rechazado este mecanismo por su grave intrusión a la privacidad de los ciudadanos y la violación de derechos que ello conlleva, destacó el INCAM.

Para el 20 de abril se otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil: “No se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, señaló el multicitado Juez Juan Pablo Gómez Fierro

“Si a los usuarios que no registren su línea telefónica móvil en el Panaut, proporcionando sus datos personales y biométricos, se les cancelara, es indudable que la norma incide en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, lo que a su vez, repercutiría en el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, reconocidos en el artículo 6 de la Constitución”, indicó en su momento el juez.

El 27 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó por unanimidad, interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN contra el Panaut, por considerar que vulnera los derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información pública.

De igual manera, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó presentar una Controversia Constitucional en contra de la citada reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Panaut. En su resolución del 12 de mayo, el IFT enfatizó que el Instituto no podría destinar en este momento recursos al Panaut, debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro. Además, el acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos de libertad de acceso a la información y de libertad de expresión, contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales, estableció el Pleno. En conclusión, el IFT buscará garantizar su autonomía presupuestal, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados al Instituto.

Una de las “coincidencias” en la impugnación de estas reformas es el ya conocido nombre de Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien por sus resoluciones ha despertadoel enojo en Palacio Nacional y en el partido mayoritario en el Congreso. Desde la primera suspensión provisional de la LIE, AMLO pidió al ministro presidente de la SCJN que investigara al juez para descartar o confirmar sus intereses neoliberales.

En el Senado se presentó una iniciativa del morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva, para desaparecer los juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, pues estos responden a intereses particulares y no sociales, argumentó.

Incluso, según la periodista Peniley Ramírez, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación a las finanzas del juez, de su madre y de su hermana, solicitando indebidamente a las distintas instituciones financieras “no alertar al cliente”.

Aunque el mandatario mexicano afirma que el juez Gómez Fierro sirve “a las minorías rapaces”, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) declaró que “no ha encontrado nada irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras y juzgadores federales, su plena autonomía”.

Ley Zaldívar

Con el argumento de una “correcta y adecuada” implementación de la reforma judicial, la mayoría de Morena en ambas Cámaras del Congreso de la Unión adicionó un artículo Décimo Tercero Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), con el cual se amplía dos años el mandato del actual Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y de los actuales consejeros del CJF, contraviniendo expresamente el texto de los artículos 97 y 100 de la Carta Magna, siendo este un tema que tiene al sistema político y legal mexicano en vilo.

Tratado extensamente en nuestro número anterior, el citado artículo transitorio establece que la persona que a la entrada en vigor de la Reforma Judicial ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en dicho cargo hasta el 30 de noviembre de 2024.  Asimismo, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la SCJN el 1º de diciembre de 2016, concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la SCJN el 24 de febrero de 2019, concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019, concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019, concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la SCJN el 1º de diciembre de 2019, durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

El Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del PJF viola directa y flagrantemente los artículos 97, 100 y el 133 de la Constitución Federal, expresó en un comunicado la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) y es violatoria de los principios de división de poderes, seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial, además de que pone en entredicho la credibilidad e independencia de la SCJN y del CJF.  Por su parte, el Consejo General de la Abogacía también hizo un llamado a los ministros y ministras de la SCJN “para que, en su oportunidad, como guardianes de nuestra Ley Fundamental y del orden constitucional, declaren la inconstitucionalidad de este precepto normativo”.

“El Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del PJF viola directa y flagrantemente los artículos 97, 100 y el 133 de la Constitución Federal, expresó en un comunicado la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) y es violatoria de los principios de división de poderes, seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial.”

Una vez publicada en el DOF se cuenta con un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación para interponer un recurso legal contra la norma. Las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD anunciaron que promoverían de forma conjunta una Acción de Inconstitucionalidad en contra del citado artículo y será la SCJN, como bien lo declaró el Ministro Presidente en su posicionamiento, el órgano constitucional que resuelva de fondo el asunto. Hasta el cierre de esta edición no había sido publicada en el DOF.

Reforma Administrativa (órganos autónomos)

Por otro lado, a raíz de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de reiterar el fallo del INE que retiró las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán y terminar con la sobrerrepresentación de los plurinominales en la Cámara de Diputados, y de la decisión del INAI de impugnar el Panaut, el presidente AMLO intensificó la crítica contra los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) y reiteró que prepara una reforma administrativa para prácticamente eliminarlos.

Por sus dichos en las conferencias matutinas, se pretende que las funciones de organismos autónomos regresen a las Secretarías de Estado relacionadas con sus materias. Con ello, argumenta, se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos (al pueblo), sino a grupos de interés, aseguró el presidente AMLO. También se refirió a las impugnaciones a las reformas eléctrica, la energética y la creación del Panaut, “las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad […] Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses y creados para amparar a las minorías”, por lo que, aseveró, revisarán el funcionamiento de los órganos autónomos.

De igual forma, AMLO ha repetido en diferentes ocasiones que se debe hacer una reforma electoral, la cual si bien no debe desaparecer a los órganos electorales, debe sustituir a quienes se identifican con los conservadores. Casi a petición, el senador Martí Batres presentó a inicios del mes de mayo una iniciativa para que consejeras y consejeros electorales se abstengan de realizar conductas o emitir opiniones que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos. La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene como objetivo evitar que se vulnere la imparcialidad del órgano electoral o se altere la equidad de una contienda, fundamentó Batres. Con miras a que esta iniciativa se sume al debate de reforma electoral que se llevará a cabo después de las elecciones.

Hasta el cierre de esta edición no se había presentado una iniciativa concreta para reformar los Organismos Constitucionales Autónomos. Se espera que esto suceda una vez que concluya el actual proceso electoral.

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