Las autoridades electorales y de protección de datos ante el Derecho al Olvido en la iniciativa que expide la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital en México

En el panorama actual de México, se construye un proyecto de ley respecto a la identidad y ciudadanía digital, promoviendo un catálogo de prerrogativas en favor del espacio cibernético y los ciudadanos, pero a su vez, incluyendo nuevos derechos no fundamentales como lo es el derecho al olvido, que crean posibles contradicciones en la esfera pública e imprecisiones respecto a la esencia de los derechos de autodeterminación informativa y los derechos políticos-electorales.

Introducción.

Desde el surgimiento del Internet y con la ahora World Wide Web, el ciberespacio se ha convertido en un lugar sin color ni nacionalidad, transmutando a ser un pilar de las sociedades libres y espina dorsal de las economías contemporáneas. Esta tecnología que ha transformado la manera en la que percibimos el mundo, ha tomado una gran importancia nacional, pues en México a partir de la reforma en telecomunicaciones promulgada el 10 de junio del 2013, la Constitución Federal reconoce el derecho de acceso a Internet.

A nivel global, el Internet ha sido pensado como una prioridad que se ha convertido en una herramienta multilateral, transparente y democrática, donde participen todos los sectores y garanticen un funcionamiento estable y seguro (CMSI 2003). Además, es imprescindible para realizar una serie de derechos humanos, requiriendo garantizar el acceso universal del mismo en las naciones (ONU 2011, 22). En el mismo sentido, los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, esto es, que los derechos que se tienen fuera de línea o desconectado (offline), también deben ser protegidos en línea (online) (ONU 2016, 3).

Al mismo tiempo, al contar con un espacio digital, esto conlleva a crear una identidad de la misma naturaleza, la cual es toda aquella información que se encuentra de manera digital o en el ciberespacio; como lo es nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, es decir, todo lo que haga a una persona física identificada o identificable. En una primera aproximación con el surgimiento de las redes sociales, se crearon canales de comunicación bidireccionales por medios de autenticación de credenciales generadas por usuarios. Empero ahora, con el advenimiento tecnológico, esta identidad entra en sinergia con la gobernanza de Internet, donde el sector público, privado y sociedad civil organizada, convergen para trabajar en conjunto y crear todo tipo de acciones, vinculadas a una identidad sólida y robusta, con mecanismos de autenticación seguros como contraseñas (algo que se sabe), dispositivos (algo que se tiene), o reconocimiento facial (algo que se es).

Dicho lo anterior, el ciberespacio no tiene gobierno, pero todos son responsables que este sea un espacio sano y se puedan potencializar los derechos fundamentales en gobernanza. En datos cuantitativos, a pesar de que el censo y conteo de población y vivienda se realice cada 5 años y que en el presente 2020 estén en proceso las nuevas cifras, de acuerdo con el último censo vigente en México del año 2015, en ese entonces se contaba con población total de 119,938,473 (INEGI 2015). No obstante, otra estadística de la división de población de la ONU arroja que el estimado de población para el año 2020 de México es de 128,932,753 y a nivel global de 7,794,798,729 (ONU 2019). Mientras que al menos en la red social Facebook, existen 2,050,000,000 de usuarios al 31 de diciembre de 2019 de usuarios activos mensuales (Facebook 2019).

Los datos mencionados con anterioridad únicamente entran en el rubro de la identidad digital como el género, en vista de que son datos que hacen a una persona identificada o identificable y pueden vincular a una persona en el mundo digital. En cuestión de ciudadanía digital, el tema es diferente, ya que esta “no se centra necesariamente en la pertenencia a una comunidad y se ha convertido en un componente de la dimensión legal y política de la vida individual y social” (Mantelero 2018, 159). En síntesis, se puede precisar que la identidad digital son aquellos datos de las personas físicas que las hacen identificadas o identificables, mientras que la ciudadanía digital, promueve un vínculo político-electoral entre la persona y Estado con la capacidad de ejercer derechos políticos-electorales en las TIC.

Para un mayor entendimiento del tema, es imperante señalar las diferencias entre identidad digital y ciudadanía digital. Las personas con identidad digital son la sociedad en general que puede tener perfiles o identificadores que lo hagan identificados o identificables sin importar su situación jurídica, y la ciudadanía digital son los ciudadanos que conforme al artículo 34 de la Constitución Federal, cumplen con 18 años de edad y de tener un modo honesto de vivir. En esta sintonía, en la cuestión electoral nacional, la lista nominal de ciudadanos registrados al 27 de marzo de 2020 es de 90,036,367 (INE 2020), por lo que solo estos deberán poder ser acreedores a una ciudadanía digital.

En consecuencia, el mundo digital se ha convertido en el lugar de todas las naciones y en un espacio público para quienes accedan al mismo. Por lo cual, teniendo en cuenta los datos cuantitativos de identificadores y ciudadanos en línea, aunado a las constantes tareas que se llevan en el mundo virtual, los incidentes, vulneraciones y amenazas aumentan, siendo un blanco primario para los delincuentes cibernéticos. Como resultado, desde un panorama global, el costo promedio por robo de credenciales en el año 2019 fue de $493,093 a $871,686 dólares, y en una estimación del costo de incidentes relacionados con información privilegiada durante un período de 12 meses, referente al costo anualizado por robo de credenciales es de $2.79 Millones de dólares (IBM 2020, 3-5).

Lo anterior trae como resultado, que todas las naciones, sin exceptuar a México, tengan un grave problema para garantizar una identidad a sus nacionales y ciudadanos de manera virtual. Y así como hace hincapié el Foro Económico Mundial, la identidad digital es un pilar fundamental para rediseñar la confianza, la cual puede promoverse con 7 enfoques principales, los cuales son: 1. Creación de identidades digitales confiables; 2. Identificación de actores y definición de roles; 3. Toma de decisiones tecnológicas; 4. Sistema de identidad digital comprobado para el futuro; 5. Definición y protección de datos de identidad; 6. Proceso y gobierno; y 7. Consideraciones de identidad descentralizadas (FEM 2020, 73).

 

De la iniciativa de ley que expide la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital en México.

 

La iniciativa que se estudia en el presente trabajo de investigación fue presentada el 19 de marzo del 2020 en la Cámara de Diputados (2020). La razón teleológica de la iniciativa de decreto que expide la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital (en adelante LGICD), es crear un verdadero reconocimiento jurídico y social del derecho a la identidad y ciudadanía digital, que sirva para que cualquier persona se identifique con certeza, aunado a que el Estado mexicano no ha garantizado desde el año de 1992 este derecho, correspondiendo dicha facultad normativamente a la Secretaría de Gobernación, pero que de facto y supletoriamente el Instituto Nacional Electoral la ha asumido.

Como antecedente normativo, la presente iniciativa pretende retomar los planteamientos del derecho vigente y generar una versión digital de la cédula de identidad ciudadana contemplada en el capítulo VII denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana” de la Ley General de Población, así como fortalecer lo declarado en el artículo 36 de la Constitución Federal respecto al documento que acredita la ciudadanía mexicana.

Asimismo, como antecedente legislativo, el 06 de diciembre del año 2018 se presentó un primer proyecto de decreto que pretendía expedir la Ley General de Ciudadanía Digital, y siendo el 19 de marzo de 2020 se presentó un nuevo proyecto que sumaba en su título y preámbulo la Identidad y otros factores que se agregaron por la retroalimentación en foros y reuniones con especialistas en la materia. Es menester hacer énfasis, en que la presente iniciativa de la LGICD no ha sido aprobada, pero el objetivo de este estudio es crear una crítica y propuesta para el proyecto actual, que de aprobarse debería contener y considerar lo dicho en el presente trabajo de investigación.

Entrando al estudio, a priori se deben tener algunas consideraciones. Ante todo, que la presente iniciativa en su artículo 4 define en los conceptos de ciudadanos y ciudadanía digital, como se escriben a continuación:

V. Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Ciudadanía digital: Condición que identifica a una persona con ciudadanía mexicana a través de medios digitales para realizar trámites, servicios, así como actos jurídicos y administrativos a cargo de personas con derecho público, excepto en materia electoral;

No obstante, el proyecto exime el concepto de identidad digital en su catálogo de definiciones, que si bien, se intenta inferir como un derecho en su exposición de motivos y en el capítulo 2 de la misma que hace énfasis en la cédula digital de identidad. Sin embargo, esto crea un escenario gris donde sea complicado separar las figuras de ciudadanía digital e identidad digital, aunque en lato sensu, podría interpretarse que la identidad es el género y la ciudadanía la especie, tal como lo dicta el artículo 17 del presente proyecto de ley diciendo que:

Artículo 17. Las y los ciudadanos mexicanos, mediante el registro ante la Secretaría, deberán obtener su cédula digital de identidad que acreditará su ciudadanía digital, la cual sólo podrá ser administradas por el titular interesado.

Lo anterior es importante, pues tendría muchos beneficios la cédula de identidad digital para que el gobierno pueda autenticar a los ciudadanos y nacionales de la misma manera que lo hacen las empresas mundiales digitales. Pero pese a esto, aún es persistente el inconveniente de exhaustividad, en virtud de la insuficiencia de poder identificar cuáles podrían ser datos de identidad de la sociedad en general o datos de los ciudadanos y su posible naturaleza político-electoral.

Si bien el proyecto es una iniciativa de ley y tiene que perfeccionarse para cumplir con su procedimiento legislativo y ejecutivo para obtener su vigencia, es necesario demostrar que contempla una antinomia jurídica en el propio texto, que indirectamente crea instancias para las autoridades electorales, dado que, en la definición de ciudadanía digital exceptúa la materia electoral, y en su artículo 9 enlista las acciones que pueden ejercerse por medio de la ciudadanía digital y que algunas son políticas-electorales:

Artículo 4. Para efectos de esta ley, se entiende por:

VI. Ciudadanía digital: Condición que identifica a una persona con ciudadanía mexicana a través de medios digitales para realizar trámites, servicios, así como actos jurídicos y administrativos a cargo de personas con derecho público, excepto en materia electoral;

Artículo 9. La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales, de manera segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes acciones:

I. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición iniciando y gestionados trámites hasta su conclusión de acuerdo a la normativa vigente;

II. Iniciar y gestionar trámites en materia de datos abiertos;

III. Acceder a servicios de las dependencias y entidades;

IV. Votar en las elecciones populares;

V. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley;

VI. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señale la normatividad vigente; y

VIII. Votar en las consultas populares.

(Énfasis añadido).

Dicho lo anterior, la definición de ciudadanía digital exime aquellos trámites, servicios y actos en materia electoral, pero en el mismo cuerpo del proyecto normativo, se enlistan funciones de naturaleza político-electoral, como votar y ser votado en elecciones populares, así como la participación en consultas populares. En consecuencia, debiera definirse adecuadamente la ciudadanía digital y encontrar armonía, así como técnica legislativa en sus preceptos.

Más aún, en el artículo 8 del proyecto de ley que define los principios rectores de la ciudadanía digital, enlista el famoso derecho al olvido, expresado de la siguiente manera:

  1. Derecho al olvido. Cancelación de la información personal mediante el retiro de la misma y también de enlaces ubicados en los diversos medios digitales, que el propietario identifique como obsoletos o que afecten, de alguna manera, el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

Hechas estas salvedades, nos encontramos con un derecho que en primera instancia no es reconocido en los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, teniendo únicamente aquellos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, conocidos también como derechos ARCO. Pero que deja mucho que pensar, respecto a quien es el órgano competente que custodie el derecho al olvido, que materialmente es cancelación y oposición de datos personales, pero que en la materia es de asuntos electorales.

Debe precisarse, que a pesar de que en el primer párrafo del artículo 166 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO en adelante), estipula que:

Artículo 166. Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente, dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

El artículo anterior incluso en una interpretación extensiva estaría muy limitado para poder ejecutar el derecho al olvido en asuntos electorales para personas físicas con ciudadanía digital. Teniendo como obstáculos y dificultades más que de carácter jurídico, actos de naturaleza política.

Todas estas observaciones realizadas anteriormente, concluyen en la hipótesis, de que un precepto de naturaleza civil debe ser conocido por un órgano civil, de la misma manera con los asuntos laborales, mercantiles y de sus respectivas materias. Determinando que un caso de naturaleza política debe reconocerse por un órgano de funciones políticas, que, en este caso, por cuestiones de esfera de atribuciones, pudiera presumirse que es el Tribunal Electoral, como institución encargada de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.

Podemos sintetizar lo dicho hasta aquí, que el derecho al olvido en stricto sensu no es un derecho reconocido en la Carta Magna, como sí lo son, los derechos de cancelación y oposición conforme a los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, y que a pesar de poder interpretar los preceptos jurídicos actuales para ejecutar de facto el derecho al olvido, su adopción no debería definirse de manera supralegal en la carta magna y ley especial de protección de datos personales. Por lo que, en el siguiente apartado, se estudiará la intersección entre el derecho al olvido y los derechos ARCO en el sistema jurídico mexicano y bloque de constitucionalidad.

 

El derecho al olvido y su intersección con los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en el derecho mexicano.

 

Cada día las normas legales exigen más responsabilidad a los sujetos que tratan datos personales y esto conlleva la creación de un catálogo de derechos derivados, los cuales entre tantos son los derechos ARCO, a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos. Tanto normativamente, como de facto, el derecho al olvido o de supresión es un asunto que, aunque pareciera estar sólido y establecido en algunos vehículos internacionales y ser declarativos para otras naciones, surge una segunda encrucijada cuando no se aborda una técnica legislativa adecuada en armonía con los derechos político-electorales.

A grosso modo, el derecho al olvido, también conocido derecho a ser olvidado, de supresión o borrado, es el derecho que tienen las personas físicas para que se borre, bloquee o desindexe información que es obsoleta por su temporalidad o dañe derechos fundamentales como la intimidad, privacidad, honor y reputación digital. En sentido amplio y en una interpretación extensiva, es ejercer derechos de cancelación u oposición ante los datos personales, garantizando el principio de autodeterminación informativa.

Partiendo de lo general a lo particular; el precedente más importante, es del año 2014 con el caso de Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Jurisprudencia C‑131/12 TJUE), donde Google es obligado a retirar ciertos resultados de su motor de búsqueda, abriendo la puerta a que miles de europeos puedan solicitar el retirar resultados que afecten sus derechos fundamentales. Incluso existe un formulario para que la petición sea analizada por el grupo de soporte de Google Inc.

Además, en España por medio de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2020) ha consolidado de manera muy certera este derecho, emitiendo un Código del Derecho al Olvido, que tiene como finalidad solventar dudas sobre la aplicación de dicho concepto, por medio de una recopilación de vehículos normativos seleccionados y ordenados, siendo un documento legal recopilador de leyes temáticas y actualización constante.

Por otra parte, el Gobierno de Reino Unido (2017), ha impulsado reformas para fortalecer este derecho al olvido, pero relacionado a menores de edad, considerándose como un derecho a la inocencia, donde los titulares podrán exigir a las plataformas de redes sociales eliminación de información sobre niños y adultos cuando se le solicite, además de poder solicitar que sea borrada información que es publicada durante la infancia de los usuarios.

En el caso de la Unión Europea (2016), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD en adelante), publicado el 04 de mayo de 2016, con entrada en vigor el 25 de mayo del mismo año, y de aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros de la UE el 25 de mayo de 2018. En su artículo 17 denominando derecho de supresión y entre paréntesis como el derecho al olvido, en lo general significa que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le concierne, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando ocurra algunas circunstancias que marca el reglamento, así como algunas excepciones.

A pesar de su adopción normativa del derecho al olvido en el RGPD, el debate no ha quedado inmóvil, pues la Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa (CNIL), pidió a Google que las solicitudes que se hacían debieran ser eliminadas en todo el mundo, a lo que Google respondió que únicamente se eliminarían los datos de búsqueda en el territorio de la Unión Europea.

Dicho lo anterior, el Abogado General Szpunar propone al Tribunal de Justicia, en las conclusiones del Abogado General en el asunto C-507/17 (2019) Google / CNIL, respecto que la desreferenciación a la que han de proceder los gestores de motores de búsqueda se limite a la Unión Europea, lo anterior en el supuesto que pudiera procederse a una desreferenciación a escala mundial, se correría el riesgo de impedir acceder a la información a personas de terceros países y de que, recíprocamente, terceros Estados impidiesen acceder a la información a las personas de los Estados de la Unión.

En el caso de México, no existe un derecho al olvido per se, incluso ni en los tratados internacionales que es parte, pues como se mencionó anteriormente, solo los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, contemplan los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Adicionalmente existen la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las legislaciones estatales en la materia y sus vehículos legales que de estos deriven, creando un marco para el sector público y para aquellos que legalmente estén obligados, y también la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, especialmente para el sector privado o particulares.

Si bien normativamente no se ha reconocido este derecho por la Constitución y las leyes que de ella emanan. En una lucha por el derecho, en una concepción de legislación negativa, los tribunales han interpretado los principios en las premisas empíricas de casos en concreto, pudiendo crear contenido normativo, declarativo y vinculativo. Dicho lo anterior, la Organización Mexicana Defensa de los Derechos Digitales R3D (2016), sintetiza su antecedente cronológico en el país de la siguiente manera, abordada desde el ámbito de la procuración e impartición de justicia:

 

 

 

Fecha Fecha
Febrero de 2007 La revista Fortuna publica la nota periodística “Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México”.
Julio de 2014 Carlos Sánchez de la Peña solicita a Google México la remoción de varios enlaces; entre ellos, el de la nota de la Revista Fortuna. Google no atiende la solicitud.
Septiembre de 2014 Carlos Sánchez de la Peña interpone un procedimiento de protección de derechos en contra de Google México (No. de expediente PPD.0094/14).
Enero de 2015 El INAI resuelve en favor de Carlos Sánchez de la Peña y ordena a Google México la remoción de los enlaces.
Febrero de 2015 R3D interpone demanda de amparo en representación de la revista Fortuna en contra del INAI por violar su derecho a la libertad de expresión y su derecho de audiencia. El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admite la demanda (Amparo indirecto 574/2015).
Febrero de 2016 El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México niega el amparo.
Marzo de 2016 R3D interpone un recurso de revisión en contra de la sentencia del juzgado. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admite el recurso (Amparo en revisión 95/2016) y lo envía al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región (Expediente Auxiliar 355/2016)
Agosto de 2016 El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región revoca la decisión del juzgado y concede el amparo. La resolución del INAI queda sin efecto.

 

Sintetizando la tabla anterior, el INAI ordenó a Google México retirar un enlace de la Revista Fortuna relacionada con un fraude, y la Asociación R3d promovió un amparo, argumentando que se había violado el derecho de audiencia de la revista y que la resolución constituía un caso de censura, teniendo como resultado la sentencia de un tribunal que deja sin efectos la resolución del INAI.

Por otra parte, un intento normativo en México, fue la iniciativa que se presentó en el Senado de la República (2019), en el cual pretendía reformar, adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, adicionando el derecho al olvido, pero que desde su presentación no ha tenido avance hasta la actualidad, pues diversos medios de comunicación y particulares han mostrado inconformidad por amenazar la libertad de expresión en línea.

En síntesis, formalmente no está reconocido el derecho al olvido en México, y pese a que los derechos ARCO estén garantizados en los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, sigue siendo un concepto emergido por la unión europea y con intenciones de México en adoptarlo. Sin duda el derecho al olvido puede interpretarse como la implementación de los derechos de cancelación y oposición, que son reconocidos en el derecho mexicano. No obstante, en la transición de la ciudadanía tradicional a la digital, una figura jurídica exógena no aterrizada de manera correcta pudiera ir en contra de los principios constitucionales, la verdad y la democracia.

 

El derecho al olvido en el ejercicio de la ciudadanía digital en actos de naturaleza político-electoral.

 

Al comienzo del presente trabajo de investigación, se realizó una diferencia entre identidad digital y ciudadanía digital, la primera de naturaleza de datos personales y la segunda con naturaleza político-electoral. Hecha esta salvedad, es necesario abordar que una persona con carácter de ciudadano que ya cuenta con la capacidad de goce, se le otorga capacidad jurídica de ejercicio en lato sensu, con la cual puede realizar de manera personal y eficaz los actos para cumplir derechos y obligaciones, pero por otra parte también derechos políticos-electorales.

Por ejemplo, el uso de firma electrónica avanzada o fiable, es un ejercicio de identificación digital y a la vez de ciudadanía digital en ejercicio administrativo en lato sensu, en virtud que la ley exige diversos requisitos, pero destaca en lo que respecta a esta investigación, que los datos de creación de la firma en el contexto que son utilizados, correspondan exclusivamente al firmante, concluyendo en que tales datos deben ser comprobados para permitir la identificación del firmante y en consecuencia un consentimiento identificado.

En lo que respecta a la ciudadanía digital con derechos políticos-electorales, tal como lo establece acertadamente Ferrajoli (2011, 618), “los derechos del ciudadano se distinguen en derechos públicos y derechos políticos”, es así, que las acciones de ciudadanía digital referidas en las fracciones del artículo 9 del proyecto de ley de la LGICD, respecto a; I. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición iniciando y gestionados trámites hasta su conclusión de acuerdo a la normativa vigente; II. Iniciar y gestionar trámites en materia de datos abiertos; y III. Acceder a servicios de las dependencias y entidades, deben interpretarse como derechos públicos y acorde a principios de la autodeterminación informativa. Mientras que las acciones referidas en las fracciones IV. Votar en las elecciones populares; V. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; VI. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señale la normatividad vigente; y VIII. Votar en las consultas populares, deben interpretarse como derechos políticos acorde a los principios e instituciones político-electorales.

En el mismo orden de ideas, la ciudadanía digital conlleva la aplicación de un control democrático y político de las aplicaciones digitales en un territorio nacional asumiendo un compromiso cívico, esto es, que la ciudadanía digital es una ampliación de la ciudadanía tradicional con una dimensión más allá de la protección de datos individuales, y una nueva medida en términos de participación en los asuntos políticos en una comunidad democrática, que priorice el ejercicio de los derechos político-electorales.

Para finalizar este apartado, es importante señalar, que no hay duda de que este es un proyecto de ley, pero que pese a no tener el carácter de vinculante y seguir en el proceso legislativo, desde su primera versión en el año 2018 hasta la actualidad del 2020 conlleva diversas dudas sobre la adopción de derechos no reconocidos en México, antinomias en la definición de ciudadanía digital y sus posibles anomias jurídicas en la imposibilidad de ejecutarse. Por lo tanto, independientemente de las decisiones que se ocupará el poder representativo, deberá tomarse en cuenta las repercusiones en los ciudadanos y órganos competentes, tal como lo dice Rodotà (2016):

De aquí la necesidad de una tutela dinámica de los datos personales, no la tradicional y estática referida sólo a la reserva, sino que debe convertirse en un componente esencial de la ciudadanía digital y de la libre construcción de la identidad, pasando así del reconocimiento de la autodeterminación informativa a una efectiva redistribución del poder en la red (p. 385).

En consonancia con lo anterior, la dificultad de este problema es encontrar un equilibrio entre las características y naturaleza de los nuevos derechos, que se encuentran en una intersección con las tecnologías disruptivas. La solución es tomar los elementos esenciales, con el fin de descubrir la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, pues el derecho al olvido en la ciudadanía digital, no se trata únicamente del reconocimiento de la autodeterminación informativa, sino, de una efectiva redistribución del poder por medio de derechos políticos-electorales en vías digitales.

 

Conclusiones y Propuestas.

 

  1. No deben existir derechos que no son reconocidos por el cuerpo normativo más importante de una nación, que en el caso de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por control de convencionalidad, en los tratados internacionales que México es parte.
  2. La diferencia entre la identidad digital y ciudadanía digital, radica en que la identidad digital es el conjunto de datos de los usuarios en el ciberespacio que hacen a una persona identificada o identificable, mientras que la ciudadanía digital, se desprende en derechos de los ciudadanos que se derivan en derechos públicos y derechos políticos, en lato sensu los derechos públicos son utilizados como un elemento esencial para comprobar el consentimiento en medios digitales, y en stricto sensu los derechos políticos, son la capacidad para poder ejercer derechos políticos-electorales.
  3. En el panorama actual de derechos fundamentales, la protección de datos va más allá de la esfera individual y transmuta en ser un elemento sustancia de la ciudadanía. No obstante, en el ejercicio político-electoral, la ciudadanía digital conlleva más que una dimensión de protección de datos personales de los individuos, ya que aborda cuestiones conforme a la importancia y ejecución de decisiones democráticas.
  4. En asuntos de identidad digital y ejercicio de la ciudadanía digital relacionados a derechos públicos, la competencia de garantizar el derecho al olvido, será de los institutos garantes de la protección de datos en sus respectivas competencias.
  5. En derechos y asuntos de naturaleza político-electoral ejercidos mediante la ciudadanía digital, la competencia de garantizar el derecho al olvido, será de las autoridades electorales en sus respectivas competencias.

 

 

Referencias.

 

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Camara de Senadores. 2019. Iniciativa del Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. México.  Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102681 (consultada el 16 de mayo de 2020).

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FEM. Foro Económico Mundial. 2020. Redesigning Trust: Blockchain Deployment Toolkit Supply Chain Focus April 2020. Disponible en: https://widgets.weforum.org/blockchain-toolkit/pdf/WEF_Redesigning_Trust_Blockchain_Deployment%20Toolkit.pdf (consultada el 12 de mayo de 2020).

Ferrajoli, Luigi. 2011. Principia iuris Teoría del derecho y de la democracia 3. La sintaxis del derecho. España: Editorial Trotta.

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NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA.

 

Código del Derecho al Olvido. Selección y ordenación: Luis Gervas de la Pisa VIDAU ABOGADOS Edición actualizada a 29 de abril de 2020, España: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Disponible en: https://boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=094_Codigo_del_Derecho_al_Olvido.pdf (consultada el 16 de mayo de 2020).

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. México: Congreso de la Unión.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf (consultada el 16 de mayo de 2020).

Jurisprudencia C‑131/12 TJUE 2014, Datos personales Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de dichos datos, Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, asunto C131/12 ECLI:EU:C:2014:317. Unión Europea: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES (consultada el 18 de mayo de 2020)

LGPDPPSO, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 2017. México: Congreso de la Unión.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf (consultada el 15 de mayo de 2020).

RGPD. Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 2016. Unión Europea: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN (consultada el 16 de mayo de 2020).

 

 

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