La visión apocalíptica no debe entenderse como el caos de algo, su intención es despojarnos de lo idílico y, por ende, observar sin velos la realidad de la educación que llaman inclusiva, ¿es ficción o una realidad?
¿Cómo se Entiende en México la Educación Inclusiva?
La Educación Inclusiva (EI) implica que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de una determinada “comunidad” aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos quienes presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata de dotar de una enseñanza de calidad a todos, adaptada a sus necesidades. Por lo tanto, la ei se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños agrupados en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. Se fundamenta en la necesidad de proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa; entendiendo que podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros, por lo cual nuestras necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa.
“La educación inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños agrupados en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias.”
Este enfoque inclusivo no es novedoso, aunque se debe considerar que se encuentra en una fase inicial, es decir, está dando sus primeros pasos en México. Si nos preguntamos: ¿cuáles son los motivos del surgimiento de este paradigma inclusivo?, se deben revisar los instrumentos internacionales que sembraron la semilla de la inclusión en nuestro país.
La Semilla de la EI en México
Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la educación ha sido considerada un derecho de los habitantes de la nación mexicana. Al redactar el artículo 3º, los constituyentes de Querétaro consideraron que este derecho debía extenderse a toda la niñez mexicana sin excepciones. Ésta es, quizá, la primera declaración en nuestro país relacionada con la ei que podemos considerar. Han pasado ya 101 años desde la promulgación de nuestra Constitución y la intención de que la educación abarque a todos los ciudadanos sigue siendo asunto pendiente.
Gran parte de las ideas que dieron nacimiento a la ei surgieron a partir de un conjunto de principios y exigencias de organismos internacionales que se fraguaron bajo el amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (dudh).
De este modo, la DUDH consignó en su numeral 26 que “Toda persona tiene derecho a la educación”. Más tarde, la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989 señaló la obligación y compromiso de los Estados partes con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Además, se estableció que todos deben de disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, por lo que, en el artículo 28 de dicho instrumento internacional se señala la obligación de los Estados partes para “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.
En cumplimiento con los acuerdos referidos, un elevado número de países adoptó estas propuestas como orientación en materia de política educativa.
En 1990, el movimiento Educación Para Todos organizó la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia, en donde surgió la Declaración Mundial de Educación para Todos o Declaración de Jomtien, en ella se exponen tres problemas fundamentales a nivel mundial:
- Las oportunidades educativas eran limitadas.
- La educación básica estaba concebida en términos restringidos de alfabetización.
- Ciertos grupos marginales (personas con discapacidad, miembros de grupos étnicos, minorías lingüísticas, niñas, mujeres, etcétera) enfrentaban el riesgo de ser totalmente excluidos de la educación.
Basado en lo anterior, se concluía que era menester un movimiento a nivel mundial para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos. Por lo tanto, extender las oportunidades básicas para todos los alumnos era una cuestión de derecho.
Cuatro años más tarde, en Salamanca, España, se llevaría a cabo la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en la cual, una vez más, se proclamó que todos los niños y niñas tienen el derecho fundamental de la educación, reconociendo que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Por lo tanto, en el diseño y aplicación de los sistemas educativos y los programas se debe incluir toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Dicha Conferencia culminó con un Acuerdo Internacional que tenía como objetivo universalizar el acceso de todas las personas a la educación sin excepción, promoviendo la equidad.
En el año 2000 se realizó el Foro Mundial sobre Educación, en Dakar, Senegal, en el cual se revisó el progreso logrado en relación con la Educación para todos y se identificaron las barreras que afectaban particularmente a los grupos vulnerables, por lo cual se llamó a la acción real y no simulada de los Estados partes.
El panorama internacional nos muestra que la problemática ha existido desde hace mucho pero no se ha podido disminuir en la medida deseada, menos aún en los países en vías de desarrollo, como el nuestro. Poco a poco ha ido germinando la semilla de la ei a nivel internacional y permeando en la esfera nacional.
“Aún estamos distantes de cumplir con la meta de una escolarización para todos, de cumplir con la meta de una educación inclusiva.”
A partir de 1992, como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma del artículo 3º constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, en México se impulsó el proceso de “integración” de alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas de educación básica regular, y se consideró también una transformación profunda de los servicios de educación especial que eran los que, tradicionalmente, los atendían. Desde entonces, los programas de desarrollo educativo, federales y estatales, han establecido acciones (aunque a medias) y estrategias para promover la “integración” educativa.
Por lo tanto, la reforma del artículo 3º constitucional permitió ofertar a todos los individuos una educación que permitiera desarrollar sus facultades, proporcionándoles las herramientas necesarias para poder enfrentarse al mundo. Asimismo, se combatió la segregación de las personas con necesidades educativas especiales, al menos en la legislación. En este mismo año se inició el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por lo que se llevaron a cabo una serie de cambios en la educación de nuestro país, con la finalidad de mejorar las prácticas pedagógicas para una mejor educación con calidad y combatir la discriminación y marginación que sufrían los niños que se encontraban separados de la educación básica general.
Los cambios en educación especial se organizaron de la siguiente manera: los servicios indispensables de educación especial pasaron a ser Centros de Atención Múltiple (CAM); los servicios complementarios se transformaron en Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (usaer); y los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (coec), junto con los Centros de Orientación para la Integración Educativa (coie), se agruparon en Unidades de Orientación al Público (uop).
En México, el concepto de Necesidades Educativas Especiales se utilizó a partir de su participación en la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales y del Marco de Acción (1994). Las metas por lograr una educación inclusiva en el país se intensificaron con el tiempo. Después de reorganizar y reorientar los servicios de educación especial, en el 2002 surgió el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, cuyo principal objetivo era responder a las demandas y propuestas de las personas con necesidades educativas especiales, brindándoles una educación de calidad que les permitiera integrarse a la sociedad como personas dignas.
Podemos vislumbrar a la educación inclusiva como un medio, un instrumento para asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos, sin importar sus características o dificultades individuales, a fin de construir una sociedad más justa, pero ello no deja de constituir un “deber ser”, un sueño que se tuvo desde el constituyente queretano de 1917, y que hasta ahora no ha podido lograrse.
Quitémonos el Velo
El título del presente artículo es un tanto sensacionalista, más bien debe tomarse desde el punto de vista de desprendernos del velo de lo que la legislación nos establece, quitarnos el velo de los ojos y observar más allá de lo que los tratados internacionales mencionan, despojarnos de lo que “debe ser” y contemplar el entorno educativo de manera cruda y objetiva.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitió en 2016 una observación general respecto del derecho a la educación inclusiva.[1] En dicha observación se mencionan las principales barreras que impiden el acceso a la educación inclusiva a las personas con discapacidad:
- La persistente discriminación hacia las personas con discapacidad.
- Las barreras arquitectónicas y sociales.
- La falta de preparación educativa de los docentes respecto a la naturaleza y ventajas de la educación inclusiva y su implementación.
- La escasa voluntad política, conocimiento técnico y capacidad para implementar el derecho a la educación inclusiva.
- Ausencia de recursos y mecanismos legales para reclamar la reparación en situaciones en las que las personas con discapacidad han sido vulneradas.
Y claro, la persistente falta de inclusión educativa conlleva un modelo educativo obsoleto. Hemos hablado del modo en que la educación inclusiva se ha ido consolidando como un derecho de todas y todos; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestra Carta Magna, la legislación federal (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de Educación, entre otras) y algunas en el ámbito local, han establecido este derecho como premisa para lograr una verdadera reforma al sistema educativo, sin embargo, el panorama dista mucho de ser el ideal.
Evidentemente, los fenómenos que originan la exclusión educativa no son unicausales ni unidimensionales, por ende, no pueden ser abordados desde un solo punto de vista o una sola mirada; aunado a ello debemos mencionar que el gobierno federal no ha conseguido garantizar el acceso de todos y todas a una educación gratuita, obligatoria y de calidad como menciona nuestro artículo 3º constitucional, ya sea por falta de planeación, por incompetencia o por corrupción. Las políticas públicas al respecto han fracasado rotundamente.
Han trascurrido 28 años desde que nuestro país signó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y aún estamos distantes de cumplir con la meta de una escolarización para todos, de cumplir con la meta de una educación inclusiva. Entonces ¿qué debemos hacer para lograr garantizar la educación inclusiva? El primer paso debe ser una transformación multidimensional en cuanto a la política, la cultura y la práctica en todos los entornos educativos para responder a las necesidades de todos los estudiantes y eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan aprender y participar en igualdad de condiciones.
Para finalizar, recordemos una frase del célebre Belisario Domínguez: “Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada”. Con pequeños pasos también se avanza y un cambio, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia.
[1] El documento completo se puede consultar en el siguiente link: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27268/DerechoalaEducacionInclusivaArt24.pdf.
