Es un hecho que no habíamos visto un cambio tan radical en el mundo del Derecho Laboral Mexicano desde hace casi cincuenta años, un cambio de tan amplio espectro que afectará y modificará el diario acontecer de la impartición de la Justicia Laboral y el de la vida interna en las Empresas.
Uno de los retos más grandes para la implementación de la reforma, será el de establecer el adecuado mecanismo que permita se lleve a cabo la correcta mudanza de la impartición de la Justicia Laboral a los nuevos Tribunales del Trabajo, ¿Esto por qué?, bien pues por que desde 1931, año en el que se publicó la primera Ley Federal del Trabajo en nuestro país, no se había contemplado que las controversias laborales fueran dirimidas por el poder judicial y a través de la figura de un juez, lo que con esta recién aprobada legislación cambiará. Es un hecho que los poderes judiciales, especialmente los estatales no tienen experiencia en el tratamiento de la legislación laboral, por lo que los jueces no están sensibilizados con la naturaleza de las controversias obrero patronales, siendo precisamente este el primer reto para el poder judicial; capacitar a sus juzgadores en legislación y procedimientos laborales a efecto de que sustituyan la idiosincrasia y metodología de juzgador adquirida bajo una experiencia mercantil, civil, familiar o penal, por lo que debiera establecerse como requisito indispensable para el otorgamiento de un nombramiento de Juez, el acreditar contar con estudios actualizados en materia del trabajo y seguridad social. Evidentemente esto trae consigo otro reto implícito; el presupuestario, ¿de dónde saldrá el dinero para capacitar a estos nuevos jueces?, ¿de dónde saldrán los recursos para el establecimiento físico de los nuevos tribunales del trabajo?, en estos tiempos de “austeridad” gubernamental, no podríamos tener estimaciones positivas.
Quizás el cambio más importante y el que va a ocasionar más eco en la vida diaria, será el de las “nuevas relaciones laborales”, la mayoría de las Empresas en nuestro país han aprendido a sobrellevar su vida sindical a base de una “rutina”, la cual fue adquirida a través de años de relación, negociación y solución de temas colectivos, ahora, la reforma abre las puertas a nuevas formas de trabajo interno, que en el mejor de los casos acarreará mayor y más genuina democracia, sin embargo, las Empresas de hoy en día no están acostumbradas a ello, vaya ni siquiera los trabajadores, lo que pudiera entorpecer procesos productivos si es que tanto Empresas como organizaciones colectivas que nazcan, no están debidamente asesorados, por lo que ambos deberán robustecer sus áreas internas y asegurarse de que sus asesores externos cuenten con las actualizaciones necesarias.
El gobierno ha establecido una ruta para la implementación de la reforma, con “términos” definidos, con los que supuestamente en el año 2023, tendremos completamente materializada la reforma, ¿será esto posible?, la última reforma penal tardó casi ocho años en verse materializada e implementada y francamente esta autoría no estima que los cambios en ella fueran de tal calado como lo es la laboral, ya que la misma no implicaba traslado de expedientes, creación de nuevas entidades y organismos, así como modificaciones que impactaran indirectamente en la vida diaria de todos los mexicanos, no queda más que esperar al 1° de agosto de este año, fecha en la que la STPS deberá emitir primeramente los protocolos y acciones para la adecuación de esta reforma.
