En México, cada vez más nos enteramos por los diferentes medios de comunicación de los casos en los que la gente hace justicia por propia mano, desde hace tiempo hemos tenido “justicieros anónimos” que han privado de la vida a sujetos que estaban cometiendo un delito y otros en los que varias personas agreden físicamente a los presuntos delincuentes hasta dejarlos al borde de la muerte.
Estos llamados «justicieros anónimos» que no solo se arriesgan a que los delincuentes les respondan, como ha sucedido, sino a que los propios encargados de ejercer la ley los busquen, los encuentren y los condenen a una pena o medida de seguridad, conforme a derecho proceda.
A estas acciones las conocemos como la “Ley del Talión”, conocida como “ojo por ojo, diente por diente”, la cual fue una de las primeras limitaciones al sistema de venganza y la intensidad del castigo aplicado al autor de un delito. El término Talión, deriva del adjetivo latino talis-tale, que significa igual o semejante, en referencia a la proporción que debe guardarse entre el delito y la pena.
Hace unos días vimos un video que circuló por las redes sociales y diversos noticieros en donde un sujeto fue brutalmente golpeado por varios hombres en el interior de un vehículo del transporte público que circulaba en el Estado de México, inmediatamente después de que comenzó a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, es decir, cometiendo el delito de robo, situación por la que ahora dichas personas están siendo acusadas de cometer un delito y deberán enfrentar a la justicia.
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Derivado de lo anterior, hay que observar lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, que a la letra dice:
“…Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Este mandato Constitucional, nos deja claro que la justicia por propia mano es contraria a Derecho y que cualquier persona que cometa una conducta tipificada como delito será juzgada mediante las instituciones que ejercen el poder del Estado.
Lamentablemente en muchos de los casos en donde no se lleva a cabo la aplicación de la ley a quien es acusado de la comisión del delito, es porque se cree que tenemos ausencia de autoridad, por ello existen grupos que se enfrentan a bandas de criminales que quieren imponer su ley, realizar extorsiones y cobros de piso, robos, etc., sin que la autoridad haga frente a tal situación.
El Estado de derecho implica un gobierno que los derechos fundamentales de todos y castigue a quienes los violen. Las instituciones deben brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan a cabo actos criminales, sin embargo, en la medida en que el Estado falla en estas tareas, pierde legitimidad y, por ello, la sociedad se queda con la frustración y decide tomar la justicia en su propia mano.
De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que, en la Ciudad de México, se han cometido este año 1,886 robos en transporte público y en el Estado de México, 3,402.
Al respecto, se tienen identificadas las rutas del transporte público más peligrosas, las cuales son:
- De boulevard puerto aéreo a avenida 4.
- La autopista México-Puebla a Ermita y Zaragoza.
- De periférico, calle 7 a canal de San Juan.
- Eje Central Lázaro Cárdenas a Vallejo.
- Rio de los Remedios a autopista Naucalpan.
- Avenida Insurgentes Norte Indios Verdes a la autopista México-Pachuca y Tlalnepantla de Baz.
- De Avenida Centenario desde Oriente 157 Eje Vial 2 Oriente a Juan González Romero.
- De Avenida Conscripto Ingenieros Militares, hasta cuatro caminos.
Ante esta situación, puedo mencionar que para combatir la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona, por lo que es necesario seguir construyendo un país de leyes y de impartidores de justicia en el que cada parte (gobernantes y Poder Judicial) haga su tarea de la mejor manera posible para que aquellos que hayan cometido algún delito paguen por él.
Es necesario también que la sociedad sea sensible ante el estricto respeto por los derechos humanos y seguir con la batalla en contra de la corrupción dentro de las instituciones que imparten justicia con el objetivo de incrementar la responsabilidad, transparencia y confianza en ellas.
Para dar certidumbre al ciudadano es urgente que se desarrollen programas que hagan que las instituciones sean más efectivas para prevenir y castigar al crimen, ya que con ello ayudarán a incrementar la confianza en la procuración, impartición y ejecución de la justicia.
Es por ello que tenemos que estar convencidos que la venganza es, sin lugar a duda, un impulso humano, resultado de un sentimiento negativo, casi siempre arraigado y no resuelto. La justicia, sin duda alguna es dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caso de que cada quien la trate de hacer por propia mano.
Los linchamientos son una conducta ilícita que no constituyen una vía para alcanzar la verdad y la justicia.
Luis Raúl González Pérez.