La justicia en nuestro país resulta inaccesible para millones de personas con discapacidad ¿Es justo que el sistema de justicia sea casi infranqueable? ¿Es justo que no puedan acceder a ella?
Justicia ¿Injusta?
Tratar un tema tan poco tomado en cuenta podría derivar en una opinión un tanto subjetiva, permítaseme explicarme: quien escribe es abogada desde hace ocho años, pero con una discapacidad desde hace poco más de tres años, lo cual me ha permitido observar desde otro ángulo lo injusto que puede ser el sistema de impartición de justicia en nuestro país.
Comencemos pues el desarrollo hablando del derecho que tenemos todos y todas de acceder a la justicia, derecho reconocido no sólo por nuestra Carta Magna sino también por instrumentos internacionales, leyes federales y leyes locales. Ya sabemos que México parece ser el país de las leyes casi perfectas y de la aplicación que jamás llega, contamos con leyes plagadas del “deber ser” y frente a ellas hay un México tan distante, un México que no logra aterrizar todo lo que en papel se deja plasmado, un país que requiere que se dé seguimiento a su legislación hasta lograr lo que sus postulados puedan visibilizarse por todos y todas.
El Estado debe garantizar el acceso a la justicia y ello incluye no sólo tener acceso a recursos efectivos para hacer valer nuestros derechos sino que además sea una justicia asequible para todos y para todas y no para unos cuantos, ya que de lo contrario estaríamos enraizando la discriminación hacia las personas con discapacidad al no contar con un sistema de justicia del que puedan gozar plenamente y al que puedan acceder incluso sin la ayuda legal, como ejemplo de ellos se encuentran las sentencias ciudadanas. No podemos hablar de una justicia verdaderamente existencial cuando no todos pueden lograr llegar a ella, cuando no todas las personas pueden exigir el pleno respeto y reconocimiento de sus derechos ante los tribunales ya sea locales o federales; ¿acaso no forma parte del desarrollo de los derechos humanos el contar con una justicia cercana a todos?
Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de los procesos judiciales y/o administrativos, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, el trato no adecuado por parte de los servidores públicos en los diferentes procedimientos, al igual que la modalidad en que los operadores judiciales interactúan con las personas con discapacidad; el desconocimiento por parte de los actores judiciales de la normativa vigente sobre discapacidad, entre otras situaciones.
Si el acceso a la justicia consiste en la capacidad equitativa para que las personas puedan ser escuchadas y para que también puedan participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos del sistema judicial sin que haya algún tipo de discriminación, ¿lo tenemos?
(In)accesibilidad de la Justicia
De acuerdo con la teoría de la justicia John Rawls, la plena realización del ser humano deriva de la más completa integración de los individuos en su comunidad; por consiguiente, en México las personas con discapacidad nos hayamos en exclusión. Poder contar con un acceso libre a una justicia ciudadana debe ser un principio y tener como base el respeto a la dignidad humana y el derecho a la igualdad; igualdad no desde una concepción “moderna” sino desde una perspectiva posmoderna buscando reivindicar la posibilidad de ser diferentes.
En un Estado Constitucional de Derecho, las instituciones deben entender la justicia no de mayorías, no de minorías, sino de todos; la posibilidad de reivindicar las diferencias significa arribar a una sociedad justa que reacciona frente a lo arbitrario; una sociedad justa que se conforme de ciudadanos libres e iguales. De ciudadanos que entienden y poseen el sentido de la justicia y lo aplican y obran según este principio.
En concordancia con lo anterior resulta indispensable señalar algunas barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a la justicia:
- Juzgados, Tribunales o Salas del Poder Judicial (local o federal) cuyo espacio físico es inaccesible.
- Falta de intérpretes de lengua de señas durante interrogatorios policiales o audiencias.
- Falta de la posibilidad de brindar las medicinas necesarias y tratamientos de salud requeridos para aquellas personas con discapacidad que están en prisión.
- Lenguaje colmado de tecnicismos jurídicos.
El aumento del acceso a la justicia para las personas con discapacidad implica realizar un trabajo con el fin de alcanzar un trato justo y según lo estipulado por la ley (lo cual incluye brindar una comunicación eficaz) y asegurar el proceso más apropiado para cada persona con discapacidad en todos los aspectos del sistema de impartición de justicia.
¿Cómo Debemos Actuar las Personas con Discapacidad?
Tal y como lo mencioné al inicio de este artículo, soy abogada y persona con discapacidad motriz adquirida, de acuerdo con mi experiencia, puedo decir que no es nada fácil luchar contra un sistema corrompido, contra un sistema de justicia que discrimina y menoscaba, pero no debemos abandonar nuestra lucha, por el contrario, debemos alzar más la voz, unirnos, hacer que las autoridades que no quieren escucharnos se vean obligadas a atender nuestras denuncias, lograr conjuntamente que la legislación tan adecuada que tenemos pueda por fin ser tangible. Debemos unirnos todos y todas, no sólo las personas con discapacidad, sino todas aquellas personas que quieren, que queremos, un México más incluyente; un México en el que ser una persona con discapacidad no sea una limitante, en el que ser mujer no implique discriminación, en el que se nos vea igual; un México en el que nuestras capacidades sean nuestra carta de presentación y no una silla de ruedas; un México en el que se nos dé la oportunidad de laborar, de colaborar, de trabajar hombro a hombro con nuestras autoridades; un México que nos vea y nos escuche, un país en el cual no seamos invisibles sino atendidos; en ese México es el que yo creo y por el que yo lucho. ¿Y ustedes?
“Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de los procesos judiciales y/o administrativos, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, el trato no adecuado por parte de los servidores públicos, la modalidad en que los operadores judiciales interactúan con las personas con discapacidad; el desconocimiento por parte de los actores judiciales de la normativa vigente sobre discapacidad, entre otros.”