El 25 de septiembre de 2019 venció el plazo para que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (IFPE) que operan bajo el amparo del artículo octavo transitorio de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”) solicitaran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la autorización correspondiente para continuar con sus operaciones ordinarias.
Por lo que hace a aquellas empresas que no se encontraban bajo el amparo del octavo transitorio y que realizaban actividades reguladas en la Ley, debieron abstenerse de continuar operando y realizado únicamente los actos tendientes a la conclusión de las operaciones, pues en caso de seguir pudieran ser sujetas a sanciones penales y administrativas. Por su parte, aquellas interesadas en constituir una nueva Institución de Tecnología Financiera, pueden iniciar su proceso de autorización ante la CNBV en cualquier momento, no obstante, sólo podrán operar hasta en tanto hayan obtenido la autorización correspondiente por parte de la CNBV previo acuerdo del Comité Interinstitucional (Banco de México, SHCP y CNBV).
Al respecto, mediante comunicado de prensa emitido por la CNBV el 26 de septiembre de 2019, la CNBV confirmó que 85 empresas solicitaron autorización para operar como Instituciones de Tecnología Financiera, de las cuales 60 solicitaron autorización para operar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Financiamiento Colectivo. Número que a la fecha cambió, como veremos más adelante.
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Ahora bien, como es sabido, la pandemia causada por el virus “Sars CoV-2 / Covid 19” que azotó el mundo entero, tuvo como consecuencia que los plazos en los que la CNBV debió resolver sobre la procedencia de las autorizaciones se viera suspendido, cuestión que afectó significativamente al sector.
Esto sin duda es un tema preocupante, pues hoy en día los usuarios e inversionistas no tienen certeza de que las Fintech en las que invierten su patrimonio, solicitan créditos y/o realizan sus transacciones, vayan a tener una licencia para continuar operando. Existe una verdadera incertidumbre sobre cuántas y cuáles de las Instituciones de Tecnología Financiera sobrevivirán al proceso, lo que deviene un impacto directo en el volumen de inversión y de usuarios de dichas plataformas, no sin dejar de lado la expectativa internacional sobre el impacto regulatorio y las consecuencias del mismo en el sector “Fintech” de nuestro país.
Por otra parte, la mayoría de las Instituciones de Tecnología Financiera que me ha tocado acompañar en este largo proceso, están ávidas de iniciar con rondas de inversión y levantamiento de capital para el desarrollo, crecimiento y posicionamiento de su negocio, sin embargo, estos procesos se han visto afectados significativamente por la propia incertidumbre en la falta de licencias.
En días pasados, Ernesto Calero, Director General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera de la CNBV, comentó que son 80 expedientes que están en revisión, 74 de empresas que operan bajo el amparo octavo transitorio de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y 6 de reciente creación, por lo que no pueden operar hasta tener la autorización respectiva. De esas 74, 50 son Instituciones de Fondo de Pago Electrónico y 24 de Financiamiento Colectivo. Como podemos observar, hoy son menos de aquellas que presentaran su solicitud en septiembre de 2019.
Una buena noticia es que –independientemente de la suspensión de plazos–, la CNBV continuó trabajando en la revisión de los expedientes durante la pandemia, lo que sin duda alguna ayuda bastante para que el proceso sea mas ágil y, tanto la CNBV como el Comité Interinstitucional estén en tiempo para emitir el dictamen correspondiente sobre las 80 solicitudes; dichos dictámenes se espera sean emitidos en la segunda o tercera semana de noviembre de este año, por lo que sí, la incertidumbre está por terminar. Esperemos los resultados sean positivos y esto sea un incentivo par que haya mayor inversión nacional y extranjera en este sector.
