En México, la separación de poderes surgió como una idea de pesos y contrapesos, cuyo fin es que el ejercicio del poder se distribuya entre varios cuerpos gubernativos para evitar que un poder invada esferas de competencia abusando de los otros, o que exista una gran concentración de facultades en uno solo. Actualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución General de la República, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
A pesar de lo anterior, pareciera que este sistema se ha debilitado. Hoy existe un Poder Legislativo al servicio del Poder Ejecutivo y es ahí donde destaca la importancia del Poder Judicial de la Federación como oposición y freno a la voluntad de un mandatario secundado por el cuerpo legislativo, lo que ha sido sello del presidente durante su periodo de mandato.
Actualmente el país se enfrenta a una situación política complicada, la cual ha encontrado en el Poder Judicial un freno ante tantas acciones que jurídicamente son cuestionables y han sido objeto de impugnación mediante demandas de amparo respecto a varios temas considerados como “prioritarios” para el gobierno al mando, como lo es el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas, el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil o la Consulta Popular para Enjuiciar a Ex Presidentes. Dichas acciones han sido motivo de descontento por parte de la población y seguramente impactarán de forma directa en el proceso electoral próximo a celebrarse en junio de este año.
Por lo anterior es que destaca la importancia de la autonomía del Poder Judicial para resolver los asuntos sin presiones ni consecuencias de índole político, siendo dicho poder quien deberá continuar velando por el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos que consagra el texto constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, pues es la forma de garantizar a los gobernados que es posible la existencia de una República libre de impunidad, donde los encargados de la impartición de justicia resuelven con apego a las normas y no por consigna política.
Para lograr la consolidación efectiva de un régimen de derecho democrático, resulta de vital importancia que las reformas al Poder Judicial sean analizadas minuciosamente y busquen la profesionalización del servicio en la carrera judicial, velando en todo momento por el correcto actuar de los funcionarios con apego a la ley.
En palabras de Montesquieu y en congruencia con el sistema de separación de poderes: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
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