La Guardia Nacional es una institución que funge como policía nacional (integrada por la polícia federal preventiva, Polícia Naval y Militar) y su función es ¨proporcionar seguridad pública a la nación¨, pero sin darse a conocer qué capacitación habrían recibido los transferidos para que cumplan con el perfil de policía civil. Principio del formulario
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Pero esta figura contradice la autonomía de las entidades federativas de acuerdo al numeral 21 de la carta magna. La cual fue creada por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, como parte de la estrategia del señor ciudadano presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para combatir la delincuencia organizada en el país. Y Ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero México ya tuvo en el pasado un cuerpo con este nombre que participó en episodios históricos como la lucha contra la invasión estadunidense acontecida entre 1846 y 1848 y la resistencia a la segunda intervención francesa, entre 1862 y 1867.
Estoy totalmente de acuerdo con la Comisión Nacional De los Derechos Humanos, el replanteamiento de la Guardia Nacional “generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios en materia de derechos humanos”.
Indudablemente cualquier gobernante debe de garantizar la paz, seguridad y la tranquilidad en el país, atendiendo las causas que originan la inseguridad, así como protegiendo a los ciudadanos por medio de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el respeto a los derechos humanos con apego a las reformas del 2008, 2011 y a los Tratados Internacionales.
La aprobación de la Guardia Nacional y las leyes que reglamentan el uso de la fuerza y el registro de detenciones en el país pone en riesgo la libertad, integridad, dignidad, privacidad, legalidad y se vulneran los derechos humanos protegidos, tutelados y gantizados en la Constitución Federal, ya que sin duda los deberes de las corporaciones policíacas y la vigilancia en los municipios y estados no son competencia de los grupos militares de acuerdo al artículo 129 constitucional porque institucionaliza la militarización de la seguridad pública. Ya que cada entidad tiene la libertad de presentar su plan o estrategia de combate a la inseguridad.
Definitivamente lejos de resolver el grave y preocupante problema de inseguridad que aqueja a los gobernados, pone en riesgo la libertad y se violan los derechos humanos y fundamentales, pero por desgracia a los señores legisladores y a los representantes del pueblo se les olvidó que las facultades y atribuciones mal aplicadas para la Guardia Nacional son únicamente del fiscal y de las autoridades auxuliares y locales, lo cual aunado a esto representa un golpe para el Federalismo, porque centralizan todas las tareas en el gobierno federal. Pero lo que se debe de incrementar son los recursos públicos para mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública (salarios dignos, capacitación, adiestramiento entre otros).
El numeral 16 constitucional del párrafo inicial es absolutamente claro y no deja resquicio alguno para interpretaciones y a la letra dice lo siguiente; Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Sin embargo la flamante Guardia Nacional, construida ella misma de manera violatoria de la Constitución, y atenta contra esa garantía expresa, ya que a diario en el País se transgrede el artículo y se incurre en errores con relación a los aspectos normativos aplicables a su práctica, lo que denota una grave carencia de conocimientos respecto de las reglas del Derecho relativas a la práctica policial al momento de hacer cumplir la ley, circunstancia que hace urgente un programa de capacitación que efectivamente las contemple.
En México la sociedad se ha tenido que acostumbrar a la existencia de puestos de revisión inconstitucionales en las carreteras, todos en sentido norte, con el supuesto objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ahora, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decretado que ya no hay guerra contra el narcotráfico, los retenes están dedicados a la triste tarea de frenar la migración, entonces y ahora haciendo el trabajo solicitado por el país vecino. Pero si los retenes militares estuvieran al servicio de los intereses de México, estarían colocados en el carril contrario, en la ruta de norte a sur, para tratar de frenar el tráfico de armas que desangra al país, pero ni antes fue ni ahora esto es así. Cualquier gobierno debe garantizar la paz y la tranquilidad en el país atendiendo las causas, factores que originan la inseguridad; apoyando el fortalecimiento amplio y plural de las familias; y a la vez asegurando empleo y educación a todos los jóvenes mexicanos, así como protegiendo a los ciudadanos y respetando los derechos humanos con las debidas reformas legales.
Es un error el pensar que la policía federal, ejército y la Marina vendrán a solucionar todos los problemas en materia de seguridad pública, sin considerar como se encuentran en este momentos después de estos años de desgaste inmersos en las calles y en enfrentamientos constantes. Lo que es una realidad es que los ciudadanos desean de inmediato el restablecimiento de la paz y orden en el país, pero sin embargo ninguna autoridad cuenta con la “varita mágica” para solucionar un problema que lleva más de una década.
Indudablemente el narcotráfico y la corrupción han creado un callejón sin salida para el Estado mexicano. La guerra contra el narcotráfico fue apoyada por el gobierno a través de la llamada Iniciativa Mérida (es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado), programa que en parte imitó el Plan Colombia (es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos) y buscó centrar el ataque a las organizaciones criminales en la captura de sus líderes. En la percepción del mandatario federal es seguir esta estrategia ha generalizado la catástrofe humanitaria que se vive por la extensión de la violencia y la ampliación del radio de acción de los grandes grupos criminales. En México, la imposición de la ley se hace efectiva mediante la fuerza castrense en más de la mitad de los estados del país. Pero por desgracia la ley no alcanza a los corruptos, por lo que muchas veces el esfuerzo de la guardia nacional es deficiente y fallida.
Estimado lector le envío un saludo a distancia.
