“La militarización oficial de la seguridad pública sin duda incrementará el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, ante la falta de capacitación del Ejército y de la Guardia Nacional”
Luego del anuncio del pasado 8 de agosto mediante el cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresara su intención de trasladar a la Guardia Nacional (GN) para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han surgido críticas en el ámbito jurídico y político del país, incluso fuera de nuestras fronteras. Pues resulta obvio que el titular del Ejecutivo Federal, sabedor de que no cuenta con la mayoría calificada para obtener la reforma constitucional correspondiente, pretende evitar un descalabro en el Congreso de la Unión, saltándose el proceso legislativo y la discusión parlamentaria, para de manera fast track y de forma autoritaria, ordenar a través un Decreto que la Guardia Nacional pase al mando de la Sedena.
Como ya se mencionó, para que se cumpla la voluntad del Presidente en el sentido de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena, modificando su naturaleza civil, jurídicamente es indispensable una reforma a la Constitución Federal aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Unión, ante la falta de quorum, el mandatario pretende una vez más darle vuelta al imperativo de la Constitución, pretendiendo con un Decreto, como en ocasiones anteriores, evadir lo ordenado por el Constituyente Permanente, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las acciones legales que sean promovidas por la oposición y la ciudadanía salvaguardando el marco constitucional.
Por lo que, el Decreto anunciado, en caso de ser materializado, sería a todas luces inconstitucional al contravenir expresamente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el espíritu del Decreto de creación de la Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2019, en cuyo artículo 4 establece expresamente: “La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría”. Resulta importante que el titular del Ejecutivo Federal entienda que para tratar de evadir el cumplimiento de la Ley Suprema no puede emitir sistemáticamente actos, leyes o decretos contrarios a la Constitución y que estos cobren vigencia hasta que la SCJN declare su invalidez por inconstitucionales. El verdadero Estado de Derecho comienza por el Presidente y consiste en acatar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin continuar realizando actos ilegales y violatorios de la misma. Evitando así, trámites ociosos ante la Corte que llevan a la polarización nacional y a una constante presión del gobierno hacia los integrantes del Alto Tribunal, sobre todo respecto de los Ministros que fueron designados a propuesta del Presidente y avalados por los senadores miembros de su partido.
Resulta claro que AMLO, en contradicción a diversas expresiones realizadas cuando era oposición en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en rechazo a la militarización del país, ahora ante las delicadas circunstancias de inseguridad ha cambiado de opinión y pretende ilegalmente modificar la naturaleza jurídica civil de la Guardia Nacional, que es el órgano de seguridad más importante del país, y en algunas regiones el único; para que por voluntad presidencial la corporación forme parte de las fuerzas castrenses, independientemente de la grave trasgresión a la Carta Magna, antes de cometer dicho acto se debería realizar un estudio serio respecto del impacto, las consecuencias, y el riesgo que para el Estado Mexicano y para el propio Ejército Nacional se correrá en caso de que la integración se llegue a consumar.
Este preocupante anuncio presidencial se enmarca en medio de la peor crisis de inseguridad en el país en los últimos sexenios y ante una creciente desconfianza ciudadana al existir voces que aseguran que en algunas regiones la GN tiene nexos con la delincuencia, y en el momento en que el Ejército Mexicano ha cobrado una fuerza desmedida, haciéndose cargo inusualmente de algunas de las actividades más importantes de la vida nacional como migración, aduanas, puertos marítimos, resguardo y repartición de boletas electorales, vacunas anticovid y obra pública. Por lo que resulta indispensable que el Presidente y el propio Secretario de la Defensa Nacional analicen y dimensionen la procedencia y factibilidad de esta propuesta, no solamente respecto de la flagrante violación a la Constitución, sino que particularmente al hecho de exponer al Ejército Mexicano al poder corruptor de la delincuencia organizada.
“El Presidente y el Secretario de la Defensa Nacional deben analizar y dimensionar la procedencia y factibilidad de esta propuesta, no solamente respecto de la flagrante violación a la Constitución, sino que particularmente al hecho de exponer al Ejército Mexicano al poder corruptor de la delincuencia organizada.”
Ante los lamentables acontecimiento de violencia registrados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Zacatecas en días recientes, que incluso una parte de la sociedad mexicana y el extranjero han catalogado como actos de terrorismo al ser blanco de la delincuencia diversos establecimientos de comercio y la población en general, se genera una necesidad imperiosa y prioritaria de fortalecer a la Guardia Nacional en diversos renglones como capacitación, adiestramiento, salario y labores de investigación, desde el mando civil y no a través de su incorporación a las fuerzas militares. Opinión a la que se han sumado la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien urgió al presidente a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional y no sea trasladada a la Secretaría de la Defensa Nacional; opinando en el mismo sentido Amnistía Internacional, diversos actores políticos como la dirigencia del PRI, el coordinador del PRD, el presidente del PAN, y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, así como organizaciones civiles, que se han pronunciado en contra de la militarización del país. Al respecto, cabe preguntarnos: ¿es realmente la solución a los problemas de inseguridad hacer que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena?
Frente a las interminables críticas a la política presidencial de seguridad pública de “abrazos, no balazos”, el Gobierno Federal constantemente minimiza los acontecimientos de violencia del país, y es necesario reflexionar respecto de si la incorporación de la GN a la Sedena es la verdadera solución para terminar con el problema de inseguridad, partiendo de la premisa de reconocer que no se ha logrado la consolidación de la estructura, administración y operatividad de la Guardia Nacional, y difícilmente se podrá llevar a cabo durante los 19 meses que faltan para que se cumpla el plazo establecido en el citado artículo Quinto Transitorio de la Constitución, para que el Ejército y la Marina dejen de realizar actos de seguridad pública y combate a la delincuencia.
Es incuestionable que la Guardia Nacional está lejos de llegar a la madurez para afrontar con eficacia las labores para las que fue creada, y según datos de la propia presidencia, la corporación desde su nacimiento se conformó con personal de la extinta Policía Federal, pero en su mayoría, casi un 80 %, está formada por personal asignado al Ejército y a la Secretaría de Marina, lo que sin duda pone en tela de juicio la continuación de esta corporación después del 2024, pues a más de 40 meses de su funcionamiento sigue dependiendo en su mayoría del mando y estructura de las fuerzas militares, con muy pobres resultados en la conformación, reclutamiento y adiestramiento propio, abriendo una preocupación enorme para gobernantes y gobernados por los cada vez más frecuentes señalamientos de corrupción. Por lo que se considera que el hecho de trasladar oficialmente la Guardia Nacional al mando de la Sedena, no soluciona a corto ni mediano plazo los graves problemas de inseguridad, ante una incapaz, temerosa, amenazada y en muchas ocasiones corrupta policía estatal y municipal.
“La Guardia Nacional sigue dependiendo en su mayoría del mando y estructura de las fuerzas militares, con muy pobres resultados en la conformación, reclutamiento y adiestramiento propio, abriendo una preocupación enorme para gobernantes y gobernados por los cada vez más frecuentes señalamientos de corrupción.”
En conclusión, en poco o en nada cambiaría la situación trasladando a la corporación jurídicamente a los mandos militares, misma que ha hecho frente con desventajas a una delincuencia cada vez más organizada, con mayores recursos económicos, de inteligencia y hasta con mejor capacitación y armamento. Invitando a que el Presidente y el Secretario de la Defensa Nacional dimensionen el alto riesgo que corre la Sedena de poder verse infiltrada en algunas zonas del país por los grupos delincuenciales que cada día ganan más espacios en la sociedad y hasta en la vida política de México.
Por otro lado, también es oportuno preguntarnos: ¿es realmente conveniente darle más atribuciones, facultades y responsabilidades a la Sedena? Al respecto, son pocos los estados de la República que han asumido su responsabilidad de dignificar sus policías locales, brindando mejores salarios, profesionalización y capacitación, por lo que el deterioro de las corporaciones es uno de los principales motivos para que las fuerzas policiacas estatales y municipales sean blanco de corrupción de los grupos delincuenciales que por cuestiones económica o por intimidación o amenazas, acceden a brindar protección al crimen organizado, viéndose el Estado mexicano en la necesidad de echar mano del ejército mexicano para llevar a cabo labores de seguridad pública que corresponden constitucionalmente a las fuerzas de seguridad civil.
En este sexenio, por instrucciones del Presidente de la República, como ya se ha mencionado, se le han otorgado múltiples responsabilidades al Ejército Mexicano, que han fortalecido a las fuerzas castrenses, pasando por la asignación directa de las obras emblemáticas de la 4T como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya, que han sido materia de diversas críticas debido a la falta de transparencia dentro del manejo de los recursos y asignación directa de contratos y caracterizadas por una nula rendición de cuentas. Motivo por el que es importante reflexionar respecto de la factibilidad de darle más facultades a la Defensa Nacional, tanto por el cúmulo de atribuciones constitucionales que le serían entregadas, como por las presunciones de que la GN en algunas regiones del país ha sido corrompida, incluso se sabe que ha brindado protección a la delincuencia, por lo que no es riesgoso entregarle jurídicamente las labores de seguridad de todo el Estado Mexicano, ya que la militarización de la seguridad de facto la hemos vivido en los últimos 15 años y los índices de violencia e inseguridad no han disminuido. Sobre todo, ante el inminente riesgo de abrirle la puerta a la delincuencia para que tenga acceso a la principal institución encargada de defender la soberanía nacional.
La militarización oficial de la seguridad pública sin duda incrementará el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, ante la falta de capacitación del Ejército y de la Guardia Nacional para realizar labores de investigación de los delitos que serían de su competencia dentro de los nuevos paradigmas jurídicos, en el contexto del Sistema Penal Acusatorio, sin duda, la capacitación castrense es diametralmente distinta a la que debe tener la principal corporación de seguridad pública en este país y pretender modificar la mentalidad y formación de los miembros del Ejército para capacitar a los integrantes de la Guardia Nacional tomaría mucho más años que tratar de consagrarla desde un mando civil.
“El Decreto anunciado sería a todas luces inconstitucional al contravenir expresamente el artículo 21 de la Constitución y el espíritu del Decreto de creación de la Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2019.”
