La errada infraestructura pública

En artículos anteriores se ha tratado del tema de la inclusión, abordándola desde diversas perspectivas, sin embargo, la mayoría de la población desconoce que la inclusión no tiene sólo que ver con el género sino con todos, por ello esta ocasión abordaremos el tema de una infraestructura que debiera ser inclusiva: la infraestructura pública.

Infraestructura inclusiva

Mucho hemos dicho de inclusión, quien escribe ha redactado diversos artículos para ésta revista jurídica, y con todo ello es increíble notar la poca información que la población en general tiene respecto a ella.

Iniciaré éste artículo con una anécdota un tanto personal: Hace unos días postee una foto de un baño que pertenecía a un hospital (particular) en el Estado de Tlaxcala, en dicha imagen podía verse una puerta muy pequeña (angosta) donde las personas “normales” apenas pueden ingresar, pegada a la puerta había un letrero que indicaba que el baño era para ambos sexos (femenino y masculino), con dicha imagen acompañé un texto en donde preguntaba dónde quedaba la infraestructura inclusiva.

Las respuestas no se hicieron esperar, realmente cualquiera se imaginaría la indignación que causaría una puerta y un baño de ese tipo en un hospital pero lo que comenzó a debatirse fue si la puerta y el baño eran o no inclusivos porque contemplaba a ambos géneros tanto a la mujer como al hombre; por ende tuve que explicar que no sólo tiene que ver con ello sino también con las personas con discapacidad, entre ellos los usuarios de silla de ruedas que no podemos acceder al servicio por no ser una infraestructura correcta.

Hasta aquí la anécdota; cuesta creer que los seres humanos seamos un tanto egoístas como para pensar únicamente en lo que se considera como “persona normal”, cuesta pensar que nadie de los que respondieron se pusieron en los zapatos de otros y sólo vieron en la imagen una cuestión de género; así, precisamente así, es como inicia la invisibilización de las personas con discapacidad, es en ese punto donde nuestras voces no se escuchan, donde nuestros reclamos son tirados por la borda, donde nuestros derechos no son respetados ni por autoridades ni por nuestros semejantes.

Reflexionemos por un breve instante ¿qué requiere un lugar público (cualquiera que se imaginen) para ser inclusivo? Pues bien, una infraestructura incluyente es aquella que vela por ser accesible para todos los sectores de la población, incluyendo claro está a las personas con discapacidad.

Constituye un derecho humano el poder acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, es un derecho humano poder transitar libremente sin ningún tipo de barrera, ni siquiera arquitectónicas, ¿entonces por qué se permite que las autoridades construyan sin voltear a ver a las personas con discapacidad?

Incluso los negocios que son abiertos al público deben adecuarse para permitir que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos; aquí debo añadir que existe legislaciones locales que establecen multas para aquellos negocios y/o locales que no cumplan con los requisitos de dar accesibilidad, pero desgraciadamente los ayuntamientos no los hacen valer porque está claro que prefieren otorgar licencias de funcionamiento sin verificar ello ya que representa un ingreso económico para el municipio.

De ese modo se inicia una cadena de irrespeto a los derechos humanos que va de lo menos a lo más, que va de un negocio inaccesible a oficinas de gobierno con arquitectura no inclusiva, que va desde un pequeño municipio a un Estado y de éste a una nación.

¿Retos imposibles?

No me alcanzarían los dedos de mis manos para contar la infinidad de escritos que se han presentado ante autoridades peticionando ya sea rampas, elevadores, semáforos incluyentes, o cualquier otra adecuación; no me alcanzarían tampoco si quisiera contar cuántas veces la autoridad ha guardado silencio y no ha dado respuesta, lo que conocemos en el argot jurídico como una negativa ficta.

Crear infraestructura incluyente, modelos arquitectónicos que tomen en cuenta a todos ¿representa de verdad un reto que no puede cumplirse?, NO, al contrario, representa lo mínimo que el Estado mexicano debe hacer, son medidas mínimas que son necesarias para todos y además de ello, es UNA OBLIGACIÓN contenida en Tratados Internacionales, por ende, ante dicha obligación tenemos el irrevocable derecho de exigir su cumplimiento, no importa si es de manera gradual, el hecho es que DEBE hacerse.

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