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La Elección de Integrantes del Consejo General del INE

En la Opinión de

“El proceso de selección y designación de titulares e integrantes de diversos poderes y organismos públicos se trata de un derecho humano sujeto a tutela judicial efectiva, a nivel interno, mediante el juicio electoral para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.”

En nuestro país, tanto la Constitución General como las particulares de las entidades federativas regulan con mayor o menor detalle procesos de selección y designación de titulares e integrantes de diversos poderes y organismos públicos, incluidos desde luego órganos colegiados en los poderes judiciales federal y locales. Se trata de un procedimiento de selección de personal altamente calificado con delicadas responsabilidades mediante la elección indirecta para ocupar cargos públicos; derecho humano reconocido tanto en el artículo 35, fracción VI, de nuestra Constitución General, como en el artículo 25. c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se trata de un derecho humano sujeto a tutela judicial efectiva, a nivel interno, mediante el juicio electoral para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, previsto en el artículo 3.2. b) y regulado por los artículos 36 a 41, todos de la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicada recientemente (DOF, 3 de marzo de 2023). A nivel interamericano, reconocido por el artículo 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como todos recordamos, desde que a finales del siglo XIX se echó abajo en México la tesis jurisprudencial de la incompetencia de origen, el juicio de amparo se volvió improcedente en materia electoral, así se mantiene como resultado de aquella confrontación entre Poder Judicial y poder político, confrontación que nunca termina. Pero que ahora existan en nuestro país hasta dos tribunales constitucionales para la protección de tales derechos político-electorales, la SCJN y el TEPJF, lamentablemente sirve para muy poco, como veremos en seguida.

Hasta el momento, en la Constitución General el mayor detalle en ese tipo de procesos de designación ha sido logrado en la selección, evaluación y elección de los integrantes del Consejo General, órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral (INE); cuyo desarrollo resumo brevemente. Desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), primero los consejeros magistrados, después los consejeros ciudadanos y, finalmente, los consejeros electorales, integrantes de dicho Consejo General, fueron designados mediante el procedimiento legislativo tradicional de estudio y dictamen de las comisiones legislativas. La diferencia estuvo marcada por la mayoría calificada para su elección, la cual dio paso al conocido “sistema de cuotas” entre las diversas fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados. Esta confirmación de la visión patrimonialista en la repartición de los cargos públicos, a pesar de sus insuficiencias, mal que bien permitió el paso a elecciones auténticas y a la alternancia partidista en los poderes públicos.

En la reforma constitucional de 2014 (DOF de 10 de febrero de 2014), surgió la figura del Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, dice la Constitución, designadas dos de ellas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos más por otro órgano constitucional autónomo, el previsto en el artículo 6º constitucional para garantizar la transparencia de la información y la protección de datos personales –el INAI–, así como tres más designadas por la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados que reúne a los coordinadores de los grupos parlamentarios y toma sus decisiones mediante el voto ponderado de sus integrantes.

El pasado 17 de febrero de 2023, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados emitió una segunda convocatoria para el proceso de elección del presidente o presidenta y tres consejeros del Consejo General del INE, pues la primera convocatoria había sido impugnada con éxito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, dicho éxito fue muy relativo pues las etapas y fases del proceso de selección, evaluación y elección de aspirantes se mantuvieron sometidas a la opacidad y discrecionalidad de los actores que protagonizan las decisiones estratégicas a lo largo del proceso: la Jucopo y el CTE.

Un ejemplo de lo que aquí afirmo fue la aplicación del examen de conocimientos a los aspirantes y la revisión de los resultados en caso de inconformidad. El examen fue aplicado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, para lo cual los aspirantes utilizaron las computadoras disponibles en cada una de las curules. A pesar de esto, el resultado del examen no fue dado a conocer de inmediato al aspirante al momento de enviarlo a la base de datos –como sucede en los exámenes en el Poder Judicial de la Federación, donde se utiliza un lector óptico para calificar de inmediato–, ni mucho menos se hizo pública la calificación obtenida –como también sucede en el Poder Judicial de la Federación (PJF)–; aunque había una pantalla gigante en el salón de sesiones en la que se dio instrucciones a los aspirantes para la sesión académica correspondiente.

Peor aún, en el caso de quienes solicitaron revisión del examen no hubo un testigo documental ni digital contra el cual acreditar o desacreditar que efectivamente sus respuestas habían sido incorrectas. El sistema de cómputo señalaba las respuestas supuestamente equivocadas, pero no había posibilidad de acreditar fehacientemente que en efecto se había dado esa respuesta. Tampoco hubo la posibilidad de cuestionar si la respuesta supuestamente correcta en efecto era la correcta.

“En el caso de quienes solicitaron revisión del examen no hubo un testigo documental ni digital contra el cual acreditar o desacreditar que efectivamente sus respuestas habían sido incorrectas.”

En los estrados electrónicos del TEPJF es posible constatar que más de veinte aspirantes impugnaron tanto la lista de calificaciones como la lista de personas aspirantes que pasaron a la siguiente fase de evaluación de idoneidad –después viene la entrevista y luego la elaboración de las quintetas, sin parámetro específico alguno para calificar ni decidir–. Por cierto, hasta la fecha el currículum vítae, la exposición de motivos y el ensayo entregados por los aspirantes se mantiene en total opacidad, pues no están disponibles para acceso público, no obstante que el principio de máxima publicidad es uno de los que regulan la función estatal electoral y este proceso específico, según la convocatoria. La prueba irrefutable ofrecida respecto a la opacidad denunciada es la página www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx

En la sesión del día 15 de marzo de 2023, la Sala Superior del TEPJF declaró infundados e inoperantes los agravios expresados por los inconformes -entre otras razones por tratarse de actos consentidos-, no obstante haberse ofrecido las pruebas técnicas y periciales relativas a la huella digital informática, el sistema operativo del examen, a efecto de comprobar o refutar el agravio consistente en la manipulación del examen –por ejemplo, bajar la calificación a los aspirantes con mejor perfil profesional– y sus resultados. Pero ni se contestó dicho agravio ni se admitieron las pruebas ofrecidas para probarlo –por ejemplo, las notas de prensa que oportunamente dieron a conocer múltiples irregularidades y los testimonios vertidos en redes sociales que las detallaban–. Así es que la Sala Superior simplemente confirmó la validez de los actos impugnados.

“La Sala Superior del TEPJF declaró infundados e inoperantes los agravios expresados por los inconformes, no obstante haberse ofrecido las pruebas técnicas y periciales relativas a la huella digital informática, el sistema operativo del examen.”

Como es de todos conocido, en los días presentes hay una confrontación evidente entre el Poder Judicial de la Federación y el poder político, entendido o representado por el titular del Ejecutivo Federal y la mayoría legislativa que lo apoya en las cámaras federales –como en el siglo XIX–. Así es que para algunos de quienes obtuvieron sentencias desfavorables ante los hechos y agravios narrados o para quienes conocen ahora de su existencia, el sentido de las resoluciones dictadas de inmediato al día siguiente de presentadas algunas demandas, obedecen a un acto de sumisión y cobardía de la Sala Superior frente al poder político. Aunque, para otros, puede ser solamente parte de una estrategia en este “juego de vencidas” que presenciamos los ciudadanos mexicanos entre el Poder Judicial y el poder político –puede haber otras opciones, como el pago de favores o la franca corrupción–. En cualquier hipótesis, la tutela judicial efectiva de los derechos de la ciudadanía pagó las consecuencias.

Por lo pronto, presenté de inmediato mi solicitud de medidas cautelares –las mismas que me negó la Sala Superior a causa de los agravios “infundados e inoperantes”– a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Espero que mi asunto con la petición correspondiente algún día sea resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que con una sentencia vinculante se ponga fin a la simulación y la mentira en todos estos procesos regulados en nuestras constituciones; aunque los exámenes sean realizados en el salón de sesiones del Congreso General, para mayor burla aún.

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