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Diferencia entre AMLO y la Corte por Prisión Preventiva en delitos fiscales

Recientemente por mayoría de ocho votos el pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió invalidar los artículos que ordenaban la prisión preventiva oficiosa para quienes cometían los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos (factureros).

Tras el fallo de la Corte, el Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, explicó que esta figura viola la presunción de inocencia, misma que quedó garantizada en el relativamente nuevo sistema Penal Acusatorio, esta reforma judicial que se ha considerado histórica, pero aún es poco entendida, así como su comunicación social ha sido deficiente, que intenta poner un freno al abuso de la prisión preventiva oficiosa para poder brindar una justicia más transparente y dar la oportunidad de una defensa oportuna al imputado.

El Ministro Zaldívar argumentó que la prisión preventiva oficiosa se trata de una condena sin sentencia y que afecta mucho más a los pobres que carecen de una defensa de calidad, lo que pudiera considerarse un argumento de doble filo pues pone en evidencia a la defensoría pública que debería ser un bastión en la impartición de la justicia en México. Destacó que esta figura debería ser una medida cautelar excepcional, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando prioridad a la investigación, lo que implica el trabajo de calidad de los Ministerios Públicos y Fiscalías que proporcionen las pruebas suficientes para que el juez pueda dictar prisión preventiva justificada. Esta decisión de la Corte se presenta en un momento en el que la CIDH está por pronunciarse en el caso de un mexicano acusado de asesinato que tiene diecisiete años en prisión preventiva oficiosa sin que se le haya dictado una sentencia, por lo que este fallo pudiera estar ligado a una discusión más amplia y relevante en la garantía los derechos humanos de los justiciables.

La defraudación fiscal y la elaboración de facturas falsas fueron incluidos en el catálogo del artículo 19 por iniciativa del Ejecutivo fundamentado en que se daña al erario e impacta en la seguridad nacional, por lo que Andrés Manuel López Obrador, molesto, en una conferencia mañanera declaró que el Poder Judicial sigue sirviendo a los delincuentes de cuello blanco, que protegía a los fifís y al pueblo raso lo desprotege.

A pesar de la reforma al sistema penal, los números de impunidad parecen no tener punto de inflexión, por lo tanto la confianza de los justiciables en el sistema de justica se agrava al no entender los preceptos de este sistema adversarial que privilegia las medidas cautelares sobre las punitivas, lo que no quiere decir que el papel de las autoridades se demerite o se limite, al contrario, deberían ser las investigaciones eficientes y exhaustivas, sin corrupción, para que la justicia sea verdaderamente expedita y no se vulnere a los grupos más desprotegidos y tampoco queden en impunidad los delincuentes de cuello blanco.

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