La compra del voto y la pérdida de la ciudadanía

La ciudadanía es una calidad que se ejerce a plenitud cuando se participa en los asuntos públicos, cuando junto con las demás personas que integran la comunidad (que puede ser lo mismo en una colonia o en todo el país) se delibera sobre los temas comunes y se participa en la toma de decisiones.

Normalmente se analiza la pérdida de la ciudadanía desde una óptica exclusivamente jurídica, obviando que, en la práctica, existen otras situaciones que privan de su ejercicio.

Algunas de estas situaciones son evidentes, como la carencia de la credencial para votar. Pero otras formas son más sutiles, y por lo mismo perniciosas, por ejemplo la situación de las personas enfermas o de quienes viven con una discapacidad y no pueden acudir a votar. De igual forma el envejecimiento, asociado con cuestiones de salud, también limita la posibilidad del voto dado que no contamos con el sufragio desde casa o el voto por Internet para esos casos.

Ahí la democracia mexicana tiene un pendiente.

Pero hoy me centro en otro punto: la compra del voto, que además de ser un ilícito, constituye un caso de pérdida en la práctica de la ciudadanía, porque implica renunciar a la voluntad propia para beneficiar a quien compra el voto.

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Vamos por partes. Según los datos publicados por el CONEVAL sobre el año 2018, en México tenemos 52.4 millones de personas en pobreza, en pobreza extrema el número es de 9.3 millones, la población vulnerable por razón de sus ingresos llega a 8.6 millones, mientras que 36.7 millones de mexicanas y mexicanos son vulnerables por carencias sociales, lo que incluye rubros como acceso a servicios de salud, rezago educativo y acceso a la seguridad social.

Ahí, en la desigualdad, está el riesgo a perder en la práctica la calidad de ciudadana o ciudadano. Ahí nace el injusto, ilegal y e inmoral mercado de la compra de votos.

Si nos vamos a los datos de la encuesta nacional “Democracia sin pobreza” levantada en 2018, tenemos que el 33.5 % de las personas encuestadas estuvieron expuestas a la compra de votos por algún partido. Conforme a la misma encuesta el 78.9 % de quienes recibieron algún objeto ofrecido por partidos o candidaturas asumieron que no les causaría ningún problema si no votaban por quien les había dado el presente.

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La desigualdad de nuestro país es el caldo de cultivo, y hay quienes lo han utilizado para, por medio de la compra del voto, privar a ciudadanas y ciudadanos de su calidad de sujetos del Estado, volviéndolos objeto de un ilícito acto mercantil.

Los datos son interesantes. Si quienes reciben el objeto corruptor (que puede ser dinero u otro bien) no se sienten en su mayoría obligados a votar a favor de quien quiere lograr su voto, entonces la compra parece inútil. Sin embargo, me parece que esto merece un análisis más sutil, pues dependiendo de la necesidad de la persona que recibe, del poder de quien ofrece, e incluso del contexto, el efecto puede ser mayor en una entidad que en otra.

Así a mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad, mayor tentación de comprar el voto y, posiblemente, mayor expectativa de que la ciudadana o ciudadano efectivamente sufrague conforme la instrucción recibida.

El voto debe ser un ejercicio producto de la íntima y libre deliberación de quien lo hace, de otra forma no es un ejercicio de ciudadanía. Quien vota conforme su criterio es un sujeto del Estado porque participa efectivamente en la conformación de la voluntad nacional, quien lo hace habiendo vendido su voto es tratado como objeto, pierde en los hechos su calidad de ciudadano o ciudadana.

La adecuada fiscalización a los partidos, la existencia y cumplimiento de las reglas de operación de los programas de los tres ámbitos de gobierno, así como las acciones para evitar que de fuentes ilegales se introduzca dinero en las elecciones, son algunas de las acciones que, a muy grandes trazos, tienen por objeto evitar la compra del voto. Exigen desde luego la colaboración de distintas instancias y la atención de la sociedad, además es posible que sea necesario revisarlas integralmente para asegurarnos que el marco legal actual es el adecuado, o para ajustarlo en caso contrario.

La compra de votos es ilegal, inmoral e injusta. Es también la negación misma de la democracia al pretender destruir uno de sus elementos: la ciudadanía.

 

 

 

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