En los últimos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su “mañanera”, una iniciativa para que diferentes Secretarías absorban a dependencias descentralizadas o desconcentradas, que sería entregada al Senado en los próximos días.
Está “integración” hace referencia a la austeridad que ha promovido desde el inicio de su mandato y que busca hacer más eficientes los recursos económicos, sin alterar la eficacia del servicio público.
Una de las tantas integraciones que se contemplan en esta iniciativa es la absorción de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) por el Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual no solo representa una iniciativa en perjuicio para esta Comisión, sino también un retroceso y transgresión a los derechos humanos de las personas que buscan refugio en México.
Si bien es cierto que ambas Instituciones tienen como objetivo principal apoyar a personas en contexto de movilidad, también es cierto que el enfoque es diferente. Por un lado, COMAR representa un puente legal para otorgar refugio a personas que salen de su lugar de origen por motivos de violencia, conflictos armados o persecución. Por el otro, el INM es el encargado de regular la entrada y salida de personas extranjeras y nacionales del país, por lo que su visión y su labor, no solo es distinta, sino ajena a temas de derechos humanos de personas refugiadas.
Asimismo, la posibilidad de que ambos organismos puedan “colaborar” de manera conjunta, representaría la subordinación de la COMAR anulando la autonomía con la que ha venido trabajando desde hace más de 40 años, trayectoria que en reiteradas ocasiones ha sido congratulada por diferentes organismos internacionales, así como por el Gobierno mexicano.
Reforzando los argumentos sobre la errónea iniciativa de que el INM absorba a la Comisión, recordemos que el Instituto protagonizó desafortunados actos violatorios de derechos humanos contra integrantes de las caravanas migrantes, en los que aprehendieron ilegalmente a personas migrantes justificándose en sus atribuciones, situación que deja en el aire las verdaderas intenciones de está posible fusión.
Puede que el Presidente realice estos actos siendo coherente a su política pública de austeridad, sin embargo; el mensaje que transmite hacia las personas, las organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones protectoras de derechos humanos, es la poca preocupación de que México sea un Estado garante de los derechos de cualquier persona, sin importar su situación migratoria.
