La responsabilidad de una autoridad debe enmarcarse en la legalidad y si hablamos de la máxima autoridad de un país, es decir, del Presidente de la República, tiene más impacto e implicaciones que las simples declaraciones, dichos o acciones que las de cualquier ciudadano. En México el movimiento autodenominado 4T (cuarta transformación), ha tenido como estrategia la descalificación. La crítica y autocritica siempre debe ser un punto de partida para mejorar, sobre todo cuando se trata de instituciones que salvaguardan derechos civiles fundamentales, pero en una joven democracia como la mexicana, el ataque sistemático a las instituciones vulnera su legitimidad y pone en riesgo los avances incipientes en autonomía y rendición de cuentas.
Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegura que la corrupción es un hecho del pasado y que la honestidad puede reemplazar a los órganos garantes de rendición de cuentas y transparencia, los datos indican otra realidad. En diferentes ocasiones, organizaciones de la sociedad civil han exhibido la opacidad con la que aún opera el gobierno, reservando o negando el acceso a información relativa a los proyectos emblemáticos, licitaciones y contratos públicos. En el último informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las impugnaciones en materia de acceso a la información presentan un incremento del 16.7 % respecto al año anterior.
Los ataques al árbitro electoral y a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes del Poder Judicial no han cesado, incluso son casi un tema cotidiano de agenda del Presidente. Incidentes como la quema de una figura de cartón de la Ministra Norma Piña o la reciente suspensión de la reforma electoral y el veto de comisionados del INAI que han puesto en jaque el funcionamiento del organismo, parecen afrentas contra las facultades constitucionales de órganos garantes de rendición de cuentas o las instituciones que ejercen su autonomía constitucional.
El discurso beligerante contra servidores públicos e instituciones ha ido en aumento conforme se acerca el final de la administración de AMLO, así como la violencia, sobre todo digital, hacia aquellos que subrayan las fallas u omisiones de su administración.
“En el último informe de labores del INAI, las impugnaciones en materia de acceso a la información presentan un incremento del 16.7 % respecto al año anterior.”
Los órganos autónomos
“No podemos pensar que va a llegar alguna iniciativa y va a eliminar los OCAs, se trata de instituciones públicas que garantizan, promueven y protegen derechos humanos, por lo tanto, deben permanecer y los debemos fortalecer”: Marco Antonio Zeind Chávez.
En enero de 2021 AMLO, junto a su gabinete legal y ampliado, consideraron la viabilidad de la desaparición de los organismos autónomos y pasar sus funciones a secretarías del Estado. Desde aquel momento el aparato gubernamental rechazó que fuera una afrenta a los contrapesos.
La critica es que, al haber sido creados en el periodo neoliberal para favorecer a los privados, son aparatos muy costosos y no son imprescindibles “porque ya existe el gobierno”. Bajo la premisa del cambio, el Presidente asegura que estos ya no son necesarios y que las secretarías de Estado pueden absorber las funciones de esos organismos sin generar costos extra.
Sin embargo, el Dr. Marco Antonio Zeind Chávez, catedrático de la UNAM, señala que el objetivo de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) es ser un contrapeso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y fortalecer y mejorar continuamente las casi 200 instituciones que existen en el país.
Zeind Chávez asegura que “No podemos pensar que va a llegar alguna iniciativa y va a eliminar los OCAs, se trata de instituciones públicas que garantizan, promueven y protegen derechos humanos, por lo tanto, deben permanecer y los debemos fortalecer”.[1]
No obstante, López Obrador insiste en que su sucesor deberá realizar una reforma para “eliminar todos esos organismos que se crearon en la época del saqueo y de la corrupción”. Existen nueve órganos constitucionalmente autónomos: Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
López Obrador señala que ese andamiaje “era parte del encubrimiento, porque como el propósito del gobierno era facilitar el traslado, la transferencia de bienes de la nación y del pueblo a particulares, ese era su función básica, facilitar el saqueo, Por eso esto, y crearon todos estos aparatos, además, autónomos para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente”.
Curiosamente, los más criticados y atacados por el gobierno de la 4T han sido el árbitro electoral y el instituto de transparencia, los cuales han estado en el ojo del Presidente desde el inicio de su administración. Como es bien sabido, se aprobó por la mayoría de Morena en el Congreso una reforma electoral que, si bien no se concretó en sus términos iniciales que pretendían borrar o “destazar” al Instituto, sí se hicieron modificaciones para acortar facultades y estructura del árbitro electoral, mejor conocido como el Plan B.
Mientras que para el INAI el Senado de la República retrasó un año la elección de Comisionados, un mes antes de que el Pleno quedara imposibilitado de sesionar por falta de integrantes, pues el 1º de abril de este año quedarían solo cuatro comisionados y legalmente el Instituto requiere de al menos cinco integrantes para hacerlo legalmente. Se seleccionaron a dos personas que fueron vetadas por el Presidente, acotando aún más el tiempo del Senado y poniendo en riesgo de inoperancia al Instituto.
Tanto el INE como el INAI, presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el primero para dejar sin efectos el Plan B, el segundo para exigir el nombramiento de comisionados y poder garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de los mexicanos.
No hay democracia que pueda vivir sin transparencia
Desde abril de 2022 debieron ser nombrados dos comisionados para integrar el Pleno del INAI, sin embargo, fue hasta el 1º de marzo de este año que el Senado, entre reclamos, eligió a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, sin embargo, el Ejecutivo hizo uso de su derecho y veto ambos nombramientos.
La decisión del Presidente se dio dos semanas antes de que terminara el periodo del comisionado Javier Acuña Llamas, lo cual dejaría al Instituto con solo cuatro integrantes del Pleno, con lo que se reactivó el riesgo de quedar sin el quórum legal necesario para sesionar. A pesar de que el INAI meses antes pidió que se hicieran los nombramientos y ante la situación, el 27 de marzo, el Pleno acordó presentar una controversia constitucional por la falta de nombramientos para cubrir las vacantes, pues se vulnera de manera directa el diseño institucional establecido por la Constitución, con lo que se trasgrede el principio de colegialidad e inhabilitaría al Pleno para sesionar válidamente.
Por lo anterior, el INAI solicitó a la SCJN ordenar al Senado culminar el proceso de designación y, en tanto sucede, permita al Pleno de este órgano garante sesionar con la integración que existirá a partir del 1º de abril de 2023, es decir con solo cuatro integrantes.
Durante la presentación de su informe de labores, la comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, ante los Senadores los llamó a no imposibilitar las funciones del órgano garante nacional, dejándolo sin quórum para sesionar. “Tampoco podremos fungir como segunda instancia; ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos”, enfatizó.
Ibarra Cadena señaló que “el Instituto no trabaja para los poderes del Estado; trabaja para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse”. Agregó que “no hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos; no hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes, si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”.
De acuerdo con el artículo 6º constitucional, apartado A, fracción VIII, el Senado deberá hacer una nueva propuesta y solo se requerirá del voto de tres quintas partes de los senadores presentes, en caso de una segunda objeción por parte del Ejecutivo, el Senado podrá designar al comisionado con el voto de las tres quintas partes de los miembros presentes.
A la par, la Cámara Alta inició el proceso para la selección del comisionado que sustituirá a Acuña Llamas, con una lista de 51 aspirantes, con un proceso fast track,sin entrevistas, solo revisión documental, aprobada por las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia. Al cierre de esta edición no había sido electo el sustituto de Acuña. Tampoco se notificó si se repondría todo el proceso de selección de los otros dos comisionados o se seleccionarían de la lista ya aprobada con anterioridad, notificó a la SCJN respecto a la controversia constitucional promovida por el Pleno de Comisionados del INAI.
El obvio desdén del Poder Ejecutivo por este órgano, la falta de acuerdos en el Legislativo, como lo señalaría el senador Ricardo Monreal por la presión de la sucesión adelantada, ha puesto en jaque al INAI. Qué tan viable es que la evaluación para el perfil idóneo no sea la correcta cuando desde el mismo gobierno se critica que en otros sexenios se colocaban personas afines al régimen. La oposición e incluso algunos morenistas criticaron que una vez más las designaciones no serán por capacidad, sino por acuerdos o cuotas y cuates, como mencionara la senadora de Morena, Mónica Fernández.
Confrontación por el INE
Con la aprobación del llamado Plan B vinieron los recursos para impugnarlo. Desde antes de la aprobación del primer tramo se perfilaba para ser la reforma electoral más impugnada en la historia ante el Poder Judicial, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez. Los promoventes de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional apuntaban a las violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE y la inequidad en las contiendas, por la intervención de servidores públicos, retroceso en la igualdad e, incluso, que ponen en riesgo la organización de todo el proceso electoral de 2024. Por su parte, el gobierno continúa basando la defensa de la reforma en el ahorro que se generará a partir de la reducción de la estructura del Instituto. Dos marchas, una contra marcha, descalificaciones a los ciudadanos que salieron a las calles a expresar su inconformidad, descalificaciones al mismo órgano, a los consejeros e intimidaciones al Poder Judicial, han sido parte de la agenda de López Obrador y su bancada en el Congreso.
“Con la aprobación del llamado Plan B vinieron los recursos para impugnarlo. Desde antes de la aprobación del primer tramo se perfilaba para ser la reforma electoral más impugnada en la historia ante el Poder Judicial.”
El primer revés contra el Plan B fue la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE. En la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se considera que el transitorio que ordena el cese de Jacobo es inconstitucional y el Congreso de la Unión no puede intervenir en la designación o remoción del titular de este cargo pues es facultad de los consejeros. En el proyecto, elaborado por la magistrada Janine Otalora, señala que “la independencia de las autoridades electorales constituye una garantía a favor de la ciudadanía y de los propios partidos políticos”.
La decisión, como era de esperarse, causó una reacción adversa en el gobierno. AMLO señaló de antidemocrático al aún Secretario Ejecutivo, dijo que los consejeros “no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder”, defienden a la oligarquía, inquirió en una de sus conferencias matutinas. Por su parte la Consejería Jurídica de Presidencia acusó al Tribunal de suplantar a la SCJN y desconocer la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, por lo que buscarían otros medios legales “para combatir la resolución ilegal”.
El 24 de marzo, seis días después de la resolución del TEPJF, la Corte, bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, admitió la demanda presentada por el INE en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Ello para “evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad de decreto impugnado”. Señaló que de no conceder la suspensión se corre el riesgo de comprometer el funcionamiento del INE.
El comunicado concluye que la “SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Tras el anuncio de la Corte, la Consejería Jurídica declaró que el ministro Laynez Potisek “arrancó hojas a la Constitución”, a través de un comunicado, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia”. Añadió que la Corte no tiene facultad para discutir reglas electorales y que se extralimitó al suspender en su totalidad las normas cuando el INE solo impugnó las que considera pueden afectar su operatividad.
“Es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso” y concluye que “los ministros deben actuar entro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático” e informan que se impugnará la resolución.
Por su parte, AMLO arremetió contra el Ministro y aseguró que la decisión es “un hecho injusto, inédito y arbitrario” y que extralimitó sus funciones: “quieren que prevalezca una especie de Supremo Poder Conservador. Javier Laynez Potisek es como, ¡su Alteza Serenísima!”, expresó. Los críticos del gobierno han dicho que es paradójica esta crítica, pues por lo que frecuentemente ha venido haciendo el Presidente y su maquinaria gubernamental, saltarse la Constitución, ahora pide que sea respetada.
En medio de la batalla judicial está la elección de cuatro próximos consejeros del INE, que ha estado rodeada de controversias pues entre los 20 finalistas hay “Algunas personas aspirantes, que es pública y notoria la cercanía e incluso parentesco que tienen con actores del Estado que integran otros Poderes de la Unión y en algunas personas aspirantes, su propio currículum vitae deja en evidencia su trabajo de varios años dedicado a diversos partidos políticos o actualmente en cargos de otros poderes federales o estatales”, puntualizaría María Esther Azuela Gómez, miembro del Comité Técnico de Evaluación.
Aunque se lo hicieron notar, el Presidente minimizó el hecho de que su partido siga tendencias de los gobiernos pasados y aseguró que no hay ningún impedimento para que militantes de Morena sean parte del Consejo porque no hay ninguna regla que lo impida.
Para no caer en la repartición de cuotas, el líder de la bancada guinda y Presidente de la Jucopo de la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, propuso que la elección se lleve a cabo por insaculación “para garantizar aún más la imparcialidad de los integrantes”, pues aseguró que los diputados no intervinieron en el proceso del Comité de evaluación. Por su parte, PRI y PAN rechazaron las quintetas acusando la cercanía de los candidatos con el partido en el poder. Lo positivo es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó la resolución del TEPJF para que la presidencia del Instituto fuera ocupada por una mujer.
El 30 de marzo la Cámara Baja, en un acto inédito, a través de insaculación (sorteo o rifa), eligieron a los cuatro nuevos consejeros del INE en una tómbola, incluyendo a la primera mujer en presidir al árbitro electoral, la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, junto a ella, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza se integrarán el Consejo General del Instituto para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.
A pesar de los señalamientos de familiaridad con personajes de la 4T, AMLO aseguró que no es lo mismo “porque [Taddei] tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra”. Con los nombramientos quizá el nivel de hostilidad contra el INE disminuya, a dichos del mandatario el método de insaculación es más democrático y evita “el vicio de repartirse entre los partidos los cargos”, aprovechó la ocasión para reiterar que tanto en el INE como en el Poder Judicial deben terminar con los privilegios y apegarse a la Constitución y bajarse los sueldos.
La contienda judicial por el INE continúa, aunque niegan que Morena haya tomado el Instituto, falta el debate en la Corte, a un año de elecciones federales y a unos meses de elecciones en una de las entidades más codiciadas por los partidos políticos. Quizá la despedida del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien al encabezar su última sesión de Junta General Ejecutiva del INE señaló que “nuestra causa es consolidar la democracia electoral en México y darle a la ciudadanía la garantía del pleno ejercicio de sus derechos políticos y bases fundamentales a su derecho a la identidad, entre otros mandatos institucionales que siempre hemos cumplido, dándole así estabilidad política y gobernabilidad democrática a nuestro país”, dé un respiro de los ataques al organismo.
El 28 de marzo, Edmundo Jacobo anunció su renuncia debido a los ataques y señalamientos hechos desde presidencia. Mientras que AMLO desató polémica al declarar que el Plan C es llamar a no votar por la oposición, aun cuando ha criticado la interferencia en procesos electorales y la elevó a delito federal.
El cuento de “la ley es la ley”
El Poder Judicial de la Federación (PJF) requiere una reforma, es lo que un día sí y otro también se le oye decir al Presidente en sus conferencias matutinas, acompañado de descalificaciones y críticas al punto de convertirse en amenazas cada vez que una resolución judicial no le favorece a alguna de sus iniciativas. Aunque la presidencia del ministro Arturo Zaldívar no fue precisamente una luna de miel, transitó entre los desacuerdos y la cordialidad, sin embargo, desde que la ministra que ha votado en contra en la mayoría de los asuntos que le interesan al gobierno se convirtió en la cabeza del PJF, la hostilidad de los seguidores de la 4T ha ido en aumento.
Señalado como discurso de odio en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, aunado a las recientes resoluciones de la Corte a favor del INE, lo agravios se han profundizado, la violencia digital en contra de los ministros se ha disparado y como hechos significativos que han preocupado al gremio y al foro, la imagen difundida en redes por un perfil no identificado que mostraba una foto de Piña catalogándola como un problema y una bala como la solución, así como la quema de una efigie de la Ministra durante una marcha en apoyo al Presidente, son muestra de que las palabras pueden también representar riesgos sobre todo si provienen de una autoridad.
Desde que llegó Norma Piña se desató la corrupción, ha asegurado AMLO, “antes había un poco más de atención (para impartir justicia), ahora que una nueva Ministra declara con un formalismo extremo que los jueces son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
Distintas asociaciones, barras y colegios de abogados, así como colectivas feministas, el mismo Pleno de la Corte y del CJF, han cerrado filas con la primera mujer en presidir el Máximo Tribunal del país, han pedido ya en distintas ocasiones al Presidente que se apegue a los principios de no discriminación y no propague un discurso de violencia de género que tanto daño está causando a las mujeres y niñas de nuestro país. Asimismo, se le ha pedido que respete la autonomía de ese Poder y de los jueces, reclamos que no han surtido mucho efecto.
“Distintas asociaciones, barras y colegios de abogados, el mismo Pleno de la Corte y del CJF, han cerrado filas con la primera mujer en presidir el Máximo Tribunal del país y han pedido al Presidente que no propague un discurso de violencia de género.”
Fue en abril del 2022 cuando la Corte discutió la Ley de la Industria Eléctrica que dijo “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” para demeritar el trabajo de jueces y del mismo Tribunal. Cada dicho que mina la independencia judicial es también un asesto conta el Estado de Derecho, pues como lo han repetido en distintas ocasiones los juristas que se han pronunciado, existen medios de control constitucionales al alcance del Ejecutivo.
López ha lamentado no tener tiempo para hacer una verdadera limpia al Poder Judicial, confiado en que su sucesor será de su partido le dejará encargada la tarea. Evidentemente, el PJF requiere un trabajo interno arduo, uno que no solo refuerce su papel de contrapeso para los otros dos Poderes, también que legitime su función ante la sociedad y garantice la impartición de justicia procurando a los más vulnerables, la misma ciudadanía exige a los ministros, jueces, magistrados y a todos los integrantes de la institución ser más responsables con el rol que desempeñan, pues es uno de los más relevantes.
Lo que no se puede hacer es vulnerar el Estado de Derecho presionando a los ministros o jueces con desconocimiento de la ley. El Consejo General de la Abogacía Mexicana en su posicionamiento por la resolución del ministro Laynez, ha sido contundente, “los ministros de la SCJN tienen la responsabilidad de aplicar e interpretar la Constitución, y es fundamental que puedan ejercer sus funciones sin injerencias políticas o presiones externas”.
La autonomía y rendición de cuentas en la 4T
“Los organismos autónomos deben permanecer y ser defendidos desde los espacios políticos libres y de la sociedad civil y la opinión pública y tratar de diluirlos o controlarlos es, por decir lo menos, un afán de retorno a la dictadura perfecta”, expresó el Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro en la presentación del Monitor democrático 2021.
La división de Poderes es un contrapeso y una característica de la democracia, asimismo una de las premisas del surgimiento de los órganos autónomos es descentralizar el poder y vigilar el actuar de las autoridades, ya sea garantizar la rendición de cuentas, la democracia efectiva o velar por el Estado de Derecho, fortalecer cada estructura es fortalecer los procesos democráticos, de justicia y consolidar el desarrollo social del país.
“La división de Poderes es un contrapeso y una característica de la democracia, asimismo una de las premisas del surgimiento de los órganos autónomos es descentralizar el poder y vigilar el actuar de las autoridades”
Reiteramos, deben existir mecanismos para evitar el despilfarro, para hacer más eficientes a las instituciones, combatir la corrupción dentro de los mismos, también sabemos que eso es un tema de voluntad política. La amenaza de desaparecerlos o reformarlos a modo, cambiar una cúpula del poder por otra no va a resolver los problemas existentes. Regresar el control de estos temas al gobierno no es la mejor fórmula, ese es un hecho pues durante años los vivimos. Si existe alguna solución es la participación más intensa de la sociedad en general, la vigilancia social y la presión que puede ejercer es uno de los medios de control más grandes en una democracia, incluso de la defensa del Estado de Derecho.
Los ataques a la autonomía y división de poderes, así como la descalificación de las instituciones o personas que las representan, conlleva más riesgos no solo de polarización y enfrentamiento, sino en la regresión democrática. Las reformas son necesarias, pero deben hacerse con conciencia y diagnósticos, sin fobias, de la manera más imparcial posible, rescatar las buenas prácticas y edificar sobre lo que funciona, además de ser autocríticos y conducirse con ética.
El cambio real sería utilizar y fortalecer a estas instituciones, no atacarlas cada que cuestionan las irregularidades; la rendición de cuentas de manera institucional es transformación. No puede ser el gobierno el único que controle la información que se provee, no puede ser, de nuevo, el gobierno el que regule los procesos electorales o el que tenga mayor control. En un gobierno que promete erradicar los males que dejaron los gobiernos anteriores, minar a estas instituciones se puede considerar una regresión.
[1] Marco Antonio Zeind Chávez. “Observatorio de organismos constitucionales autónomos: origen y finalidad”. Disponible en: https://forojuridico.mx/observatorio-de-organismos-constitucionales-autonomos-origen-y-finalidad-2/
