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Judicializar la pandemia, un error

En virtud de la reforma constitucional de 2011, el juicio de amparo en México es procedente no sólo contra normas generales o actos, sino también contra omisiones de la autoridad que vulneren derechos humanos. Esta extensión protectora del juicio constitucional se ha vuelto relevante ante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

En efecto, en México, como puede estar pasando en otros países de Latinoamérica o del mundo, el poder judicial está jugando un rol muy importante como garante de derechos humanos en medio de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, a través del juicio de amparo, los juzgadores mexicanos han ordenado que se provea de equipo médico adecuado a un grupo de doctores que tratan a pacientes con COVID-19 o, también, han dado instrucciones para repatriar a una pareja mexicana que se encontraba varada en Sudáfrica debido a la pandemia, entre muchos otros casos.

Este papel del poder judicial está siendo muy importante. Sin embargo, el abuso en las demandas de amparo está generando un fenómeno muy pernicioso que no le conviene al Estado mexicano: la judicialización de la pandemia.

En México, tomando como base la posibilidad de combatir omisiones a través del juicio de amparo, se han promovido demandas que tienen como fin que el poder ejecutivo implemente tal o cual política pública, muchas veces contrariando la postura del propio poder ejecutivo. Muchos jueces han admitido estas demandas y, de buen gusto, han ordenado que la administración pública implemente dichas medidas.

Dos ejemplos servirán para ilustrar esta situación. El primero se refiere a un caso en que un juez le exigió al poder ejecutivo que emitiera normas generales para condonar contribuciones. Otro, el más reciente, es un asunto donde un juez ordenó que la administración pública revisara el presupuesto de egresos y, en su caso, que destinara más dinero público para enfrentar la emergencia de salud.

En los hechos, esta situación permite que, esgrimiendo la pasividad del poder ejecutivo, se pueda pedir a través del juicio constitucional cualquier medida que se crea conveniente para combatir la pandemia. En otras palabras, por conducto del juez se podría implementar cualquier política pública que se nos ocurra.

Más allá de que con esto el poder judicial estaría ejerciendo facultades propias del poder legislativo y del ejecutivo, es decir, estaría violando la división de poderes, ya que la judicatura no está facultada ni constitucional ni técnicamente para implementar políticas públicas, lo verdaderamente trascendente es que, con estas resoluciones, el poder judicial sólo está dificultando el manejo de la crisis de salud.

En efecto, durante las emergencias sanitarias el poder legislativo y el ejecutivo, sobre todo este último, deben gozar de grandes facultades para implementar las acciones que se necesiten. Mientras que el poder judicial debe actuar con gran deferencia ante la estrategia que, ante una emergencia de este tipo, los otros poderes adopten.

Un ejemplo claro de lo anterior es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Recientemente, una corte de apelaciones confirmó la prohibición del aborto en Texas debido a la pandemia (ciertamente, en una resolución posterior permitió únicamente el aborto con pastillas). La corte señaló que “cuando se enfrenta a una epidemia que amenaza a la sociedad, un Estado puede implementar medidas de emergencia que reduzcan los derechos constitucionales, siempre y cuando las medidas tengan al menos alguna ‘relación real o sustancial’ con la crisis de salud pública”.

Para adoptar esta decisión, la corte de apelaciones se basó en gran medida en lo que resolvió la Corte Suprema estadounidense en el caso Jacobson vs. Massachusetts, en el cual se estableció que, ante una crisis de salud, las autoridades tienen gran poder para emitir las medidas que consideren pertinentes, como la expedición de leyes sobre vacunación obligatoria.

En suma, el activismo judicial exacerbado que se está viviendo en México puede impedir una buena reacción ante la emergencia sanitaria. Además, si el poder legislativo o el ejecutivo están actuando de mala manera, existen otras vías para exigirles una conducta que esté a la altura de las circunstancias. Pero, definitivamente, el juicio de amparo no puede ser el cauce para implementar políticas públicas de manera caprichosa o subjetiva. Lo único que esto puede ocasionar es un caos en el ya de por sí difícil manejo de la crisis de salud.

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