En noviembre de 2019 entró en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana que tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal para que se ejerzan los recursos públicos con eficiencia, transparencia y honradez para combatir la corrupción. Sin embargo, a mediados del pasado mes de febrero, un Juez Federal dio un nuevo revés a la Cuarta Transformación al determinar que el Congreso no tenía la facultad para emitir dicha Ley, particularmente al quitar el candado de diez años que impedía que los altos mandos del gobierno puedan trabajar en empresas a las que regularon.
Abel Méndez, juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, uno de los dos jueces que tramitan amparos sobre el tema, resolvió que la austeridad republicana se trata de una política de Estado que tendría que estar prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, el Congreso no está facultado para legislar en la materia.
Además, la ley establece en su artículo 24 que “los servidores públicos de mando superior no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.
Al conceder el primer amparo a un exfuncionario a quien le fue negado un cargo en una SOFOM por no haberse cumplido el plazo de los diez años, el juez declaró inconstitucional el artículo 24 al considerar que “el plazo de 10 años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”. Indicó que la experiencia de los mandos superiores puede ser relevante en la iniciativa privada y el plazo que establece la ley afecta las posibilidades reales de contratación y es violatoria del derecho al trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, “la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”, concluyó.
Este es el primer amparo que se resuelve en la materia, el Gobierno impugnará la resolución, no obstante, por la importancia del tema, es muy posible que el asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
