Desde que la filosofía se atrevió a mirar de frente la conducta humana, una pregunta insiste como un eco: ¿el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? No es un debate de museo. De esa respuesta dependen, en buena medida, nuestras leyes, nuestras instituciones y la forma en que el Estado diseña políticas públicas, especialmente en un terreno tan sensible como la seguridad. Si se asume que el ser humano es malo por esencia, la reacción lógica es fortalecer la vigilancia, endurecer el castigo y concentrar poder coercitivo. Si, en cambio, se parte de que el ser humano tiende al bien y que la violencia se aprende, se incentiva o se produce por contextos, entonces la política pública se orienta a prevenir, reparar, reconstruir y contener sin deshumanizar.
La efectividad de las políticas de seguridad depende de la concepción filosófica que el Estado tenga sobre la naturaleza humana, pues de ello deriva si el enfoque prioritario será la prevención social o el endurecimiento del castigo penal.
Optemos por la primera postura: el hombre es bueno por naturaleza. Esto no significa negar el delito ni romantizar al victimario. Significa sostener que la mayoría de las personas busca vivir en paz, cuidar a su familia, trabajar y cooperar; y que cuando esa disposición se quiebra, suele haber causas detectables: abandono institucional, pobreza persistente, desigualdad, impunidad, adicciones, entornos violentos, capturas territoriales por economías ilegales, y una cultura de “normalización” del crimen. En ese marco, la seguridad no puede reducirse a patrullas, detenciones o sentencias; requiere también escuela que contenga, empleo que dignifique, comunidad que cuide, justicia que funcione y oportunidades reales para que el bien sea viable.
En México, este dilema filosófico se vuelve urgencia cotidiana. Hablar de seguridad no es hablar de teorías: se habla de extorsión, homicidio, desaparición, miedo, comercios que cierran, familias que cambian rutinas, jóvenes que crecen entre amenazas. Y, sin embargo, una democracia está obligada a resolver una tensión difícil: proteger a la población sin destruir el Estado de derecho. El punto de partida importa porque define el tipo de soluciones aceptables. Si creemos que el ciudadano es sospechoso por naturaleza, justificamos medidas excepcionales. Si creemos que el ciudadano es, en principio, un sujeto digno, entonces el Estado debe cuidarlo sin volverlo rehén de la arbitrariedad.
Durante los últimos años, el debate público mexicano giró entre dos polos: una lógica de “mano dura” y una lógica centrada en la prevención y la atención a las causas. El gobierno anterior quedó asociado, en el imaginario social, a la idea de contener la violencia sin priorizar la confrontación directa como estrategia principal, al tiempo que insistía en programas sociales y en “atender las causas”. Hoy se percibe un ajuste: sin abandonar el discurso preventivo, se observa una mayor contundencia en la persecución de objetivos criminales relevantes, con detenciones y golpes más visibles a estructuras y liderazgos del narcotráfico. El mensaje implícito es que no basta con explicar el delito por el contexto: también se requiere capacidad operativa, inteligencia, coordinación y un Estado que haga valer la ley.
Aquí aparece el corazón del argumento: el humanismo mexicano —como visión orientadora— no debería entenderse como indulgencia. Humanismo significa reconocer que el castigo, por sí solo, raras veces genera transformación social sostenida. Castigar sin corregir las condiciones que producen violencia es como vaciar una casa inundada sin cerrar la llave. Pero el humanismo tampoco es pasividad: en una política de seguridad responsable, la compasión por las condiciones de vida no anula el deber de proteger a las víctimas, reducir la impunidad y desmantelar capacidades criminales. La clave es el equilibrio: firmeza contra quienes organizan el daño y, al mismo tiempo, intervención sobre los factores que lo alimentan.
El riesgo de una estrategia basada únicamente en detener “grandes nombres” también es real. La historia nacional muestra que descabezar organizaciones puede producir fragmentación, disputas internas y expansión de delitos como la extorsión, si no se desarticulan redes financieras, territoriales y de complicidad institucional. Por eso, combatir las causas no debe ser un lema, sino un conjunto de políticas verificables: policías locales profesionalizadas, fiscalías que investiguen con evidencia, controles a la corrupción, prevención de violencia juvenil, atención de adicciones, escuelas que retengan, espacios públicos que recuperen comunidad y sistemas penitenciarios que no sean fábricas de criminalidad.
En este punto resulta inevitable la comparación con el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Para muchos, su fórmula representa eficacia inmediata: reducción drástica de violencia mediante medidas extraordinarias, detenciones masivas y control territorial. Sus defensores sostienen que el enfoque de derechos humanos se inclina “a favor de las víctimas” y no de los victimarios: primero la gente honesta, primero la tranquilidad. Sus críticos advierten que ese camino tensiona garantías esenciales: debido proceso, presunción de inocencia, controles judiciales, y el riesgo de que el Estado normalice la excepcionalidad como forma de gobierno.
México se encuentra en una encrucijada democrática que lo obliga a elegir entre un modelo de justicia que equilibra la inversión social con límites constitucionales o la adopción de medidas de «mano dura» que prometen resultados rápidos a costa de sacrificar garantías procesales.
Así volvemos a la pregunta inicial, ahora situada en el centro de la democracia contemporánea: si el ser humano es bueno por naturaleza, el objetivo del Estado es construir condiciones para que esa bondad florezca y no sea aplastada por la necesidad o por la impunidad. Si el ser humano es malo por naturaleza, el objetivo del Estado es contenerlo, incluso a costa de libertades. México parece buscar una combinación: mayor fuerza contra cúpulas criminales, junto con la insistencia en causas y humanismo. Y queda abierta la gran interrogante: en una sociedad democrática moderna ¿qué es mejor para vivir en paz? ¿un modelo que equilibra castigo e inversión social dentro de límites constitucionales, aunque avance más lento; o un modelo de “mano dura” excepcional al estilo Bukele, que promete resultados rápidos y prioriza a las víctimas, pero arriesga derechos y controles?
¿Cuál prefiere usted querido lector?
