Horas antes de la presentación de la batería de reformas impulsadas por el presidente AMLO en sus últimos meses de administración, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha sido perseguido por sus votos como integrante y presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante los representantes de los otros dos Poderes de la Unión, aseveró que “cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley, a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada”.
Al asistir como representante del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la ceremonia del 107º Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Pérez Dayán puntualizó que “hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público […] defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así”.
Les recordó que es precisamente la Constitución de 1917 la que dio a la SCJN las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, bajo esta lógica, los tres Poderes de la Unión son democráticos pues surgen “del propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro”. Agregó que el PJF “tiene perfectamente claro y entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie; y no permitamos que esto se olvide o se confunda” y puntualizó que “militancia y Judicatura no son afines”.
Mientras que en su ceremonia alterna, en el Recinto Parlamentario, al interior de Palacio Nacional, López Obrador acompañado solo de la no primera dama y como audiencia su gabinete, presentó las reformas que a su parecer le regresarán la función social a la Constitución, entre ellas y como ya se sabía, incluyó la del PJF para que ministros, jueces y magistrados sean electos por voto popular, así como la creación de un tribunal para sancionarlos y disminuir el número de ministros, sin tocar a las fiscalías, por ende mejorar la procuración de justicia, no es el propósito, al menos no el prioritario.
A lo que académicos y personas juzgadoras reaccionaron mostrando rechazo y criticando la propuesta por ser contraria a la división de Poderes y sobre todo a la independencia judicial. Durante todo el sexenio, muchos sectores de la sociedad civil han reiterado que el embate a los y las juzgadoras genera más desconfianza de la ciudadanía y dinamita su autonomía. Sin embargo, esta ha sido una estrategia favorecedora para el mandatario pues “fundamenta” una reforma que “busca desaparecer el equilibrio de Poderes establecido en la Constitución” como señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
En teoría, esta y otras iniciativas polémicas deberán ser discutidas y votadas en este periodo en el Congreso, podríamos ver un plan para posponerla y sea en septiembre cuando el Congreso sea renovado y quizá, si el tan anhelado Plan C de la 4T sucede, pueda ser aprobado sin ningún bloque de contención, aunque si ese fuera el caso, con seguridad se puede decir que lloverán impugnaciones. Otra posibilidad es que, al no ser aprobada por esta Legislatura, entonces se la gasolina para continuar el ataque sistemático al Poder Judicial Federal y a la oposición con el propósito de seguir erosionando la legitimidad de sus decisiones.
En ese contexto será que la sucesora de AMLO abandere el mismo discurso como hasta ahora lo ha hecho, imposibilitando el diálogo. Pero la aún candidata debería tener en cuenta que lo mejor que le podría pasar es que estas iniciativas, al menos las más preocupantes, no pasen y tenga la oportunidad de construir, no destruir, y su legado no sea el de la sombra, ni el inicio de una nueva dictadura perfecta.
