Las noticias sobre el ingreso y tránsito de Caravanas de Migrantes por territorio mexicano en recientes fechas, trae a nuestra memoria y preocupación el recuerdo de un asunto emblemático por su triste y fatal desenlace.
Conocido públicamente como el caso de San Fernando, Tamaulipas (agosto 2010), cuando 74 personas migrantes de diversas nacionalidades que transitaban a bordo de dos camiones, rumbo a la frontera norte de México, fueron interceptadas y secuestradas por un grupo armado, cuya tragedia se incrementó luego de que 72 se localizaron sin vida.
A estas fechas, los medios de comunicación dan cuenta de cifras de más de siete mil personas que recientemente ingresaron a México y que reunidas en grupos avanzan en una caminata que parece interminable. Una de las rutas más cortas para llegar a la frontera norte de México – Estados Unidos de América (EUA), es la que cruza por Matamoros – Tamaulipas, México, con dirección a Brownsville, Texas, sin embargo, hay que recorrer más de 1800 kilómetros de distancia, lo que representaría al ritmo que ahora llevan (caminando) varias semanas para llegar a su destino.
Otra ruta utilizada por los migrantes se localiza en el lado oeste del país, mucho más larga, con una distancia entre Tapachula y Tijuana de más de 3900 km que, caminando significaría un periodo de hasta meses para llegar a su destino, San Diego, California, en la unión americana.
Sin embargo, las distancias son solo un dato indicativo del esfuerzo y esperanza de muchos que desean llegar a un país que desconocen, pero que saben puede brindarles la oportunidad de una vida mejor.
El problema es que, para llegar a eso, deberán sortear un centenar de obstáculos causados por la naturaleza y, principalmente, por el hombre. En tal sentido, la legislación mexicana reconoce al grupo de los migrantes como grupo en especial situación de vulnerabilidad. Y en efecto, son presa fácil no solo de servidores públicos deshonestos y arbitrarios que con su labor violentan sus derechos humanos más elementales como a la seguridad jurídica, al trato digno, al respeto a su integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la salud.
También son presa de grupos delincuenciales que, como en el caso de San Fernando, Tamaulipas, los hacen víctimas de extorción, secuestro, violación, trata de personas y demás actos que atentan contra su dignidad, integridad, libertad y su propia vida.
De manera que las condiciones en que transitan los migrantes por México, no son las más favorables para su seguridad, recorrer el país en forma de caravana ha sido -por años- un mecanismo de autodefensa que han encontrado ante todos aquellos obstáculos y riesgos que tratan de salvar, aunque siempre hay grupos que se separan para seguir su camino solos, buscar establecerse en México o, para regresar a su país de origen.
Hay caravanas incluso que no tienen como propósito llegar a la frontera con Estados Unidos, sino solo recorrer algunos Estados de la República Mexicana en búsqueda de sus familiares desaparecidos, demandar acciones y justicia a las autoridades mexicanas, y promover la solidaridad de los mexicanos para estos efectos. Luego de eso, regresan a sus países de origen. Tal es el caso de la “Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 2018”, que actualmente también transita por territorio Nacional.[1]
Debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. establece claramente que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales, así como, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.
Es un hecho que todas estas personas vienen con una calidad de víctimas transnacionales, consecuencia de situaciones económicas, política y sociales, desfavorables en sus países, de tal forma que quizá mucho ayudaría darle un repaso a la Ley General de Víctimas que, en su artículo 5, onceavo párrafo, establece entre otros aspectos que, las autoridades ofrecerán garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y migrantes. Parece cosa de voluntad.
[1] Comunicado de Movimiento Migrante Mesoamericano. XIV Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 2018. Consultable en: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2018/10/05/comunicado-xiv-caravana-de-madres-de-migrantes-desaparecidos-2018/