Desde 2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia. En un contexto de prácticas y alta percepción de corrupción, hay otro factor que cobra relevancia: la impunidad.
La mayoría de los casos de corrupción no se sancionan. De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, entre el primero de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.
Ante la poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en los estados, el IMCO y TOJIL analizaron el marco jurídico, los recursos humanos y materiales, así como los procesos y resultados de las Fiscalías Anticorrupción en México, instituciones encargadas de la atención, investigación, persecución y prosecución de delitos relacionados con hechos de corrupción. La evidencia obtenida muestra que:
● Las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas[1] carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
● En 10 Fiscalías Anticorrupción el nombramiento del titular es realizado por el fiscal general, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
● Únicamente cinco estados, Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz reportaron que el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción se asigna de manera independiente a la Fiscalía estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones.
● Entre 2019 y 2020, solo en cuatro estados (Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora) los ministerios públicos, policías y peritos recibieron capacitación.
● Mientras que el Estado de México cuenta con el mayor número de ministerios públicos (55), Guerrero (3), Colima (3) y San Luis Potosí (2) son los estados con el menor número de ministerios públicos, sin que exista una justificación en términos de extensión territorial o población.
● Únicamente 10 Fiscalías Anticorrupción reportaron contar con peritos en la institución y 16 con policías de investigación.
● 26 Fiscalías Anticorrupción cuentan con medios para denunciar. De estos, 18 estados reportaron contar con tres o más medios para interponer denuncias por hechos de corrupción.
● 14 Fiscalías Anticorrupción (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas) cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones a nivel local y federal para realizar investigaciones en materia de corrupción.
● Aunque las entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios.
● Los estados con mayor porcentaje de investigaciones judicializadas fueron Sonora (13%), Michoacán (10%), Sinaloa y Coahuila (9%).
