He expuesto en estas columnas las razones para sostener un federalismo cívico y participativo, lo he hecho a partir de considerar a esa estructura como una oportunidad de fortalecer a la ciudadanía desde lo local y no como una trinchera para las élites de las entidades. En ese marco debe entenderse una obligación de lealtad hacia la ciudadanía de quienes gobiernan.
Lealtad a la ciudadanía quiere decir respeto a lo que ha decidido, ya sea en elecciones o en mecanismos de participación; obedecer lo que se ha sujeto a la voluntad popular sin pretender darle la vuelta, aunque la decisión sea incómoda o molesta. Obedecer aunque se esté en contra o se considere un camino equivocado.
El federalismo participativo no busca la “corrección” de las decisiones locales, sino que se obtengan a partir de la deliberación pública y el uso de métodos democráticos. Cuando una autoridad estadual pretende ignorar lo resuelto por la ciudadanía bajo reglas claras y con expectativas definidas no actúa como su representante, sino como su superior.
Esa actitud no es ni federalista ni democrática, y dejo a su criterio el adjetivo adecuado.
De hecho actuar modificándole la plana al pueblo es justamente retomar el federalismo elitista, aquel que ve en las competencias locales la posibilidad de que una élite se haga con el poder y lo conserve de manera no democrática, es una actitud elitista porque implica asumir que “se sabe mejor que la ciudadanía lo que la misma necesita”, implica tomar una conducta que niega la posibilidad de que el pueblo pueda defina el rumbo de su gobierno.
Eso no es representar, es sustituir; no es legitimar, es suplantar.
Ahora bien, ¿esto se resuelve centralizando? No, aunque pueda parecer la respuesta más inmediata; el sistema constitucional mexicano contempla mecanismos de justicia constitucional, tanto en lo local como en lo nacional, que permiten regresar al cauce correcto sin sustituir a la voluntad popular; en estos casos los órganos decisorios (ya sea un tribunal local o la Suprema Corte) funcionan como instancias auténticamente constitucionales.
Resumiendo, el federalismo participativo no puede servir para legitimar cualquier decisión local, y menos cuando implican negar el derecho a la ciudadanía a tomar en sus manos la política local.
