Extinción de dominio

“Haz de tus principios y valores, un hábito en tu vida”

Fernando Córdova del Valle

 

  1. Definición y relación con la garantía de audiencia

La primera idea básica que conviene tener presente es que la extinción de dominio implica que una persona pierda la propiedad de un bien mueble o inmueble en razón de que éste fue utilizado para cometer un delito.

La propia Ley Federal de Extinción de Dominio señala una definición general de la figura sujeta a estudio:

Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2[1] y 8[2] de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.”

Por su parte, la Constitución Federal hace mención expresa de cuáles son los únicos delitos respecto de los que podría operar la figura en estudio.

Artículo 22.

… En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I…

  1. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito…”

En atención a las anteriores disposiciones y con fines didácticos podríamos pensar en el escenario en que un sujeto para cometer el delito de secuestro en agravio de otra persona, utilizó su casa para tenerla resguardada hasta el cobro del rescate.

En este ejemplo el proceso de extinción de dominio iniciaría respecto de la casa en que la víctima fue resguardada.

Desde luego que todo esto tiene una estrecha vinculación con la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 de la Constitución Federal, conforme al cual no sería posible privar de la propiedad de un bien a determinada persona (en este ejemplo a Pedro) si antes no se le concede el derecho de defensa, es decir, en el procedimiento de extinción de dominio se debe garantizar que el sujeto propietario del bien demuestre no tener conocimiento del uso de su propiedad como medio para delinquir. La propiedad constituye un derecho fundamental que no puede afectarse sin previa audiencia.

La problemática viene a presentarse cuando las personas que cometen los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, utilizan como medio para ejecutarlos algún bien o cosa que no es de su propiedad, sino de una tercera persona. En este supuesto en estricto cumplimiento a la garantía de audiencia, en el procedimiento de extinción de dominio se deberá dar oportunidad a la tercera persona para acreditar que no tuvo conocimiento de que el bien material de su propiedad sería utilizado como medio para cometer alguno de los delitos indicados. Como ha quedado evidenciado, el procedimiento de extinción de dominio y la garantía de audiencia tienen una vinculación estrecha.

 

  • Partes

La extinción de dominio aunque es iniciado a través de una demanda del Ministerio Público, es un procedimiento jurisdiccional independiente de la materia penal, lo que conlleva a pensar que las pruebas que sirvieron para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado en su comisión, no servirán para demostrar la procedencia o no de la extinción de dominio, es decir, con los medios de convicción del procedimiento penal no se prueba que la cosa o bien material haya o no sido utilizado para cometer el delito.

Bajo esa tesitura, en el procedimiento de extinción de dominio lo que se  acreditará no es la responsabilidad del imputado en la comisión del delito, sino que, se demostrará que determinado objeto fue o no utilizado para cometerlo, pero esto será, no ante el Tribunal de Juicio Oral, sino ante el Juez competente en materia de extinción de dominio. Ahora, el hecho de que la extinción de dominio sea un procedimiento independiente de la materia penal no significa que esté completamente desligado, ya que en la investigación del delito se advertirá la presencia del inmueble –materia de la extinción de dominio- en el que estuvo resguardada la víctima del delito, mediante la obtención de los datos de tiempo, lugar y modo que obren en la respectiva investigación.

De lo anterior podemos válidamente deducir que las partes en el procedimiento de extinción de dominio son:

  1. Actor: Ministerio Público
  2. Demandado: el propietario del bien que sirvió de medio para cometer el delito.
  3. También podrá intervenir en el proceso aquella persona que estime afectados sus derechos en razón de que es propietario de un bien, respecto del cual no tenía conocimiento que se había utilizado para cometer un delito.

 

  1. Problemática y propuesta de solución

La realidad es que en muchas ocasiones los bienes o medios utilizados para cometer los delitos a que hace referencia la fracción II, párrafo segundo del artículo 22 Constitucional, no pertenecen al sujeto activo, sino que existe otra persona que puede o no tener conocimiento de ello, lo que hace más compleja la labor de investigación del Ministerio Público. Lo anterior no es un tema menor y desde mi perspectiva la detección de estos ilícitos radica en el propio compromiso que tenemos como ciudadanos de realizar denuncias en cuanto se tenga conocimiento de la comisión de los delitos. Por su parte el Ministerio Público, al tener datos respecto del tiempo, lugar y modo de comisión de alguno de los delitos que dan lugar a la extinción de dominio deberá agotar todas las líneas de investigación para concluir si en tales delitos se ha hecho uso de algún bien que, previa audiencia, pudiera ser materia de la extinción de dominio.

[1] Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. Bienes.- Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley.

[2] Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes: I. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito; II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes; III. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito; IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.

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