En el mes de junio World Justice Project (WJP) publicó la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 (IEDMX)evidenciando la falta de avances sustantivos en materia de Estado de Derecho en la mayoría de las entidades federativas. Desde la versión pasada, los puntajes mostraron cambios marginales, aumentando en 19 estados, descendiendo en 3, y permaneciendo sin cambios en 10.
Durante la presentación, Alejandro González Arreola, director de la oficina del WJP México, señaló que “los resultados de esta edición indican que los avances en materia de Estado de Derecho son escasos”, ningún estado llega a la mitad de un puntaje idóneo y tienen desafíos sobre todo en seguridad y justicia penal.
Enfatizó que estamos en “un contexto marcado por una creciente polarización”, e hizo hincapié en la necesidad de destacar los resultados de las entidades con tendencias positivas e invitarlas a compartir experiencias, estrategias y encontrar puntos de vista comunes para avanzar en la materia.
El objetivo del Índice es identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, así como fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México, con la participación de todas las partes involucradas: autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia e iniciativa privada, indicó González Arreola.
El IEDMX mide, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 entidades del México, se recabaron las experiencias y percepciones de más de 12 800 personas y más de 2 000 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública en los 32 estados, además de la consulta de información de instituciones.
Cabe recordar que el Estado de Derecho es un principio rector de gobernanza que establece obligaciones, derecho y limites tanto para ciudadanos como para instituciones y fundamenta la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz. A pesar de ser un concepto complicado, existen factores que pueden englobarlo para su medición como son la rendición de cuentas, procesos legislativos justos, así como leyes justas y el acceso a la justicia.
“Los resultados de esta edición indican que los avances en materia de Estado de Derecho son escasos, ningún estado llega a la mitad de un puntaje idóneo y tienen desafíos sobre todo en seguridad y justicia penal.”
Con base en lo anterior, WJP desarrolló un marco conceptual y metodológico global, es decir, se ha aplicado de manera mundial y ha sido trasladado al ámbito mexicano adaptando conceptos que responden a la realidad mexicana, consultando no solo datos y estadísticas institucionales, sino especialistas como ya se ha referido.
Como en cada edición, el Índice mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos son los principales hallazgos del IEDMX.
La puntuación promedio general fue de 0.42, los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2022–2023[1] son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48) y Aguascalientes (0.47). Mientras que Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo tienen la puntuación más baja, todos con 0.36. Aunque el estudio evidencia un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, son seis entidades las que han mostrado un progreso sostenido, entre ellas: Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.
“La puntuación promedio general fue de 0.42, los estados con los puntajes más altos en el Índice son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48) y Aguascalientes (0.47). Mientras que Morelos, Estado de México, Guerrero, CDMX y Quintana Roo tienen la puntuación más baja, todos con 0.36.”
Se registraron incrementos modestos en los puntajes de 19 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz), descensos en los puntajes de 3 entidades (Baja California, Nuevo León y Zacatecas), y 10 estados permanecieron sin cambios en sus promedios (Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán).
Respecto a los factores, el Índice muestra los siguientes resultados:
- Límites al poder gubernamental: Continúa la contracción del espacio cívico, se ha reducido la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.
- Orden y seguridad: Aunque la seguridad sigue siendo un gran reto en la mayoría de los estados, la percepción de seguridad de las personas, incrementó en 20 entidades desde la edición anterior, sin embargo, hay altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva.
- Ausencia de corrupción: Persiste un estancamiento en el combate a la corrupción.
- Justicia civil: Los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) se reafirman como el aspecto mejor evaluado de justicia civil, con incrementos en 19 entidades. También se destacan incrementos en los puntajes que evalúan la celeridad del sistema de justicia civil en 24 estados
- Justicia penal: Persiste el estancamiento, este factor siendo de los más bajos a pesar de que se registraron incrementos marginales de puntaje en 16 estados. El aspecto con el puntaje más bajo continúa siendo la falta de eficacia de las investigaciones de Ministerios Públicos y la Policía, con un promedio general de 0.21, lo que se refleja en un alta “cifra negra”, la cual mide los delitos que no son reportados.
“Continúa la contracción del espacio cívico, se ha reducido la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.”
[1] El Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
