Este miércoles pasado, el Presidente López Obrador, en su conferencia de prensa matutina advirtió que exhibirá a todos aquellos jueces “a modo y al servicio de la delincuencia” que “bajo el anonimato” liberan a presuntos delincuentes “que salen burlándose de la autoridad”. Así mismo, dijo que si bien será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, hablará con los ministros para que den a conocer los motivos por los cuales se toman estas decisiones.
En ese orden de ideas, también comentó que contará con el respaldo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a quien considera un funcionario comprometido con el combate a la corrupción.
Y precisamente para combatir este grave problema que a todos los que vivimos en este país nos ha lacerado durante muchos años en el ejercicio de algunos servidores públicos en todos los niveles y Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la reforma propuesta por el Presidente López Obrador, surge la creación de un Sistema llamado Nacional Anticorrupción y que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse como Sistema “al conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto”, es por eso que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, detección y sanción a las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos y así lograr mejoras en el quehacer diario del desempeño gubernamental.
Así también se establece la creación de dos comités, uno es el Comité Coordinador que según estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del Control Interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante que establece el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal; mientras el segundo Comité de Participación Ciudadana se constituirá por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley secundaria.
Ahora bien, es importante saber que dentro de las facultades que de forma general tendrá este Sistema Nacional Anticorrupción, se encuentran los siguientes: el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como la prevención en general.
Este Sistema Nacional Anticorrupción, tiene su fundamento legal dentro de las modificaciones que sufrió la Constitución Federal, al artículo 73, fracción XXIV que determina que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de nuestra Constitución.
Seguramente va a ser muy difícil terminar con la corrupción, sin embargo, es necesario hacer conciencia en la sociedad y comenzar a trabajar en todos los ámbitos. La lucha contra la corrupción dada su entidad y generalización, merece un gran pacto, un compromiso de tolerancia cero con la corrupción.
Debemos luchar por mejorar la educación en la casa, en todos los niveles de la escuela, en general, en toda la sociedad, sobre todo es importante trabajar en los valores éticos que fortalecen la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia social.
Tenemos que rechazar radicalmente la corrupción en todas sus manifestaciones y seguir creando todo tipo de políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en empresas e instituciones. Se trata de construir una sólida cultura ciudadana contra la corrupción, equiparable a la de otros países como los Nórdicos.
Además consideramos oportuno proponer la instrumentación de mecanismos que fomenten y premien las buenas prácticas de los servidores públicos y de los ciudadanos en general con premios y reconocimientos frecuentes otorgados por instituciones y órganos que ostenten una buena reputación a nivel nacional e inclusive internacional.
