Un gobierno y su administración pública opera bajo un modelo de gobernanza con cuatro ejes administrativos fundamentales: la eficiencia (gastar mejor), la eficacia (cumplir objetivos y metas), la transparencia (apertura y simplificación) y la rendición de cuentas (compromiso). Si se controla cada uno de estos factores, el gobierno podrá cumplir con cualquier directriz de austeridad y anticorrupción.
La situación es que la nueva administración se enfrentará con grandes problemas en cada secretaría y, en general, con la administración pública. En principio, se tendría que hacer un diagnóstico general, pero podemos decir que nuestra burocracia nacional se encuentra en una encrucijada muy grande.
La administración pública estaba tratando de adaptarse a las nuevas reglamentaciones de las últimas reformas estructurales. Recordemos que son 13 reformas fundamentales que cambiaron la forma de operar de las instancias del gobierno. La nueva administración va a encontrar que muchos de estos procesos no se han podido cumplir por falta de tiempo, de recursos materiales, tecnológicos y económicos; como un gran ejemplo se pueden mencionar los procesos relacionados con la Ley de Archivos, de la cual pocas entidades han podido cumplir con las exigencias básicas.
En segundo lugar, toda la administración pública apenas se está adentrando en los nuevos procesos de contabilidad gubernamental, anticorrupción, auditorías y fiscalización; además, la lista de pendientes en cada secretaría es larga y complicada.
Ahora los funcionarios se enfrentan a un cambio de régimen, nuevas cabezas, nuevas políticas de austeridad republicana y anticorrupción. Nadie sabe si deben o no hacer caso a los pendientes de las reformas anteriores, tiran todo a la basura; si les van a bajar el sueldo, si les quitan o no prestaciones, los seguros médicos y una larga lista de dudas.
Pero eso no es todo, además tendrán que enfrentar que ya no cuentan con delegados en los estados. ¿Quién va a hacer esa chamba?, ¿cómo se van a coordinar?, ¿quién determina los nuevos procesos y procedimientos a aplicar? Definir todos estos pendientes implica un largo proceso de planeación estratégica que debe de aterrizar en planeación operativa, con el análisis de los impactos a todas las atribuciones, servicios y aplicaciones presupuestarias, lo que lleva mucho tiempo adecuar.
A todo esto hay que añadir el hecho de que la nueva administración quiere sacar las dependencias de la Ciudad de México en un proceso de descentralización gigantesco. Lo que implica mudar las oficinas, a los empleados y sus familias, y en donde no se han tomado en cuenta los inconvenientes que afectan a los cónyuges, hijos y escuelas, independientemente de la preparación de los volúmenes de vivienda, instituciones educativas, servicios médicos y demás tipos de servicio que se van a requerir.
Expongo un ejemplo para dimensionar el reto: en un proceso de reorganización con el Seguro Social, nos encontramos con el dilema que se tuvo en una plaza determinada en donde una empresa extranjera puso una planta nueva. El IMSS no tenía la capacidad para atender a todos los empleados en los dos años siguientes, por lo cual se requería de inversiones que no estaban previstas y terminó representando un problema gigante en ese momento.
Imaginemos el impacto que puede tener en una entidad como Ciudad del Carmen, población de 221 mil habitantes, en donde el 76% vive en zonas urbanas y el resto en comunidades aledañas, con un promedio de 55 mil hogares en total. En donde pueden llegar de golpe casi 15 mil empleados de Pemex, quienes con familias se convierten en 60 mil personas, estas familias requerirán, en un cálculo rápido, de 15 mil hogares, lo que representa un crecimiento de población inmediato del 27% de golpe y porrazo. Ahora imaginemos el impacto en tráfico vehicular, demanda de alimentos, servicios, hospitales, escuelas, entretenimiento, etcétera. Evidentemente los empresarios de Ciudad del Carmen estarán felices (no hablarán de los riesgos, les urge comer y depender del gobierno, como siempre), mientras que los empleados en cuestión estarán asustados e histéricos, quienes rentan los edificios en la actualidad también estarán histéricos y todavía habrá que evaluar el impacto económico para la Ciudad de México.
En fin, la idea puede no ser del todo descabellada, pero su implementación aumentará los costos, los impactos serán a largo plazo y el peligro más grande es crear una inmovilización en la administración pública que puede tener efectos graves en una administración que inicia.
