Co autora Jared Melyssa Alvarado Martínez
Desde hace 35 años se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El 17 de octubre de 1987 más de 100 mil personas se reunieron en la plaza del Trocadero, París, se manifestaron por los derechos humanos, para alzar la voz en favor de las personas que padecían de pobreza y hambre, esta iniciativa se le atribuye al sacerdote francés, Joseph Wresinski.
El tema de la pobreza ha sido de gran relevancia para la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, como un llamamiento universal para poner fin a la misma, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfrutemos de paz y prosperidad. Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, la enfermedad y la discriminación contra mujeres y niñas.
En julio de este año, Naciones Unidas señaló que las crisis como la pandemia o la inflación han enviado desde 2020 a unos 165 millones de personas a las filas de la pobreza, el impacto acumulado de estas crisis llevó a 75 millones de personas a caer en la extrema pobreza (menos de 2.15 dólares por día) entre 2020 y fines de 2023 y a otros 90 millones bajo el umbral de la pobreza, con 3.65 dólares al día, según proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El PNUD reclama una «pausa» en los reembolsos de la deuda en estos países que tienen que optar por pagar la deuda o ayudar a la población. Según otro informe de la ONU, unos 3,300 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, viven en países que gastan más en el pago de los intereses de la deuda que en educación o salud.
Antes de continuar, vale la pena detenernos para determinar qué entendemos por pobreza. La pobreza es una situación multidimensional en la que una persona tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
En el glosario[1] del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se identifican los tipos de pobreza, transcribimos algunos:
- Vulnerables por carencias sociales. Aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar
- Pobreza moderada. Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
- Pobreza extrema. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
En México la pobreza es un problema persistente. De acuerdo con el Coneval,[2] el número de personas en pobreza aumentó de 51.9 a 55.7 millones de 2018 a 2020, y el porcentaje de pobreza extrema se incrementó de 7% a 8.5%. Sin embargo, otros estudios sugieren que la pobreza podría afectar a 8 de cada 10 mexicanos, según el método integral de medición. A continuación, mostramos estimaciones del mismo Coneval:
Estos datos son preocupantes, los ODS son una expectativa para cumplirse en 2030, erradicar la pobreza no puede no ser un asunto prioritario y en este tema, las y los abogados pueden desempeñar un papel importante en esta lucha. De conformidad con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobiernos deben asegurarse de que se proporcionen fondos y otros recursos suficientes para la asistencia jurídica a las personas pobres y, si es necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de nuestro gremio deben colaborar en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos.
Además, el trabajo pro bono de los abogados y abogadas es una expresión práctica de nuestra responsabilidad social con la sociedad. El trabajo pro bono puede ayudar a proporcionar servicios legales gratuitos a personas que no pueden pagarlos, lo que puede ayudar a reducir la brecha en el acceso a la justicia.
Es importante tener en cuenta que la pobreza es un problema complejo que requiere soluciones integrales. Los profesionales del derecho podemos contribuir a la lucha contra la pobreza al garantizar el acceso a la justicia y al trabajo pro bono, pero también se necesitan esfuerzos coordinados en áreas como la educación, el empleo y el desarrollo económico.
En Abogadas MX estamos comprometidas con colaborar en la formación de estudiantes de licenciatura en derecho como agentes de cambio social, conscientes del entorno diverso y de la inequidad en el acceso a las oportunidades y disfrute de derechos de la población, trabajamos para formar futuras generaciones de abogad@s comprometidos con la sociedad.
[1] Puede consultarse el glosario completo en el siguiente link: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
[2] Coneval. Medición multidimensional de la pobreza en México 2018 – 2020. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Pobreza_multidimensional_2018_2020_CONEVAL.pdf