Muchísimo se ha escrito y comentado acerca de los obstáculos para lograr la implementación de la Reforma Laboral que modificó casi 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Más allá de preferencias políticas y de opiniones doctrinales, en términos generales se detectaba como el mayor impedimento para la debida implementación de la Reforma Laboral, la presupuestaria, ya que el traslado de la implementación de la Justicia Laboral a manos del Poder Judicial y la creación del nuevo súper Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lógicamente requerían de dinero para ver la luz. Es así que el paquete económico 2020 prevé dotar de casi quinientos millones de pesos a la implementación de la primera fase de la Reforma Laboral, esto implica 375 millones de pesos para apoyar al Poder Judicial de la Federación a la creación de por lo menos 20 tribunales de justicia laboral a lo largo del país y el resto para la creación del mencionado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hasta aquí suena bien, ¿cierto?, bien, pues, entre el año 2009 y el año 2012, la implementación de la Reforma Penal ejerció un presupuesto por casi cinco mil millones de pesos y desde el 2008 que fue emitida, se le dotó de un periodo de ocho años para su completa implementación, la Reforma Laboral, implica la implementación de cambios muchísimo más trascendentes, ya que establece el cambio completo del sistema de impartición de justicia en la materia, estamos hablando de trasladar toda una modalidad a un nuevo súper órgano, a un poder que jamás había lidiado con problemáticas laborales (de no ser los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación). Estamos hablando de empapar a Jueces, Secretarios de Acuerdos, Proyectistas y un sinfín de funcionarios impartidores de Justicia en el fuero común de lo que es el Derecho del Trabajo.
A manera de consuelo, pudiéramos también pensar que durante estos cuatro años (plazo máximo señalado por el Decreto del primero de mayo para que la Reforma Laboral este completamente implementada), no se dejará de dotar ejercicio tras ejercicio de los recursos económicos necesarios para la creación de los nuevos Juzgados Laborales, así como para los Centros Conciliatorios, en la humilde opinión de esta autoría, el presupuesto total ejercido deberá ser mucho mayor y más significativo que el dotado a la Reforma del Sistema Penal del 2008, ya que los cambios son de mayor impacto y se cuenta con la mitad de tiempo para ejercerlo.
No podemos dejar de mencionar nuestra postura al respecto y resulta trágico pensar que probablemente un Reforma Estructural (completamente necesaria, no nos confundamos), pudo haber sido emitida de manera distinta, no podemos dejar de imaginarnos, ¿qué hubieran logrado las Juntas de Conciliación y Arbitraje con semejantes super presupuestos?, ¿no era en todo caso más conveniente la modificación de los artículos necesarios en la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que los órganos ya existentes impartidores de Justicia Laboral fueran acotados por términos fijos para acordar y dictaminar?, ¿un hubiera implicado un cambio menos agresivo y peligroso que se asignará presupuesto para la creación de más Juntas de Conciliación que hicieran más expedita la impartición de Justicia?, por poner un ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, existen poco más de setenta Juzgados Civiles, sin contar los de cuantía menor, ni salas colegiadas, cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México cuenta con solamente veinte Juntas Especiales y no hay salas y paz, ni cuantías. Resultaba entonces lógico concluir que el problema radicó siempre en la excesiva carga de trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
