Efectos colaterales de las Reformas Laborales

Existen dos grandes iniciativas de modificación a la legislación laboral que están causando eco en todo el país. La más recientemente aprobada en la comisión del trabajo y previsión social de la cámara alta, relativa a la propuesta de modificación al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, misma que elevaría de quince a treinta días de salario la prestación del aguinaldo. La otra, proveniente de la cámara baja propone modificar lo contenido en los artículos 59 y 71, reduciendo la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y limitando los días laborables a cinco, en lugar de seis. Esta última, ha enfrentado a muchos más obstáculos en su trayecto legislativo y es de esperarse, ya que impactaría fuertemente en el sector patronal.

Resulta lógico sospechar que, las mencionadas iniciativas llevan consigo una probable orientación política, no olvidemos que nos encontramos en épocas electorales y ambas iniciativas provienen de la bancada del partido en el poder. No obstante, sería también lógico, anticipar que, partido en el poder u oposición, muy improbablemente cualquier legislador asumiría el costo político de “negarse a votar en favor de iniciativas que beneficien al sector obrero”, pero entonces, ¿por qué están tardando tanto en ver la luz?, la también joven reforma en materia de vacaciones experimentó un “fast track” en aprobación y publicación en su momento ¿por qué estas son distintas?, ¿por qué hay resistencia en general del sector patronal?.

Para responder esas preguntas, es necesario que nos ubiquemos en el momento histórico laboral que estamos viviendo, primeramente es innegable que vivimos una época de tendencia pro operario, lo que se evidencía con los aumentos tan agresivos al salario mínimo durante este sexenio (comparando en sentido de porcentaje a los anteriores), aprobación de reformas como las de aumento de días de vacaciones, fortalecimiento de las políticas de libre sindicalización, nuevas normatividades laborales (normas oficiales STPS), fortalecimiento de las inspecciones, “eliminación” de la subcontratación, etcétera. Ante todos estos detalles se pueden presumir que existe una orientación electoral para venderlos como una política general de protección al trabajador.

No obstante, cambios e imposiciones tan intempestivas y continuas, pudieran tener efectos negativos en otros aspectos. Por ejemplo, debemos partir del punto de que la gran mayoría de los empleadores formales de este país son MIPYMES, conforme a estadísticas del INEGI, a medidos del 2023, dotaban del 72% de las posiciones laborales, ello quiere decir que se podría asumir (con sus debidas excepciones), que solamente el 28% de los empleadores del país cuentan con la fortaleza económica para sostener la velocidad de aumento en las obligaciones patronales, tanto económicas como administrativas. Ello impacta directamente en el aspecto de la formalidad, debemos visualizar que, la mayoría de las reformas pro operario son con cargo al empleador, ello quiere decir, el costo por otorgar días adicionales por concepto de aguinaldo, vacaciones, incapacidades como las de paternidad, entre otras, lo tendrá que asumir directamente el patrón, descontándolo de su utilidad, presupuesto para expansión o cualquier otro, contrayendo consigo la posibilidad de aumentar las posiciones de trabajo y aún más peligroso, ocasionando genuinamente o no, injustificado o no, voluntario o no, un abandono paulatino de la formalidad. Recordemos que, conforme a las estadísticas publicadas incluso por la misma secretaría de economía, la tasa de informalidad en el país hacia el último trimestre del 2023, era de 54.8%, lo que significa que la mayoría de la población económicamente activa, no aporta impuestos, ni cuotas de seguridad social, lacerando el presupuesto de fondos pensionarios, de atención médica y de vivienda.

En resumen, el sector patronal debe prepararse para un cierre de sexenio intenso en materia laboral, ya que se anticipan mayores costos sociales por prestaciones y formalidades, así como mayor carga administrativa en materia de cumplimiento y de relaciones laborales.  

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