En plena temporada de efervescencia beisbolera, con motivo de la serie de beisbol norteamericana, mal llamada Serie Mundial, donde en realidad lo único que tiene de mundial es la audiencia, se podría decir utilizando la jerga del denominado “rey de los deportes”, que la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era “bola cantada”, es decir, algo que se veía venir, y los ministros estaban muy enterados de ello. En efecto, el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, trajo consigo una visión de austeridad, de combate a la corrupción y de regulación absoluta a los egresos del erario nacional.
La crítica de Morena a los fideicomisos, a sus manejos, a la forma en que el dinero era utilizado por terceros, y en especial a la manera en la que intervenían particulares para su distribución, llegaron a ejemplificar modelos de uso de recursos públicos de forma absolutamente discordante con su objetivo inicial. Resultaba en casi todas las ocasiones que asociaciones y otro tipo de organismos, del tipo que usted quiera, recibían esos dineros para ser repartidos, no sin antes mermar tales fondos, para resultar en muchos casos que de 10 pesos destinados a la causa que fuere, solo llegaban 1 o 2 pesos, y los otros 8 o 9 pesos eran absorbidos en el camino por un entramado de distribuciones bastante opacas.
Ello enriqueció a mucha gente, en perjuicio de las personas a las cuales iba destinado ese dinero, y por tales motivos, la visión del partido en el poder, Morena, desde un inicio fue mencionado en campaña, y reiterado a la visión que desde la presidencia se imponía: no más derroche, no más desvíos de dinero, no más opacidad, no más corrupción, no más manejo selectivo de los miles de pesos involucrados en dichos fideicomisos.
Una de las primeras acciones del presidente al asumir su cargo fue bajarse su propio sueldo, y ordenó que los ingresos de todos los funcionarios públicos tuvieran en esa nueva tabulación, un nuevo tope por el pago de sus servicios. Esa medida era y es absolutamente congruente con la visión que el presidente venía señalando y la cumplió, que nadie se sienta sorprendido.
Un gran sector de la población celebró y entendió el mensaje del líder constitucional de la nación: no más pagos excesivos a quienes prestan un servicio público, no más enriquecimiento a la sombra del cargo público. La medida de la baja de sueldo y el señalamiento de que nadie puede ganar más que el presidente, era una forma de justificar ante el gran pueblo mexicano, que el discurso que acompañó la campaña del presidente no eran palabras vacías, era su forma de hacer valer su compromiso y visión de Estado, especialmente por los antecedentes históricos de nuestro país y su clase política milagrosamente millonaria.
De las frases célebres que dejará esta administración federal está la de “no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”. De esa manera, de todos era sabido que la baja de salarios de todos los cargos federales debían reducirse a la disminución que el presidente realizó a sus propios ingresos, nadie podía ganar más que él. La medida, nada popular entre quienes ganaban más que el presidente, se acató por todos, excepto por el Poder Judicial Federal. En efecto, fueron los ministros quienes, a través del control que tienen de impugnaciones y amparos, promovieron lo que mejor saben usar y manejar para evitar que la disposición les fuera aplicables a ellos.
El pueblo de México dividió opiniones, por un lado, quienes celebraron la acción de la Suprema Corte al plantarle cara al presidente, por el otro, quienes criticaron su postura que los enfrentaba con el presidente de la república y su visión de austeridad. El gobierno federal no entró en confrontación, el presidente no forzó a la Corte a acatar la medida, pero los diputados sí extinguieron otros 109 fideicomisos. Arturo Zaldívar mucho tuvo que ver para que el primer enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Judicial quedase congelado, más no resuelto.
La confrontación se reavivó y subió de tono, con la llegada de la actual presidenta Norma Lucía Piña Hernández, identificada con lealtades al expresidente Enrique Peña Nieto y, en consecuencia, sin afinidad con la visión del gobierno actual. De hecho, fueron fallos federales, amparos concedidos, sentencias absolutorias con las cuales la Corte logró hacer notar su poder en contra de los intereses del Ejecutivo y sus acciones de gobierno más destacadas, por ellos mismos señalados.
Con la ausencia de Zaldívar en la presidencia, la mediación entre ambos Poderes fue imposible, y los retos lanzados desde la Corte hacia el Ejecutivo se hicieron públicos por este último, quien antes ya había confrontado los desorbitados salarios y manejo de fideicomisos del Instituto Nacional Electoral. Todos sabíamos que la lucha de gigantes tendría varios episodios, pero para nadie era secreto que, en algún momento, irían por los fideicomisos de la Corte, a como se hizo con otras dependencias desde el primer día de su gestión.
La crítica del presidente es reiterada por los ingresos desorbitantes y beneficios excesivos de los ministros en México, quienes parecen, comparados con otros servidores públicos, representar a una verdadera realeza en el país, pues no hay nadie, ni el mismo presidente, que tenga tales ingresos y beneficios.
Si los honorarios de los ministros son justos o no, es otro debate. Si la extinción de fideicomisos es justo o no, también es otro debate. Lo cierto es que la Corte, al igual que contra la medida que ordenaba ganar igual o menos que el presidente, tendrá a través de los recursos legales que ellos mismos administran la última palabra, y eso también, es bola cantada.